Internacional
Autorizan a Garzón trabajar en La Haya
El juez fungirá como asesor externo a la oficina del fiscal de la Corte Penal, que dirige el argentino Luis Moreno Ocampo
MADRID, ESPAÑA (19/MAY/2010).- El juez Baltasar Garzón podrá incorporarse como asesor externo a la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, en Holanda, a pesar de estar suspendido de sus funciones, según acordó la Justicia española.
El Consejo General del Poder Judicial, órgano de Gobierno de los jueces en España, autorizó la contratación del juez por un periodo de siete meses, tal y como había solicitado Garzón la semana pasada.
“No se aprecian razones legales que impidan la contratación del magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional”, dijo la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.
Los cinco miembros de la Comisión Permanente del órgano de Gobierno de los jueces españoles decidieron de forma ajustada por tres votos contra dos permitir que Garzón, se incorpore a la CPI, cuyo fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, lo había invitado a trabajar como asesor por un periodo inicial de siete meses.
La petición fue avalada por el Tribunal Supremo y por la Fiscalía General del Estado, ya que además no hay medidas cautelares en contra de Garzón, por lo que puede prestar sus servicios al organismo de justicia internacional.
El juez está acusado de prevaricación —el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta— y se encuentra a la espera de juicio por una fallida investigación de los crímenes del franquismo. La semana pasada, el Consejo decidió suspenderle de todas sus funciones como juez a la espera de que se celebre la vista.
Si es absuelto, podría recuperar su plaza en la Audiencia Nacional española. Si es condenado, enfrenta un período de inhabilitación de hasta 20 años.
Además de la causa del franquismo, el magistrado tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo: una por ingresos que percibió durante una estancia docente en Nueva York y otra por ordenar escuchar conversaciones entre los abogados y sus clientes encarcelados en un caso de corrupción.
La decisión de procesar al juez ha levantado polémica en la sociedad española y ha llegado también al extranjero, donde se han registrado manifestaciones de apoyo.
PERFIL
Proyecta la justicia universal
Baltasar Garzón
Juez de reconocido prestigio internacional, se convirtió en la cabeza visible de la llamada justicia universal.
De 54 años, Baltasar Garzón Real, de cabello entrecano y trajes impecables, llegó en 1988 a la Audiencia Nacional (principal instancia penal española).
Sus partidarios defienden a capa y espada su dedicación, sus detractores le describen como una estrella, más preocupado por salir en la primera página de los diarios, que por el buen fundamento jurídico sus instrucciones.
Su decisión, el 17 de octubre de 2008 de abrir la primera instrucción sobre los “crímenes contra la humanidad” del franquismo, ha acabado por volverse contra él. Su intento fue coherente con la trayectoria profesional de un juez que con el caso Pinochet desató un efecto dominó, ya que países como Chile, Argentina y Guatemala empezaron a investigar los crímenes de sus dictaduras.
Garzón, de aspecto tímido y voz aguda, falló en su país y podría pagarlo caro, pero sus investigaciones sobre los regímenes militares en América Latina llevaron a que la justicia española reconociera en 2005 su competencia para perseguir y juzgar crímenes de lesa humanidad en todo el mundo.
El juez ha logrado grandes éxitos en 20 años de lucha contra la organización armada independentista vasca ETA.
Su investigación sobre la financiación de ETA le llevó en 2002 a suspender las actividades del brazo político de la organización armada, Batasuna, a la postre ilegalizada por el Tribunal Supremo al año siguiente.
Aunque este juez, casado y con tres hijos, llegó a tener un cargo en el último Gobierno socialista de Felipe González (1982-1996), ello no le impidió investigar los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupo secreto creado en los años 80 bajo el gobierno socialista para eliminar físicamente a miembros de ETA.
Esta investigación, que contribuyó a poner fin al Gobierno de González, le valió la aprobación de la derecha.
La presión ha acabado por hundir este buque insignia de la justicia universal, que ahora buscará el exilio como asesor de la fiscalía del Corte Penal Internacional en La Haya.
El Consejo General del Poder Judicial, órgano de Gobierno de los jueces en España, autorizó la contratación del juez por un periodo de siete meses, tal y como había solicitado Garzón la semana pasada.
“No se aprecian razones legales que impidan la contratación del magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional”, dijo la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.
Los cinco miembros de la Comisión Permanente del órgano de Gobierno de los jueces españoles decidieron de forma ajustada por tres votos contra dos permitir que Garzón, se incorpore a la CPI, cuyo fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, lo había invitado a trabajar como asesor por un periodo inicial de siete meses.
La petición fue avalada por el Tribunal Supremo y por la Fiscalía General del Estado, ya que además no hay medidas cautelares en contra de Garzón, por lo que puede prestar sus servicios al organismo de justicia internacional.
El juez está acusado de prevaricación —el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta— y se encuentra a la espera de juicio por una fallida investigación de los crímenes del franquismo. La semana pasada, el Consejo decidió suspenderle de todas sus funciones como juez a la espera de que se celebre la vista.
Si es absuelto, podría recuperar su plaza en la Audiencia Nacional española. Si es condenado, enfrenta un período de inhabilitación de hasta 20 años.
Además de la causa del franquismo, el magistrado tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo: una por ingresos que percibió durante una estancia docente en Nueva York y otra por ordenar escuchar conversaciones entre los abogados y sus clientes encarcelados en un caso de corrupción.
La decisión de procesar al juez ha levantado polémica en la sociedad española y ha llegado también al extranjero, donde se han registrado manifestaciones de apoyo.
PERFIL
Proyecta la justicia universal
Baltasar Garzón
Juez de reconocido prestigio internacional, se convirtió en la cabeza visible de la llamada justicia universal.
De 54 años, Baltasar Garzón Real, de cabello entrecano y trajes impecables, llegó en 1988 a la Audiencia Nacional (principal instancia penal española).
Sus partidarios defienden a capa y espada su dedicación, sus detractores le describen como una estrella, más preocupado por salir en la primera página de los diarios, que por el buen fundamento jurídico sus instrucciones.
Su decisión, el 17 de octubre de 2008 de abrir la primera instrucción sobre los “crímenes contra la humanidad” del franquismo, ha acabado por volverse contra él. Su intento fue coherente con la trayectoria profesional de un juez que con el caso Pinochet desató un efecto dominó, ya que países como Chile, Argentina y Guatemala empezaron a investigar los crímenes de sus dictaduras.
Garzón, de aspecto tímido y voz aguda, falló en su país y podría pagarlo caro, pero sus investigaciones sobre los regímenes militares en América Latina llevaron a que la justicia española reconociera en 2005 su competencia para perseguir y juzgar crímenes de lesa humanidad en todo el mundo.
El juez ha logrado grandes éxitos en 20 años de lucha contra la organización armada independentista vasca ETA.
Su investigación sobre la financiación de ETA le llevó en 2002 a suspender las actividades del brazo político de la organización armada, Batasuna, a la postre ilegalizada por el Tribunal Supremo al año siguiente.
Aunque este juez, casado y con tres hijos, llegó a tener un cargo en el último Gobierno socialista de Felipe González (1982-1996), ello no le impidió investigar los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupo secreto creado en los años 80 bajo el gobierno socialista para eliminar físicamente a miembros de ETA.
Esta investigación, que contribuyó a poner fin al Gobierno de González, le valió la aprobación de la derecha.
La presión ha acabado por hundir este buque insignia de la justicia universal, que ahora buscará el exilio como asesor de la fiscalía del Corte Penal Internacional en La Haya.