Economía
La Ley de Ingresos, con el tiempo encima
Los recursos económicos del Gobierno federal se disminuyeron este año en 480 mil millones de pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis internacional, que ha frenado las actividades productivas del país y, en consecuencia, la recaudación fiscal, y la caída en la producción del petróleo, que además ha perdido precio, está reduciendo los recursos económicos del Gobierno federal; este año en 480 mil millones de pesos, y en 2010 en un estimado de 300 mil millones de pesos.
Por esto, el Gobierno federal busca aumentar sus recursos económicos a través de nuevos impuestos, que deben ser aprobados como Ley de Ingresos por la Cámara de Diputados –a más tardar el 20 de octubre— y luego por la de Senadores –a más tardar el 31 de octubre— para luego promulgarlos y que comiencen a regir en 2010.
Como lo define la ley, el secretario de Hacienda presentó la propuesta el 8 de septiembre pasado. Desde entonces, diversas voces públicas, nacionales e internacionales, se han pronunciado a favor o en contra de la propuesta gubernamental.
Los 500 diputados no han llegado a acuerdos, y les quedan siete días hábiles para resolverlo, para luego entregar lo que aprueben a los 128 senadores.
La propuesta del Gobierno
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR). Elevar, de 28% a 30%, su tasa. Afecta las utilidades de las empresas y de los contribuyentes fiscales de mayores ingresos.
IMPUESTO A DEPÓSITOS EN EFECTIVO (IDE). Incrementar de 2% a 3% la tasa que grava los depósitos en efectivo que en un mes sumen 15 mil pesos o más. Este dinero, que retienen los bancos, puede tomarse en cuenta en declaraciones de pagos de otros impuestos.
IMPUESTO A TELECOMUNICACIONES. Todos los servicios de telefonía –salvo la rural y los aparatos en vía pública— internet y televisión de cable o vía satélite pagarán 4% de impuesto.
IMPUESTOS ESPECIALES TABACOS, CERVEZAS, LICORES, JUEGOS Y SORTEOS. Se incrementan los impuestos que se pagan en la compra de todos estos productos.
CONTRIBUCIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA (CCP). Todos los productos y servicios pagarán 2% de su valor, incluidos alimentos y medicinas, para financiar proyectos gubernamentales como el Seguro Popular o el Programa Oportunidades.
REDUCCIÓN DE SUBSIDIOS. Los precios de las gasolinas, el diesel, la electricidad y el gas serán ajustados regularmente al alza, para asemejarlos a los precios internacionales.
Los argumentos
El erario tiene tres opciones para asegurar las finanzas públicas anuales, que en 2009 sumaron 2.8 billones de pesos: aumentar ingresos a través de impuestos y eliminación de subsidios, como a la electricidad y las gasolinas; reducir sus gastos, y obtener préstamos.
EL GOBIERNO FEDERAL. Busca un endeudamiento relativamente pequeño de 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) porque, dice, la caída en los ingresos petroleros no le permite un endeudamiento mayor sin que se eleven los intereses por el préstamo.
Ha anunciado recortes en algunas secretarías, y en programas en infraestructura, educación pública, y en apoyos sociales, por una suma de hasta 180 mil millones de pesos. Ha pedido a las entidades federativas y los municipios que también busquen ahorros porque el dinero que les entregará la Federación el próximo año será menor que lo que les dio este año.
Históricamente, México ha acumulado un aparato gubernamental obeso, ineficiente y acostumbrado a privilegios, dependiente de una baja recaudación fiscal (9.5% del PIB nacional, la más baja en América Latina) y de ingresos por petróleo que han comenzado a reducirse.
No quiere hacer recortes mayores porque teme que se generen dificultades políticas y laborales con los sindicatos de burócratas, las universidades públicas y las organizaciones populares acostumbradas a recibir recursos públicos.
LOS EMPRESARIOS. Dirigentes de industriales, comerciantes y prestadores de servicios reprochan que el Gobierno no reduzca de manera más profunda sus gastos (EL INFORMADOR, 7 de octubre página 11 A), critican que no persiga con mayor rigor los ingresos de los mexicanos que operan en la economía informal, y censuran que busque mayor recaudación fiscal de los contribuyentes cautivos. Se oponen particularmente a que se incremente la tasa del ISR, y al impuesto a las telecomunicaciones. Aplauden que se grave el consumo, a través de la Contribución al Combate a la Pobreza.
Hay un sector empresarial, integrado en el Consejo Nacional Agropecuario, que se opone a esto último, porque perjudicaría la comercialización de alimentos y, dicen, fomentaría el contrabando.
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS. Se oponen a que no sólo no se vaya a elevar el presupuesto para sus actividades, sino que habrá un recorte estimado en las partidas económicas que reciben. Este sector ha sido liderado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo decidido de la Universidad de Guadalajara.
LOS CIUDADANOS. Las organizaciones civiles se han manifestado en contra de que se eliminen los subsidios a los combustibles y la electricidad, y sobre todo generan disgusto el 2% del CCP y el aumento del IDE.
LOS MANDATARIOS ESTATALES Y MUNICIPALES. Aunque con variantes, han reclamado que se les quieran reducir las partidas que les entrega la Federación, pues temen conflictos políticos y desprestigio ante sus gobernados.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS. El PAN, gobernante en la Federación pero minoritario en el Congreso de la Unión, ha respaldado tímidamente la propuesta gubernamental, pues teme que socialmente crezca el desprestigio que tuvo en las pasadas elecciones federales del 5 de julio, y que les llegue a afectar en los siguientes comicios locales y en la contienda federal de 2012.
El PRD, disminuido por sus pugnas internas en el Congreso de la Unión y en la mayor parte del país, ha sido ambiguo ofreciendo al Gobierno federal su colaboración para la aprobación del Paquete Económico pero buscando evitar el desprestigio de apoyar medidas impopulares.
El PT y Convergencia, influidos por el liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador, han rechazado de tajo la propuesta gubernamental.
El Panal, influido por el liderazgo de Elba Esther Gordillo, y el PVEM se han manifestado con ambigüedad, más interesados en acompañar al PAN y sobre todo al PRI en lo que decidan a cambio de beneficios políticos.
El PRI, dominante en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ha retrasado manifestarse abiertamente en contra o a favor del proyecto económico gubernamental. A nivel individual, los legisladores del tricolor han rechazado la mayor parte de las nuevas contribuciones por intereses de sus grupos (obreros, campesinos o sectores urbanos populares), o de sus localidades; pero institucionalmente observan la oportunidad de que se aumenten los ingresos tributarios bajo el escenario de que ganarán la Presidencia de la República en 2012 y esta medida les beneficia.
LOS ORGANISMOS TÉCNICOS, nacionales y multilaterales, como el Banco de México (Banxico), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ven con simpatía que aumente la recaudación fiscal y que haya el compromiso de combatir la pobreza.
LAS CALIFICADORAS internacionales crediticias también se han manifestado a favor de la propuesta gubernamental, aunque manifiestan temores por la debilidad del mercado interno y el empleo, y la dependencia comercial de Estados Unidos, que dificulten al país obtener un crecimiento alto y sostenido.
¿Quién paga el desprestigio?
Sin lugar a dudas, lo peor que le puede pasar a un Gobierno es quedarse sin recursos antes de tiempo. A eso refería el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, cuando hace unas semanas dijo en el Senado que “el futuro nos alcanzó”, y que 2010 será un año complicado.
El gasto corriente de la Administración federal ya no puede complementarse en la misma proporción con ingresos petroleros, como se hizo por muchos años. Tampoco puede resolverse, por más que muchos contribuyentes mexicanos lo desean, con recortes drásticos de la burocracia o el dispendio, o en gravar la actividad de la economía informal, porque para realizar estas transformaciones se requiere más tiempo.
El PAN y el PRI, juntos, tienen suficientes legisladores para votar a favor de la propuesta de Hacienda, quizá con algunas modificaciones más bien menores, y lo van a hacer, porque ambas fuerzas políticas están preocupadas en generarse recursos adicionales para poder gobernar: el PAN ahora, y el PRI —calcula— a partir de 2012.
El dilema es hacia cuál de las dos fuerzas se inclina más el enojo y el desprestigio de la población por una decisión que no será popular. (JAC)
Por esto, el Gobierno federal busca aumentar sus recursos económicos a través de nuevos impuestos, que deben ser aprobados como Ley de Ingresos por la Cámara de Diputados –a más tardar el 20 de octubre— y luego por la de Senadores –a más tardar el 31 de octubre— para luego promulgarlos y que comiencen a regir en 2010.
Como lo define la ley, el secretario de Hacienda presentó la propuesta el 8 de septiembre pasado. Desde entonces, diversas voces públicas, nacionales e internacionales, se han pronunciado a favor o en contra de la propuesta gubernamental.
Los 500 diputados no han llegado a acuerdos, y les quedan siete días hábiles para resolverlo, para luego entregar lo que aprueben a los 128 senadores.
La propuesta del Gobierno
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR). Elevar, de 28% a 30%, su tasa. Afecta las utilidades de las empresas y de los contribuyentes fiscales de mayores ingresos.
IMPUESTO A DEPÓSITOS EN EFECTIVO (IDE). Incrementar de 2% a 3% la tasa que grava los depósitos en efectivo que en un mes sumen 15 mil pesos o más. Este dinero, que retienen los bancos, puede tomarse en cuenta en declaraciones de pagos de otros impuestos.
IMPUESTO A TELECOMUNICACIONES. Todos los servicios de telefonía –salvo la rural y los aparatos en vía pública— internet y televisión de cable o vía satélite pagarán 4% de impuesto.
IMPUESTOS ESPECIALES TABACOS, CERVEZAS, LICORES, JUEGOS Y SORTEOS. Se incrementan los impuestos que se pagan en la compra de todos estos productos.
CONTRIBUCIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA (CCP). Todos los productos y servicios pagarán 2% de su valor, incluidos alimentos y medicinas, para financiar proyectos gubernamentales como el Seguro Popular o el Programa Oportunidades.
REDUCCIÓN DE SUBSIDIOS. Los precios de las gasolinas, el diesel, la electricidad y el gas serán ajustados regularmente al alza, para asemejarlos a los precios internacionales.
Los argumentos
El erario tiene tres opciones para asegurar las finanzas públicas anuales, que en 2009 sumaron 2.8 billones de pesos: aumentar ingresos a través de impuestos y eliminación de subsidios, como a la electricidad y las gasolinas; reducir sus gastos, y obtener préstamos.
EL GOBIERNO FEDERAL. Busca un endeudamiento relativamente pequeño de 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) porque, dice, la caída en los ingresos petroleros no le permite un endeudamiento mayor sin que se eleven los intereses por el préstamo.
Ha anunciado recortes en algunas secretarías, y en programas en infraestructura, educación pública, y en apoyos sociales, por una suma de hasta 180 mil millones de pesos. Ha pedido a las entidades federativas y los municipios que también busquen ahorros porque el dinero que les entregará la Federación el próximo año será menor que lo que les dio este año.
Históricamente, México ha acumulado un aparato gubernamental obeso, ineficiente y acostumbrado a privilegios, dependiente de una baja recaudación fiscal (9.5% del PIB nacional, la más baja en América Latina) y de ingresos por petróleo que han comenzado a reducirse.
No quiere hacer recortes mayores porque teme que se generen dificultades políticas y laborales con los sindicatos de burócratas, las universidades públicas y las organizaciones populares acostumbradas a recibir recursos públicos.
LOS EMPRESARIOS. Dirigentes de industriales, comerciantes y prestadores de servicios reprochan que el Gobierno no reduzca de manera más profunda sus gastos (EL INFORMADOR, 7 de octubre página 11 A), critican que no persiga con mayor rigor los ingresos de los mexicanos que operan en la economía informal, y censuran que busque mayor recaudación fiscal de los contribuyentes cautivos. Se oponen particularmente a que se incremente la tasa del ISR, y al impuesto a las telecomunicaciones. Aplauden que se grave el consumo, a través de la Contribución al Combate a la Pobreza.
Hay un sector empresarial, integrado en el Consejo Nacional Agropecuario, que se opone a esto último, porque perjudicaría la comercialización de alimentos y, dicen, fomentaría el contrabando.
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS. Se oponen a que no sólo no se vaya a elevar el presupuesto para sus actividades, sino que habrá un recorte estimado en las partidas económicas que reciben. Este sector ha sido liderado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo decidido de la Universidad de Guadalajara.
LOS CIUDADANOS. Las organizaciones civiles se han manifestado en contra de que se eliminen los subsidios a los combustibles y la electricidad, y sobre todo generan disgusto el 2% del CCP y el aumento del IDE.
LOS MANDATARIOS ESTATALES Y MUNICIPALES. Aunque con variantes, han reclamado que se les quieran reducir las partidas que les entrega la Federación, pues temen conflictos políticos y desprestigio ante sus gobernados.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS. El PAN, gobernante en la Federación pero minoritario en el Congreso de la Unión, ha respaldado tímidamente la propuesta gubernamental, pues teme que socialmente crezca el desprestigio que tuvo en las pasadas elecciones federales del 5 de julio, y que les llegue a afectar en los siguientes comicios locales y en la contienda federal de 2012.
El PRD, disminuido por sus pugnas internas en el Congreso de la Unión y en la mayor parte del país, ha sido ambiguo ofreciendo al Gobierno federal su colaboración para la aprobación del Paquete Económico pero buscando evitar el desprestigio de apoyar medidas impopulares.
El PT y Convergencia, influidos por el liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador, han rechazado de tajo la propuesta gubernamental.
El Panal, influido por el liderazgo de Elba Esther Gordillo, y el PVEM se han manifestado con ambigüedad, más interesados en acompañar al PAN y sobre todo al PRI en lo que decidan a cambio de beneficios políticos.
El PRI, dominante en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ha retrasado manifestarse abiertamente en contra o a favor del proyecto económico gubernamental. A nivel individual, los legisladores del tricolor han rechazado la mayor parte de las nuevas contribuciones por intereses de sus grupos (obreros, campesinos o sectores urbanos populares), o de sus localidades; pero institucionalmente observan la oportunidad de que se aumenten los ingresos tributarios bajo el escenario de que ganarán la Presidencia de la República en 2012 y esta medida les beneficia.
LOS ORGANISMOS TÉCNICOS, nacionales y multilaterales, como el Banco de México (Banxico), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ven con simpatía que aumente la recaudación fiscal y que haya el compromiso de combatir la pobreza.
LAS CALIFICADORAS internacionales crediticias también se han manifestado a favor de la propuesta gubernamental, aunque manifiestan temores por la debilidad del mercado interno y el empleo, y la dependencia comercial de Estados Unidos, que dificulten al país obtener un crecimiento alto y sostenido.
¿Quién paga el desprestigio?
Sin lugar a dudas, lo peor que le puede pasar a un Gobierno es quedarse sin recursos antes de tiempo. A eso refería el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, cuando hace unas semanas dijo en el Senado que “el futuro nos alcanzó”, y que 2010 será un año complicado.
El gasto corriente de la Administración federal ya no puede complementarse en la misma proporción con ingresos petroleros, como se hizo por muchos años. Tampoco puede resolverse, por más que muchos contribuyentes mexicanos lo desean, con recortes drásticos de la burocracia o el dispendio, o en gravar la actividad de la economía informal, porque para realizar estas transformaciones se requiere más tiempo.
El PAN y el PRI, juntos, tienen suficientes legisladores para votar a favor de la propuesta de Hacienda, quizá con algunas modificaciones más bien menores, y lo van a hacer, porque ambas fuerzas políticas están preocupadas en generarse recursos adicionales para poder gobernar: el PAN ahora, y el PRI —calcula— a partir de 2012.
El dilema es hacia cuál de las dos fuerzas se inclina más el enojo y el desprestigio de la población por una decisión que no será popular. (JAC)