México sí combate desapariciones forzadas, responde Segob a la ONU

CIUDAD DE MÉXICO (15/MAR/2012).- La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció la necesidad de fortalecer la atención al problema de desapariciones forzadas, por lo que dijo "desarrolla medidas integrales y efectivas para su erradicación".

En un comunicado conjunto, con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación informó que recibió las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ayer miércoles condenó la inacción del gobierno mexicano en materia de desapariciones forzadas.

"México no tiene la voluntad y es incapaz para tratar esos casos", aseguró el miércoles desde Ginebra, Suiza, el vocero de la ONU, Ariel Dulitzky, quien agregó que el gobierno no ha integrado una base de datos donde se registre y dé seguimiento a estos casos.

En su respuesta, Gobernación consideró que muchas de las recomendaciones del organismo internacional ya se están instrumentando y hace frente a los casos de desaparición forzada reconociendo los hechos del pasado y estableciendo las bases para garantizar que el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos fortalezca el nuevo sistema de justicia penal.

Recordó que en cumplimiento a la recomendación 26/01 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que encontró evidencia sobre 275 casos de desaparición forzada y detenciones arbitrarias cometidas en las décadas de los 70 y 80, estableció un Programa Administrativo de Reparación del Daño para brindar atención a las víctimas y familiares que fueron acreditados.

En 2011, se cubrió el daño emergente, daño inmaterial y lucro cesante en 24 casos y durante este año se encuentra abierta la convocatoria a todas aquellas familias afectadas y señaladas en la recomendación de la CNDH.

El gobierno reconoció además que se trabaja en la construcción de una base de datos de personas no localizadas, en cumplimiento de las obligaciones de las autoridades competentes en la materia, en colaboración con las entidades federativas, y en consistencia con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU.