CIUDAD DE MÉXICO (09/OCT/2016).- En las masacres de San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila, perpetradas por grupos del crimen organizado, hay vacíos de información, falta de verdad y justicia, concluyó el informe sobre atención a víctimas de ambos sucesos realizado por el Colegio de México (Colmex) en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).El documento fue presentado este domingo en el Museo Memoria y Tolerancia, por asesores como Juan Villoro, Javier Sicilia y el especialista Jacobo Dayán; la presidenta del Colmex, Silvia Giorguli; el coordinador de la investigación, Sergio Aguayo y el Comisionado Presidente de la CEAV, Jaime Rochin.Detalló que las masacres fueron el resultado de múltiples factores entre los que destacan el control casi total del crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila; la guerra entre el cártel del Golfo y los Zetas, iniciada en enero de 2010; y la complicidad de algunos agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y/o debilidad de otras dependencias.Por ello, concluyó que se requiere reestructurar a profundidad el sistema de atención a víctimas de México y mejorar la empatía y los canales de comunicación entre Estado y sociedad.Finalmente, establecieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CEAV y el INAI deben ejercer su autonomía, firmar acuerdos para seleccionar una docena de casos paradigmáticos y revisarlos como modelo mexicano de atención a víctimas de la violencia.COAHUILADetallan el caso Allende, ignorado por años En el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, sicarios de Los Zetas entraron al municipio de Allende, Coahuila, donde vivía un supuesto traidor y, con el apoyo de la Policía, secuestraron a todos los que llevaban su apellido (Garza), incluidos mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a cenizas.En una de las venganzas más atroces que haya cometido el grupo criminal, es incierto el número real de víctimas, que oscila entre 42 y 300 desaparecidos según distintas fuentes, pero el informe sobre atención a víctimas presentado ayer, ofrece por primera vez una versión avalada por una Entidad federal sobre lo ocurrido en Coahuila.En Allende no hubo hallazgo de cuerpos. La información comenzó a salir por cuentagotas años después.Se trató de una venganza ordenada por los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño “El Z40” y “El Z42”, líderes de Los Zetas ahora detenidos, contra tres supuestos traidores a los que acusaban de robarles entre cinco y 10 millones de dólares de tráfico de droga y de colaborar con Estados Unidos.Los tres presuntos traidores están ahora presos en Estados Unidos; dos de ellos son testigos protegidos de la agencia antidrogas (DEA).Ejemplos de desatenciónEl informe sobre atención a víctimas presentado ayer, nombrado “En el desamparo”, es una investigación sobre lo ocurrido en los casos de Allende, Coahuila, y el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, señalados como ejemplos de violencia extrema y desatención de las víctimas.Ambos crímenes fueron cometidos por Los Zetas, en zonas estratégicas para el control de las rutas hacia Estados Unidos, en áreas ricas en gas y petróleo y en estados gobernados ininterrumpidamente durante casi un siglo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).Lejos de ser hechos aislados, las masacres revelan un mayor nivel de “barbarie” por parte de Los Zetas y detallan sus vínculos con policías locales, la complicidad de los alcaldes “que eran en el mejor de los casos figuras decorativas”, la indiferencia y/o ineficiencia del Gobierno ante los crímenes y la “pasividad” de las fuerzas armadas ante la hegemonía del cártel en determinados lugares, sostiene el documento.DOS AÑOS TARDELa primera vez que apareció una mención de que hubo 300 víctimas en el caso Allende fue en 2013, en la declaración de un integrante de Los Zetas en un juzgado estadounidense. La cifra se repite después sin dejar claro si fue en un sólo hecho o en varios. El expediente del caso de la Fiscalía de Coahuila tiene registradas 42 desapariciones: 26 ese fatídico fin de semana, pero también incluye 16 ocurridas en otros momentos entre enero de 2011 y agosto de 2012.Faltan datos para poder determinar el número real de víctimas.Pese a la gravedad de lo ocurrido, el caso “fue ignorado” por las autoridades entre 2011 y 2013. Ningún perito de la Fiscalía de Coahuila acudió a Allende hasta 2014.La investigación critica, además, la “opacidad” de Estados Unidos que, “rehúsa compartir información” con Coahuila de sus testigos protegidos. La Procuraduría General de la República (PGR) tampoco quiso aportar datos al informe.
