Retos del desarrollo urbano y metropolitano

Las zonas metropolitanas conforman espacios de urbanización que se propagan como grandes manchas de aceite sobre la superficie de dos o más municipios contiguos. Este fenómeno —iniciado desde los años cuarenta en las ciudades de México, Monterrey, Torreón, Tampico y Orizaba— se ha intensificado y diversificado en las últimas décadas. Hoy en día se encuentra ampliamente extendido en el país, y está muy arraigado en las vidas de millones de personas, quienes son residentes (o viajeros frecuentes) de los territorios metropolitanos.

De las 56 zonas metropolitanas que existen en el país, 29 conforman territorios urbanos con menos de 500 mil habitantes; 18 se encuentran en el rango que va de 500 mil a un millón de residentes, y nueve tienen más de un millón de habitantes.

Las zonas metropolitanas constituyen espacios estratégicos para el desarrollo económico y social del país: generan en conjunto dos terceras partes del empleo total y alrededor de 75% del Producto Interno Bruto nacional; alojan los principales activos productivos y ramas más dinámicas de la economía; retienen una proporción considerable de la infraestructura social, y constituyen el asiento de las principales universidades y centros de investigación.

Si bien las zonas metropolitanas constituyen territorios de oportunidad, es claro que son numerosos y complejos los desafíos que enfrentan para garantizar su funcionamiento eficaz. La gestión de las zonas metropolitanas implica la concurrencia de dos o más autoridades locales (y en ocasiones de las autoridades de orden estatal y federal) que a menudo exhiben diferencias políticas entre sí, están desprovistas de planes o proyectos comunes o carecen de mecanismos eficaces de coordinación. Esta dispersión de voluntades, aparentemente inofensiva, puede ser francamente peligrosa cuando se extiende a asuntos como el aprovisionamiento del agua potable, el destino de las aguas residuales y los desechos sólidos, el transporte, el medio ambiente y la seguridad pública.

La falta de coordinación entre las autoridades gubernamentales no sólo dificulta la solución de los problemas metropolitanos, sino que incluso puede contribuir a agravarlos. Desafortunadamente los medios que nos hemos dado para encarar los retos del desarrollo metropolitano resultan a todas luces insuficientes. La situación actual, que algunos califican como desoladora, debe obligar al país a diseñar arreglos normativos e institucionales apropiados.

Se requiere, entre otras muchas tareas, fortalecer el papel del municipio como actor clave de la gestión urbana, explorar nuevos y más eficientes mecanismos de cooperación y coordinación intergubernamental, articular planes metropolitanos y garantizar la disponibilidad de fondos para financiarlos.

Jalisco necesita desarrollar nuevos instrumentos para la gestión urbana y el ordenamiento de nuestras ciudades que mejoren las condiciones de habitabilidad; que generen oportunidades de tierra y vivienda para todos los grupos sociales; pongan en valor nuestro patrimonio; consoliden y mejoren la vivienda, la infraestructura, el equipamiento, los espacios abiertos y los servicios como mecanismos de compensación social; nos prevengan de desastres naturales; preserven el medio ambiente y sean un marco eficaz para la vida y el bienestar. Otras regiones han tomado la delantera avanzando con iniciativas innovadoras. Es hora de que Jalisco retome el liderazgo que en esta materia tuvo hace algunas décadas.

LUIS SALOMÓN / Doctor en Derecho.
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