Menos críticas, más compromisos

Ante el señalamiento de los empresarios de que los bancos, al suspender el otorgamiento de créditos dejan en claro que no se comprometen con Jalisco, el gobernador Emilio González Márquez propone al Congreso reorientar en el presupuesto 2008 el proyecto de infraestructura que por motivos técnicos, jurídicos o sociales, presenta retraso en su ejecución, y además, crear un paquete emergente por 355 millones de pesos.

Con esta medida se propone crear un fondo para infraestructura en diferentes regiones del Estado de 240 millones de pesos, echar a andar un programa de capacitación para fomentar el autoempleo por 15 millones de pesos y canalizar 100 millones de pesos más a 130 obras de infraestructura rural.
Cabe señalar que el armado de los números suena congruente, sin embargo, surge la duda de que si en 2008 no ha existido la capacidad para llevar a cabo proyectos por 240 millones de pesos, argumentando motivos técnicos, jurídicos o sociales, qué garantía existe de que en 2009 todos los proyectos que se proponen llegarán a materializarse.

El problema de confiar el desarrollo del Estado en proyectos oficiales no sólo es que tal vez no se derramen los recursos a la economía con criterios eficientes, sino que los proyectos giran alrededor de muchos intereses políticos y burocráticos que no sólo no garantizan un uso óptimo de los recursos, sino que algunos de ellos no se lleguen a realizar por no conseguir los consensos necesarios, como ha quedado demostrado con las plantas de tratamiento de aguas y las presas de que se ha venido discutiendo por años y que hoy en día, habiendo presupuesto para hacerlas, no se pueden echar a andar.

La preocupación de que los trabajadores mantengan sus fuentes de empleo ha dado pie a la disponibilidad de los sindicatos a flexibilizarse temporalmente, sin embargo, hace falta otro tipo de compromisos para asegurar que en Jalisco los efectos de la crisis no se resentirán tanto.

No basta con criticar a los bancos, que siguiendo lineamientos internacionales y aplicándolos a nivel nacional, están imposibilitados para hacer excepciones estatales. Queda por verse a qué se comprometen los empresarios y los partidos en materia de solidaridad y responsabilidad social, ya que de eso no se ha sabido mucho.