Senado define dictamen de Ley contra Secuestro

MÉXICO.- La Comisión de Justicia del Senado tiene listo el dictamen de la Ley General contra el secuestro, que excluyó la propuesta presidencial de imponer la prisión vitalicia y la del PVEM de implantar la pena de muerte a secuestradores.  

Según el dictamen que entregó la Comisión, se autoriza la intervención de comunicaciones privadas, previa autorización de la autoridad judicial federal, cuyos resultados podrán ser presentados como pruebas legales.  

También se permiten las operaciones encubiertas para la investigación de los secuestros mediante la infiltración de agentes bajo la más estricta confidencialidad, y su identidad será considerada información reservada.  

Además, se aplicarán de 15 a 50 años de prisión y de mil a tres mil días de multa a los secuestradores si el plagio se efectúa para obtener rescate o un beneficio económico, se detiene como rehén a una persona o se le amenace con causarle daño.  

De igual manera se plantean sanciones de 20 a 60 años de cárcel y de tres mil a cinco mil días de multa si el secuestro se realiza en camino público o en lugar desprotegido o solitario o se efectúen en grupo de dos o más personas.  

La sanción también se aplicará cuando el plagio se haga con violencia, la víctima sea menor de 16 años o mayor de 60 o esté en inferioridad física o mental, que sea una mujer embarazada o para trasladar a un menor de 16 años fuera del país.  

También se propone 25 a 70 años de prisión a quienes cometan el secuestro mediante el uso de insignias, equipos o vehículos iguales o semejantes a las de uso oficial de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia o Fuerzas Armadas.  

La pena también será para los plagiarios que hayan sido parte de alguna institución de seguridad pública, de procuración de justicia o de las fuerzas castrenses.  

Además, la misma sanción se aplicará cuando el secuestros sea para extraerle a la víctima uno o varios órganos, cuando "se corten o cercenen partes de su cuerpo o que muera en cautiverio por alteración de la salud o enfermedad no atendida por los plagiarios.  

En cambio, a los plagiarios que espontáneamente liberen a sus víctimas en los 3 días siguientes al secuestro se les impondrá de dos a seis años y de cinco a 15 años, según el caso que se trate.  
El dictamen de la Comisión que preside el senador Alejandro González Alcocer también impone de cinco a 15 años de cárcel al que simule que fue secuestrado o al que amenace a alguien o algún familiar de privarla de su libertad.  

De igual manera se establecen de dos a 10 años de prisión para quien actúe como intermediario en las negociaciones del rescate sin el acuerdo de los representantes de la víctima o colabore en la difusión pública de las pretensiones de los plagiarios.  

Cuando una persona sea declarada penalmente responsable de secuestro, el juez también deberá condenarlo a pagar la reparación del daño a favor de la víctima o sus familiares, lo que incluirá el pago de servicios médicos.  

Además, los servidores públicos culpables serán inhabilitados hasta cinco años para ocupar un cargo en el servicio público federal, local o municipal.  

Por su parte, los sentenciados por estos delitos no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución o conmutación de la pena impuesta.  

Con la Ley General contra el Secuestro se establecen las bases para una real coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar el secuestro.  

Se espera que el dictamen sea presentado en algunas de las dos sesiones que realizará el Senado la próxima semana, para su discusión definitiva por el pleno senatorial.