Pretenden que juicio contra Sandoval se ventile en Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO (16/OCT/2010).- La representación legal del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, pretende que el juicio en contra de éste, promovido por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se desahogue en un tribunal de Guadalajara —y no más en la capital de país—, por encontrarse en ese municipio el domicilio del demandado.

El apoderado legal del purpurado, Alberto Ruvalcaba González, apunta que este tipo de juicios, que nació de la demanda por daño moral que presentó Ebrard, debe seguirse exclusivamente ante el juez del domicilio del demandado.

La querella se originó a raíz de los dichos del religioso quien afirmó, al menos así lo entiende la parte ofendida, que el mandatario capitalino habría sobornado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para validar la legislación que reconoce el derecho de los homosexuales para unirse en matrimonio, en la capital del país.

Ruvalcaba González explicó porqué el cardenal debería ser juzgado en Guadalajara: “El fundamento de esta incompetencia es el Artículo 121 Constitucional, que señala que las leyes de cada Entidad Federativa sólo son vigentes y obligatorias en la Entidad correspondiente; (por lo tanto) el jefe de Gobierno no puede pretender la aplicación de las leyes del Distrito Federal en el Estado de Jalisco, donde es el domicilio del señor cardenal”.

También precisó que, como parte de esta defensa, no se están integrando pruebas para demostrar que lo dicho por el cardenal sobre un supuesto soborno, sea verdadero.

“Él (Sandoval Íñiguez) hace referencia a la revisión de las cuentas (de los ministros) y la revisión de las cuentas de cada quien, no es una función que le corresponda hacer (al purpurado), es una obligación que cada servidor público tiene de presentar su declaración patrimonial, eso no corresponde al señor cardenal”.

El abogado también cuestionó que Ebrard haya demandado el daño moral con un equipo jurídico del Gobierno capitalino, pues “la doctrina jurídica (al respecto) es que el patrimonio moral es un derecho personalísimo de cada quien, no corresponde a las instituciones públicas (su defensa); los gobiernos no tienen como tal la acción de estar atacando o demandando a los particulares porque ellos disientan de sus acciones de Gobierno”.