“Bases de operación”

Puerto Vallarta y Lagos de Moreno son municipios jaliscienses que se han convertido en escenarios de hechos violentos que, por su magnitud y reiteración, han hecho que las autoridades estatales enciendan lo que llaman “focos amarillos”, es decir, señales de alerta ante una posible escalada que derive en situaciones de franca inestabilidad, por la presencia de grupos delictivos.

El problema de los actos violentos también se ha expresado en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con acontecimientos que se han distinguido por el uso de armamento de alto poder destructivo. Dos ataques a instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) han estremecido a la población, no obstante que se nos aclara que se trata de fijar en el blanco a las instituciones y no a la población civil.

La inseguridad se ha vuelto tema de conversación en la familia, en el vecindario, en los centros de trabajo o de esparcimiento, desde hace ya buen rato. Y en esas conversaciones, suele salir a relucir la pregunta de doble opción: ¿Debe o no estar el Ejército en las calles de nuestras ciudades?
Al margen de que este dilema se pueda o se deba resolver mediante una especie de encuesta popular, lo cierto es que en los altos mandos de las diferentes corporaciones responsables de brindarnos seguridad, entre ellas las propias Fuerzas Armadas, existe plena conciencia de que la base primordial de su accionar radica en el factor de la coordinación.

Tanto los mandos militares como las autoridades civiles nos anuncian ahora que este trabajo de coordinación ha llevado a tomar la decisión de aplicar lo que llaman “bases de operación móvil”, principalmente en esos “focos amarillos” que ya se tienen detectados, a efecto de que los elementos de las instituciones actúen de manera ordenada, con respaldo de trabajo de inteligencia que permita identificar y ubicar a las bandas criminales que se despliegan para tratar de imponer su “ley”.

Informan que no se trata de operativos de presencia masiva de elementos militares por toda la geografía estatal, sino acciones específicas en puntos bien definidos. Que sea como mejor lo dispongan, lo que la población reclama, al fin y al cabo, es el derecho a sentirse segura.