El fantasma del general Lázaro Cárdenas

GUADALAJARA, JALISCO (18/AGO/2013).- El petróleo es parte de nuestra identidad nacional porque en 1938 logramos plantarle cara al imperio, a los Estados Unidos, acostumbrados a decirnos lo que teníamos que hacer”, dice Lorenzo Meyer con una muy acabada síntesis de molestia y orgullo. Es cierto, no podemos negarlo, el petróleo está atado a la Historia mexicana. Igual que la victoria en la Batalla de Puebla en la guerra contra Francia, el 18 de marzo significa “el día de la soberanía”. Ese momento de independencia, fugaz y pírrico, pero momento al fin. La expropiación de 1938 es una especie de “Doctrina Cárdenas”: “México para los mexicanos”. ¿Es compatible esta visión en el México de hoy?

En España existe un viejo adagio referido al nacionalismo catalán: “los nacionalistas catalanes ganaron terreno cuando finalmente cerraron los libros de Historia y abrieron las bases de datos de contabilidad”. ¿No es tiempo de pasar a los números y cerrar los libros de Historia?

Aún más que los debates sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo o de la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, la reforma energética representa la cúspide de la polarización política. De un lado, se colocan los “reformistas-liberales”, aquellos que quieren cambiar el régimen de Pemex y proclives a permitir más inversión privada en la paraestatal. Por el otro, encontramos a los “nacionalistas-revolucionarios” que se niegan a los cambios, ya que alertan que la privatización significa regalar a particulares el patrimonio que es de todos, una continuidad del “saqueo” que ha vivido México por siglos. Entre ambos, el debate ha estado marcado por estereotipos, etiquetas y prejuicios. Pocas veces ha sido un debate racional sustentado en datos, visiones o análisis sensatos. Por el contrario, para lo revolucionarios, los primeros son poco menos que “vendepatrias” y “entreguistas”; para los segundos, los primeros son simplemente “nacionalistas trasnochados” y “populistas”. Los matices, los tonos grises y los puntos intermedios, suelen desvanecerse entre la intensidad de los extremos.

La iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto esta semana al Senado, tiene la virtud (o el vicio) de situarse en el centro entre la propuesta estatista del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la aperturista del Partido Acción Nacional (PAN). La propuesta presidencial contempla dos ejes, el primero más controversial que el segundo: la inclusión de los contratos de “utilidad compartida”, es decir asociaciones donde se comparte la utilidad de los yacimientos entre públicos y privados, pero que no se materializa la producción conjunta. Son contratos donde se comparte el riesgo, pero donde la producción sigue siendo única y exclusiva del Estado mexicano. En el segundo eje, se otorga autonomía a Pemex para reinvertir una tasa más alta de sus ganancias. Por lo tanto, el Gobierno mexicano se convierte en la instancia que celebra los contratos de asociación con los privados, no Pemex en particular. Ambos ejes implican transformaciones constitucionales detenidas por décadas.

La herencia del cardenismo

En esta discusión entre sordos, aparece una figura clave que murió hace 43 años: Lázaro Cárdenas. La pugna por el legado histórico del General Cárdenas no es una característica excluyente de esta discusión. Desde hace por lo menos un cuarto de siglo, desde que su hijo Cuauhtémoc Cárdenas se desprendió del PRI y se convirtió en el candidato de la izquierda a la presidencia de 1988, el PRD logró arrebatarle al PRI el legado histórico del general. En un momento donde el tricolor atravesaba por su primera ola neoliberal en los años de Miguel de la Madrid Hurtado, las tendencias colectivistas y socialistas de Lázaro Cárdenas embonaban mejor con los principios defendidos por el PRD. Ahora, tras la presentación de la iniciativa energética del PRI, que recupera la redacción exacta del artículo 27 de la reforma promovida por Lázaro Cárdenas en 1940, el tricolor busca recuperar a uno de los símbolos del pensamiento nacionalista mexicano.

Es difícil saber de qué lado se encontraría Lázaro Cárdenas. Más que un libro de Historia, necesitaríamos una güija. Sin embargo, entender el contexto nos puede dar algunas vías. Lázaro Cárdenas emprende lo que se llamó la “expropiación” o “nacionalización” petrolera tras el incumplimiento de contrato de 17 compañías petroleras globales (en especial norteamericanas), y tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia que avala la estatización. México venía de un proceso acelerado de apertura económica que tuvo su corolario en la dictadura de Porfirio Díaz y una incipiente formación de tecnócratas vinculados al régimen autoritario que gobernó México durante más de tres décadas. México no era un país petrolero, era más bien una nación deficitaria, poco atractiva en términos de inversión privada. Pemex nace como empresa en 1940 con reservas que se estiman en poco más de mil millones de barriles de petróleo (la producción de México en un año, muy poca).

Lo cierto es que la reforma promovida por Lázaro Cárdenas aunque enfatizaba la rectoría estatal y la propiedad nacional de los energéticos, sí dejaba abierta la posibilidad de construir asociaciones con empresas privadas nacionales y extranjeras. Prohibía las concesiones, pero abría la ventana a la colaboración con particulares.

Los gobiernos subsecuentes, particularmente en el sexenio de Miguel Alemán Valdez (1946-1952), operaron contratos con empresas privadas. Pemex nació como una empresa con altas necesidades financieras, y los préstamos y las asociaciones se convirtieron en las vías para convertirse en una paraestatal productiva y eficiente. De acuerdo con datos del Colegio de México, tomados de la revista Time, “1962 fue el primer año en el que Pemex operó sin pérdidas”. Esos años de relativa estabilidad permitieron la creación del Instituto Mexicano del Petróleo y el crecimiento de las actividades de Pemex, tanto de refinación como de producción y exploración.

Todos estos avances permitieron que Pemex lograra descubrir el macroyacimiento de Cantarell, el sexto más grande de la historia mundial. El yacimiento ha aportado más de 15 mil millones de barriles de petróleo a Pemex desde finales de la década de los setenta (cerca de un millón al  día en promedio actualmente), y que propició aquella frase de José López Portillo: “sólo debemos preocuparnos por aprender a administrar la abundancia”.

Es cierto, las reformas más restrictivas en materia de inversión privada en Pemex no llegaron en el sexenio de Lázaro Cárdenas, sino en los años de Adolfo Ruiz Cortines. En aquellos años la producción total de Pemex rebasaba por poco los 150 mil barriles diarios (15 veces menor al día de hoy).

El laberinto de la reforma

A partir del primero de septiembre, que comienza el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, los calificativos de “privatizadores” y “populistas” tomarán mayor estridencia. Es un hecho que Pemex, en particular, y el mercado petrolero mexicano, en general, deben ser reformados. Las razones son muchas: descenso vertiginoso en la producción; una tasa de restitución de barriles muy baja; una empresa estatal al borde de la quiebra con pensiones impagables y un contrato colectivo insostenible; una paraestatal atravesada por la corrupción y los negocios de unos cuantos; falta de autonomía financiera que asfixia a la paraestatal y le impide modernizarse. En la urgencia de las transformaciones de Pemex, tenemos un consenso en México.

Ahora la discusión está en el cómo. Las tres iniciativas son distintas, aunque coinciden en algunos puntos. El PRD, PRI y PAN comparten que es necesario dotar de autonomía financiera a la paraestatal. Inyectarle oxígeno a través de un nuevo esquema de pago de impuestos al Estado mexicano, es un primer consenso. Sin embargo, la realidad es que las mayores coincidencias se encuentran en las iniciativas del tricolor y el blanquiazul. Para aprobar la reforma, la Presidencia necesita cosechar dos terceras partes del Congreso de la Unión y la mitad más una de las legislaturas locales. Una aritmética que se puede cumplir con el voto de PAN y PRI en ambas cámaras. Como en los noventa, las reformas de apertura económica pueden ser empujadas por estos dos partidos, y dejar de lado a los congresistas de izquierda. Por su parte, el PRD, y los demás partidos de izquierda, ya amenazan con utilizar la calle como presión contra el “mayoriteo” que supuestamente pretenden priistas y panistas.

Los mitos y la desinformación son el veneno para construir un debate serio y auténtico en un tema que tanto polariza a los mexicanos. El fantasma de Lázaro Cárdenas o incluso su legado, no puede ser el eje rector de la reforma energética del siglo XXI. El general, considerado uno de los pocos estadistas de la historia mexicana, habitó su tiempo y su contexto. Esos años de la Segunda Guerra Mundial y de la bipolaridad ideológica dejaron de existir. La buena noticia de llegar tarde a una discusión así es que podemos analizar qué países han sido exitosos y cuáles, por el contrario, han fracasado en los modelos aplicados al mercado energético. Una reforma energética “a la mexicana” debe ser una mezcla de piezas de éxito de distintos países. No tenemos por qué inventar el hilo negro, los modelos de éxito están ahí a la vista de todos.