Peña Nieto frente a la 'reelección'

GUADALAJARA, JALISCO (12/OCT/2014).- Nueve gubernaturas, 17 congresos locales-entre ellos la Asamblea Legislativa del DF-, 661 diputados locales, la Cámara de Diputados y mil 015 municipios. Todas esas posiciones se juegan en la elección intermedia de 2015. Se puede decir que la mitad del país se pone en juego el primer domingo de junio.

En México, al no existir la reelección presidencial, los comicios intermedios constituyen un plebiscito sobre la labor presidencial en la primera mitad del sexenio. Desde 1991, en donde Carlos Salinas de Gortari se alzó con 70% de la representación en la Cámara de Diputados, ningún Presidente ha evitado la debacle que suponen las elecciones intermedias para el partido en el poder. Le pasó a Ernesto Zedillo en 1997 al perder la mayoría absoluta (239 curules, 60 menos con relación a 1994); a Vicente Fox que dilapidó su bono democrático y le regresó la mayoría relativa al PRI, al perder 67 curules de un golpe; y qué decir de Felipe Calderón que tras un primer trienio donde pactó legislativamente con el PRI, le entregó la mayoría absoluta-en coalición con el Partido Verde (PVEM)- y se quedó con 28% de la representación en la Cámara de Diputados, perdiendo en 2009 63 asientos en la Cámara. Así, la elección intermedia ha sido el auténtico “Waterloo” de todos los presidentes de la democracia en México que en promedio han perdido en los tres últimos sexenios 63.33 escaños y un 28% de la bancada con la que llegaron a la Presidencia. ¿Qué se juega Enrique Peña Nieto en 2015? ¿Está su sexenio de por medio?

Los politólogos de Estados Unidos llaman “pato cojo” (lame duck) a los presidentes que pierden la conducción política ya sea por no lograr control sobre las cámaras o porque ha comenzado el proceso de renovación al interior de sus partidos políticos, habiendo un liderazgo electo o no electo que opaca al Presidente. Ese fenómeno no es desconocido en México, a Vicente Fox le pasó más de un año antes de entregar el poder y a Calderón le sucedió cuando no pudo imponer candidato presidencial, teniendo que jugar con una carta electoral ajena. Tanto Calderón como Fox tuvieron segundas mitades de sexenio sin reformas, pocos cambios y sin posibilidad de marcar agenda. En el periodo de Calderón fue más que evidente: el cambio de correlación de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados provocó que los gobernadores se erigieran como los auténticos detentadores del proceso político, logrando imponer condiciones en las cámaras y escamoteando la cooperación con Los Pinos en distintas materias como por ejemplo la seguridad pública. Si bien Calderón entendió que en la primera parte de su sexenio, sólo podía tener interlocución política con los aparatos legislativos del PRI y con sectores moderados del perredismo-los “Chuchos”-, en la segunda parte del sexenio, jugó al “pago por evento” buscando negociaciones caras y complejas con el PRI según el tema. Ni a Fox ni a Calderón les dio frutos su apuesta política en la segunda parte del sexenio.

¿La Cámara de Diputados no importa?

Peña Nieto logró con el Pacto por México agotar la agenda legislativa en los primeros 18 meses de su Gobierno. Dejando de lado la reforma al campo y algunas modificaciones tangenciales, la agenda legislativa del Presidente se reduce ahora a los presupuestos. En donde tampoco se necesitan grandes mayorías de un solo partido para aprobar los dineros públicos. Basta con revisar el estudio elaborado por el centro de investigaciones “Integralia” en este 2014, para darnos cuenta que los gobiernos divididos han sido aún más eficaces que los gobiernos unificados para articular mayorías y consensos en torno al presupuesto. El mecanismo de negociación presupuestal se encuentra interiorizado y la apuesta del Presidente es determinar una bolsa de 7 a 10% de los recursos erogables para distribuir entre grupos de interés, gobernadores y partidos políticos. Así, el 90% del presupuesto se reserva a la dinámica inercial y se reparten entre 300 y 350 mil millones de pesos para carreteras ejecutadas por diputados, programas sociales vinculados a aparatos corporativos y gastos extras para que los gobernadores los ejerzan a placer y antojo. Ni Calderón ni Fox necesitaron tener mayoría (ni absoluta ni relativa) para aprobar con amplias mayorías los presupuestos. Fox logró la aprobación de los presupuestos de 2004, 2005 y 2006-después de las intermedias-con 94, 92 y 93% de apoyo parlamentario. En el caso de Calderón, tras perder 63 escaños en la elección intermedia, logró la aprobación de los presupuestos nacionales con un respaldo parlamentario del 93% (2010); 94% (2011) y 92% (2012).

Por ello, Peña Nieto no se juega su sexenio en la composición de la siguiente Cámara de Diputados, sino en las elecciones locales y en los estados. La siguiente elección pone en juego un armazón de poder muy cercano al PRI. Revisemos los datos: de nueve gubernaturas en juego, seis son encabezadas por el tricolor, dos por el PAN y una por el PRD. De los 17 congresos locales, 12 son mayoría del PRI, tres del PAN y dos del PRD. Y en términos municipales, el PRI cosecha 72% de los municipios que se ponen en juego en el próximo proceso electoral. Un revés de Peña en los estados tendría consecuencias profundas para su agenda prioritaria para el resto del sexenio.

En primer lugar, el crecimiento económico depende en gran medida del gasto de los estados. El gasto público es un ejemplo claro. Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestra en su página un incremento nada despreciable del gasto público como medida contracíclica para salir del bache económico en que se encuentra el país, esto no se refleja en las cuentas nacionales del INEGI. Para decirlo sencillamente, Hacienda libera el recurso, pero estados y municipios, por distintas razones, no ejercen el recurso con la misma celeridad. Gobernadores de oposición podrían poner aún más trabas y poner al Presidente a negociar en desventaja.

Seguridad es otro eje en donde la eficacia federal se juega en los estados. Calderón cometió el error de pelearse con los gobernadores y dinamitó la posibilidad de dotar de eficacia a su estrategia de combate contra el crimen organizado. Peña Nieto ha sido capaz de construir relaciones de colaboración con gobernadores, incluso opositores como Miguel Mancera o Rafael Moreno Valle, a través de tratos preferenciales en materia presupuestal y de un  discurso de inclusión. Y aunque ha logrado un consenso en donde los estados han respaldado la aprobación de las reformas a nivel federal, lo cierto es que su cooperación no ha sido barata. Sólo basta con revisar los presupuestos de los estados importantes que cuentan con gobernadores no priistas para entender que la cartera es el gran activo de negociación de la Presidencia de la República. Sólo por tomar el ejemplo del DF: el presupuesto de la capital pasó de 138 mil millones de pesos en 2012 a un estimado de 180 mil millones de pesos iniciales en 2015. “Problema que se resuelve con dinero, sale barato”, señala el viejo adagio de nuestra cultura política.

La sucesión al interior del PRI también se juega en 2015. Felipe Calderón perdió el Congreso, muchos estados y al final perdió al PAN contra Gustavo Madero. Ante la mala percepción de la administración calderonista, la rebelión interna en el blanquiazul despojó al Presidente de su férreo dominio sobre su partido. No puso candidato ni tampoco fue capaz de colocar a un cercano como el encargado de conducir al partido de cara a la elección. No se exagera al decir que Calderón fue poco más que un “espectador” en la sucesión presidencial. Peña Nieto se juega esa posibilidad en 2015: construir el entramado de poder en los estados que le permita erigirse como la balanza en el proceso para designar al candidato presidencial del PRI. Un varapalo electoral como el recibido por Zedillo en 1997, Fox en 2003 y Calderón en 2009, disminuye considerablemente la influencia presidencial en la designación de quien será su sucesor en 2018.

¿De Presidente a jefe político?

Ante esta realidad, en donde buena parte de los resultados de su sexenio se juega en los estados, el Presidente Enrique Peña Nieto tendrá que adoptar una estrategia en donde su papel presidencial quedará disminuido para favorecer su papel de jefe político del priismo. Si algo no se le puede regatear al mexiquense es precisamente su capacidad para ejercer esa figura. Lo demostró en la elección de su candidato en el Estado de México, las negociaciones con el Presidente Calderón en el periodo 2009-2011, y en la negociación del Pacto por México. A Peña Nieto le gusta la política de “pequeño comité”, es un hábil articulador de intereses y conductor de las negociaciones. La imagen presidencial se encuentra entre 47 y 53% de aprobación-según la encuesta-, más baja que el 56-59% de Calderón o el 62% de Fox al llegar a las elecciones intermedias. Ante esto, Peña Nieto es más un activo político interno del priismo, un jefe político capaz de hacer coincidir intereses locales y nacionales, negociar posiciones claves para el resto del sexenio, que un “gancho electoral” que pueda atraer a grandes masas en una elección intermedia. Las reformas son bien vistas en algún segmento electoral, pero mientras los resultados sigan posándose con incertidumbre en el horizonte lejano, el Presidente de la República tiene poco con que “cacarear el huevo” en las elecciones intermedias.

Resulta paradójico que un Presidente acusado, por sectores de la izquierda y algunos conservadores de la sociedad mexicana, de ser el producto de una telenovela orquestada por los medios de comunicación y la venta de una imagen popular, tenga que aferrarse a su habilidad política más que a sus dotes histriónicos para conseguir un trienio final gobernable y con capacidad de conducción. Peña Nieto tendrá que negarse a sí mismo, incluso matizar las victorias del primer trienio, para colocarse en las agendas locales y definir el escenario político priorizando los equilibrios estatales, aunque sin ignorar los vasos comunicantes con la Cámara de Diputados. Un jefe político a las sombras, parece el rol que le depara al Presidente de la República para el primer semestre de 2015.

“Toda política es local” dijo alguna vez el representante de los Estados Unidos, Tip O´Neill. A diferencia de Fox y Calderón que minimizaron el papel de la cercanía política de los gobernadores para asegurar la eficacia en la segunda parte del sexenio, Peña Nieto tiene mucho más que perder en los estados que en la Cámara de Diputados. La agenda legislativa pasará a segundo plano en lo que resta del sexenio, mientras que el aterrizaje de las reformas y los resultados en materia económica y de seguridad, serán por mucho el objetivo fundamental de Los Pinos. A ocho meses de la elección, Peña Nieto se juega más en Guadalajara, Monterrey y en San Luis, que en San Lázaro.