Proponen que ASF vigile destino de recursos de partidos

CIUDAD DE MÉXICO (05/ABR/2012).- La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Esthela Damián, propuso reformas legales para que no sea el Instituto Federal Electoral (IFE), sino la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la que vigile de manera permanente el ejercicio de los recursos que reciben los partidos políticos.

Tan sólo este año los recursos públicos destinados al financiamiento de los siete partidos políticos ascienden a 5 mil 292 millones de pesos y, de acuerdo a la legisladora, la fiscalización que de ese gasto realiza el IFE es más acuciosa en tiempos de campaña, pero no es real cuando no hay elecciones.

"El IFE realiza una fiscalización a los partidos políticos solamente en los tiempos electorales, verificando que el monto de sus ingresos y el ejercicio de sus gastos no traspasen los topes de campaña" para evitar un desequilibrio en la contienda.

Pero "fuera de estos supuestos no existe una real fiscalización de los recursos públicos que los partidos políticos reciben por parte del gobierno mexicano", expuso Damián, quien preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Por eso, de acuerdo a su iniciativa de reforma al artículo 79 de la Constitución, los partidos políticos serían incluidos en el catálogo de los entes fiscalizados por la ASF, que hoy audita todos los recursos públicos federales salvo los que se entregan a los partidos políticos y a los sindicatos, entes que Damián Peralta también propone incorporar a las revisiones.

En el primer caso "a pesar de tratarse de recursos provenientes de nuestros impuestos, los partidos no son fiscalizados por la entidad específicamente establecida para tal fin como lo es la ASF", argumentó la diputada.

Y el artículo 41 de la Constitución define a los partidos políticos como entidades de interés público, por lo que deben ser incorporados a las reglas de la transparencia.

En el caso de los sindicatos, explicó, "éstos reciben recursos públicos federales precisamente como parte de las prestaciones que logran negociar con la parte patronal, sobre todo en el caso de los sindicatos conformados por trabajadores al servicio del Estado mexicano".

Así, dado que la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser los principios rectores de este siglo, "no hay lugar para que entidades de interés público u organizaciones sociales no cumplan con estos principios y en un sistema democrático, nadie que maneje recursos públicos y menos federales debe permanecer en la opacidad”, dijo.