Planteamiento irracional

La polémica entre los empresarios tapatíos está cobrando fuerza, a raíz de una iniciativa de elevar de 2.0% a 2.3% el Impuesto Sobre Nóminas en Jalisco, con la intención de apoyar proyectos de capital social orientados a los campos de la salud y la educación, dado el nivel de rezago que vive la sociedad.

Cualquiera que desconozca el tema y tenga un mínimo de sentido común, al escuchar esta iniciativa pensaría que es un contrasentido que, dados los pocos resultados de los programas sociales que se financian hoy en día, sean los propios empresarios quienes pidan que les aumenten los impuestos, en vez de exigirles mayor eficiencia a quienes día tras día cobran por administrar los servicios públicos.

No se necesita mucha ciencia para comprender que el principal incentivo para generar bienestar social es que la gente tenga oportunidades para trabajar y desarrollarse, así que resulta incomprensible que se piense en encarecer la nómina, mediante un impuesto, para generar mejores condiciones a los trabajadores, cuando lo que sucedería es precisamente lo contrario: con mayores cargas laborales, los empleadores racionarían su presupuesto en mano de obra, con la consecuente reducción de plazas laborales.

Particularmente en el caso de Jalisco, cuando fue aprobado el presupuesto para 2008, los diputados declararon que se trataba de un “presupuesto histórico”, dando a entender que sería suficiente para impulsar los programas de capital social que el Estado requería. De hecho, formalmente, la Secretaría de Desarrollo Humano coordina más de 100 proyectos con otras secretarías y dependencias estatales, con el objeto de promover políticas de desarrollo social enmarcadas dentro de la estrategia conocida como “Vive”.

Por lo visto, no es la abundancia de recursos destinados a lo social lo que habrá de garantizar mejores condiciones de vida para las clases marginadas, pues si habiendo presupuesto éstas no mejoran, es de esperarse que consiguiendo más recursos las mejoras no se garantizarían.

Ante esta situación, resulta necesario abrir los ojos para ver la realidad y reconocer los niveles de responsabilidad ética, económica y social con que han sido administrados los recursos públicos. Hacer este ejercicio resulta doloroso, porque pone en evidencia los dispendios y la inmoralidad con que se han comportado a quienes se le han confiado los recursos de todos y cada uno de los jaliscienses.

Así pues, hay que ser sensatos y no por ver rezagos querer asumir funciones que al empresariado no le corresponden. La prestación de servicios sociales está contemplada en la Constitución, y lo único que hace falta es vigilar que la ley se cumpla con altos niveles de exigencia.

Bien lo dijo el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Chávez, en el marco de su 120o. aniversario que hoy se celebra: es necesario contar con los mejores para incrementar la calidad de vida de los jaliscienses, en los gobiernos, en las empresas, en las universidades y en todas las responsabilidades que se asuman.

Recaudar dinero a costa de menos empleos no puede ser una solución.