Economía

Busca Calderón inversión histórica en infraestructura

El paquete de iniciativas busca que las Afore puedan destinar parte de sus recursos estos proyectos, con mayor certeza jurídica

GUADALAJARA, JALISCO.- El Gobierno federal presentó ayer un paquete de iniciativas de reformas legales que buscan incrementar sustancialmente la inversión en infraestructura en el país para los siguientes años.

Los pilares de estas propuestas, que son complementarias al proyecto de Paquete Económico 2010, son el aumento de la certeza jurídica de los inversionistas y, sobre todo, la posibilidad de que una parte de los 850 mil millones de pesos que los mexicanos hemos acumulado en los fondos de ahorros para el retiro puedan ser aplicados en este sector, en el que el Gobierno espera invertir 61 mil millones de pesos en 2010, equivalentes a casi 5% del Producto Interno Bruto ( PIB).

El paquete de reformas deberá ser presentado en el Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, Poder Legislativo que está dominado por la oposición, particularmente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al respecto, el Presidente Felipe Calderón envió un mensaje: “Yo hago, finalmente, un respetuoso y atento llamado al Poder Legislativo de la Unión para que analice, para que discuta, si así lo considera, para que dialoguemos sobre ésta y otras propuestas, con altitud de miras, con rectitud de intención, buscando en todo momento lo que sea mejor para México”.

Infraestructura es empleo

Al dar a conocer el proyecto, Calderón recordó que ha buscado “impulsar una agenda amplia y ambiciosa de cambios para México, una agenda para transformar al país”.

El primer paso, dijo, fue anunciar en “el Paquete Fiscal del país una propuesta orientada fundamentalmente hacia el combate a la pobreza y hacia el logro de la cobertura universal de salud y, a la vez, medidas para lograr el saneamiento de las finanzas públicas a través de propuestas, como una drástica reducción en el gasto público y en la estructura administrativa del Gobierno federal, un incremento en la recaudación no petrolera y una propuesta de déficit acorde con un balance estructural de mediano plazo en el presupuesto público”.

El Presidente dijo que contemplaba medidas de largo aliento, porque “La infraestructura, lo sabemos muy bien, es sinónimo de empleo, no sólo en el momento en que se construye, sino también por la competitividad que genera a las economías que la reciben”.

Anunció un crecimiento, de 3 a 5%, el monto de los recursos destinados a obras de infraestructura

“Hoy (ayer), con las acciones que anunciamos, buscamos ese propósito: emprender acciones que nos permitan avanzar a un ritmo más acelerado de construcción de infraestructura que México necesita, no sólo para salir de la crisis, sino para elevar de fondo y de manera permanente su competitividad y poder así avanzar mucho más rápido hacia el desarrollo. Con ese fin, hoy anunciamos un paquete de iniciativas y de acciones que, como se ha dicho ya, buscan multiplicar la inversión en infraestructura en nuestro país”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

La noticia más significativa fue que el Gobierno federal buscará suavizar las regulaciones de las Administradoras para Fondos de Retiro (Afore) para destinar parte de sus recursos en proyectos de inversión de infraestructura, acción que actualmente no pueden realizar.

Calderón lo justificó: “Como en la mayoría de las economías avanzadas, los fondos de retiro podrán invertir en instrumentos colocados por empresas del sector de infraestructura en la Bolsa Mexicana de Valores ( BMV)”

De esta manera, expuso, las empresas inversoras tendrán acceso a financiamiento, “mientras las Afore van a obtener a cambio rendimientos mucho más atractivos en beneficio de los trabajadores”.

El funcionario aseguró que con estos cambios “ganarán los trabajadores al tener fondos de retiro mucho más sólidos, y ganarán también las inversiones colocadas en infraestructura al tener un mecanismo ágil y sólido también de financiamiento. Ganará finalmente el país, ganará en competitividad, ganará en empleo; ganará, precisamente, en la competitividad de la economía”.

Para proteger estos recursos, “los proyectos que serán financiados deberán cumplir, entre una serie de medidas rigurosas, con prácticas de gobierno corporativo y estándares de transparencia que permitan un acceso absoluto a la información de los proyectos, de su manejo operativo y de su manejo financiero”.

Esto permitirá disponer de financiamiento hasta por 80 mil millones de pesos en el próximo año, a lo que se van a sumar, 45 mil millones de pesos en total.

Quitarán trabas


Previamente, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, subrayó que el programa económico del Gobierno federal para el próximo año “va mucho más allá del proyecto de Presupuesto de Egresos, de la iniciativa de Ley de Ingresos y de las propuestas de modificaciones en materia tributaria. Ese conjunto se complementa, necesariamente, con la agenda de reformas estructurales que el señor Presidente presentó al país para impulsar el crecimiento económico acelerado y la generación de empleos, combatir la pobreza e incrementar la competitividad”.

Por su parte, Juan Francisco Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, señaló que la propuesta expuesta “busca eliminar las trabas que durante años han restado velocidad, flexibilidad, eficiencia, economía y dinamismo al desarrollo de los proyectos más importantes de inversión en infraestructura impulsados por el sector público.

Mencionó que se contemplan 14 proyectos de inversión, de los que mencionó el Libramiento Poniente de Morelia, en Michoacán; la carretera Atizapán-Atlacomulco, en el estado de México; las autopistas La Pera-Cuautla, en Morelos, y la Salamanca-León. “Son proyectos que en realidad nos acercan a cumplir la meta de construir y modernizar 17 mil kilómetros de autopistas y carreteras en México”.

Luis Fernando Zárate Rocha, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, celebró la iniciativa porque “Resulta de gran interés que el sector privado pueda formular propuestas de proyectos no solicitados a las dependencias relacionadas con la seguridad de su reconocimiento, si resultan procedentes. Igualmente oportuno será el nuevo régimen de contratación, sencillo y transparente, con una adecuada distribución de los riesgos con base en un concurso público. Los plazos de concesiones o permisos asociados que se podrán ampliar hasta 60 años, además de disminuir la necesidad de subvencionarlos; permitirán estructuras financieras que aprovecharán el largo plazo para ser más competitivas en beneficio de los usuarios”.

La necesidad lo anticipaba


El proyecto de reformas legislativas para simplificar la inversión en infraestructura en el país y facilitar que recursos de las Afore se puedan aplicar, con garantías, en ella, era esperado desde hace tiempo.

Los recursos de los fondos privados para el retiro de los trabajadores mexicanos, que actualmente suman poco más de 870 mil millones de pesos, tendrán la posibilidad de poder destinarse a proyectos que pueden mejorar la competitividad productiva del país.

Sin embargo, quedan dos dudas. Desde que se constituyeron las Afore quedó más claro la rentabilidad para las administradoras, y menos para los cuentahabientes, que tuvieron que enfrentar comisiones y tasas abusivas que no premiaban recursos destinados a subsistir después de la vida productiva.

En todo lo expuesto ayer, no se mencionó cómo asegurar que el dinero de los trabajadores reciba mayor retribución con estos cambios, más allá de una declaración generosa pero ambigua del Presidente Calderón. Si finalmente estos recursos serán el motor de la iniciativa, conviene que sus legítimos propietarios conozcan con detalle de su salvaguarda.

La otra duda es dónde andaba el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, que pese a que se trataba de un anuncio eminente
mente vinculado con su responsabilidad, fueron otros dos secretarios, Carstens y Molinar, los que hablaron y compartieron con el Presidente el presídium. (JAC)


Las propuestas

1.    Una iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas, que permitá incrementar la inversión privada en infraestructura, al brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas, al dar un marco legal, acorde y uniforme a toda la infraestructura que requiere el país, pero que se centre, precisamente, en la claridad de la determinación de los derechos y deberes de quienes invierten en infraestructura. La propuesta estima reducir en 15% los costos y disminuir los tiempos de ejecución hasta en 30%, eliminando los “cuellos de botella”.

2.    La modificación de por lo menos seis ordenamientos legales relacionados con la construcción de infraestructura, para r acelerar los proyectos que ya están en curso, así como detonar las nuevas inversiones.

3.    La continuación del Paquete Integral de Financiamiento que ha sido puesto en práctica por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y, en particular, por el Fondo de Infraestructura, que asegura la disponibilidad de financiamiento en las licitaciones de los proyectos prioritarios del país.

4.    Abrir la posibilidad de que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) puedan invertir en instrumentos estructurados en acciones de empresas que realicen ofertas públicas iniciales.

FUENTE: Presidencia de la República.

Temas

Sigue navegando