Internacional
Debate EU cientos de leyes migratorias
La tendencia indica que congresos estatales aprueban las iniciativas y los gobernadores cada vez aplican menos su poder de veto
WASHINGTON, EU.- Las leyes estatales relacionadas con la
inmigración en
Estados Unidos se han incrementado en años recientes, y han dado mayor apertura a la aprobación de proyectos de reformas migratorias y disminuido los vetos gubernamentales.
En 2005, ante las legislaturas de Estados Unidos fueron presentadas 300 leyes, 38 de las cuales fueron promulgadas y seis vetadas. Al año siguiente la actividad en la materia casi dobló al presentarse 570 legislaciones; 84 promulgadas y seis vetos.
El parteaguas lo constituye 2007, cuando la cantidad de leyes presentadas ante las legislaturas estatales se triplicó hasta mil 572, así como la cifra de normativas promulgadas, con 240; el número de vetos también se elevó a 12.
En 2008, se contaron mil 305 proyectos de ley relacionados con la inmigración, 206 de los cuales fueron promulgados y tres vetados, con un nuevo repunte en 2009, cuando se presentaron cerca de mil 500 leyes, se promulgaron 222 y se vetaron 20, indica un reporte de la National Conference of State Legislatures.
En total, en 2009 fueron promulgadas un total de 353 Leyes.
Las principales áreas en las que fueron presentadas refieren a la identificación para emitir licencias de conducir (46 leyes aprobadas), seguidas por las que tienen que ver con la salud (28) y la educación (27). Cabe destacar que las leyes que tienen que ver con el tráfico de seres humanos (16) se triplicaron con relación a las presentadas durante 2008 (cinco), y en materia de salud y educación doblaron en cantidad con relación a ese año.
En el área de licencias de conducir, el tópico más numeroso, fueron presentadas en 33 estados y refieren a la documentación y requisitos para emitir una de estas identificaciones.
Cabe recordar que el gobernador de California, el Estado con más iniciativas, Arnold Schwarzenegger, ha vetado la iniciativa de otorgar licencias de conducir a los indocumentados, en al menos ocho ocasiones desde que fue electo, bajo el argumento de que la medida vulnera la seguridad nacional.
En materia de salud, fueron promulgadas en 12 estados, y tienen que ver con la elección de prestaciones y la concesión de licencias a profesionales de la salud e intérpretes.
En cuanto a educación, las leyes promulgadas refieren a los requisitos para la residencia de estudiantes con respecto a becas, beneficios de educación post-secundaria y admisión a instituciones educativas.
En entidades como Arkansas, una ley limita las becas a los ciudadanos residentes permanentes o legales, mientras que las leyes en materia de empleo, que prevén sanciones a los empleadores en relación con la contratación de trabajadores no autorizados, llegaron a 21 en 2009.
TELÓN DE FONDO
Alabama, un hito en los derechos civiles
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos podría anular la “Ley Arizona”. El antecedente se encuentra en 1956, cuando declaró ilegal la llamada ley de Jim Crow (Separados, pero iguales) que obligaba a las personas de raza negra y de otros grupos étnicos a ocupar lugares distintos en autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos.
En esa época la discriminación en Estados Unidos y principalmente en el Estado de Alabama llegaba a tal punto en que si una persona de raza negra se sentaba en un lugar exclusivo para blancos podría ser detenida, tal como ocurrió con Rosa Parks, una afroamericana que fue a la cárcel en diciembre de 1955 por negarse a dejar un asiento de autobús para que se sentara un blanco.
El hecho es considerado el inició del movimiento por los derechos civiles, cuyo máximo líder fue Martin Luther King, un reverendo bautista hasta entonces desconocido que encabezó ese año un boicot contra el propio sistema de transporte de Montgomery.
La parálisis de las vías de comunicación duró 382 días y obligó a la las autoridades estatales a levantar la ley racial y años después, en 1956, la Corte Suprema resolvió anular dicha legislación al considerar que iba en contra de la Constitución estadounidense.
Otro ejemplo de legislación racial Estados Unidos se presentó en 2007, también en Alabama, cuando las autoridades estatales aprobaron una ley para que los indocumentados ilegales no tuvieran servicios médicos gratuitos.
La medida despojó a cinco mil personas del programa Medicaid que no pudieron presentar documentos de residencia, pero de acuerdo con el diario “The Birmingham News”, de esa cantidad sólo 115 eran hispanos, por lo que una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses de bajos recursos se quedaron sin el seguro médico.
Antes, en 2006, en Pennsylvania se aprobó la llamada Ley Hazleton, que obligaba a los dueños de negocios o de edificios a investigar la condición migratoria de sus empleados e inquilinos. La ley a todas luces discriminatoria fue rechazada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU de Pennsylvania), el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, el Fondo de Defensa Legal y Educativo Puertorriqueño, Cozen O’Connor, el Proyecto de Justicia Comunitaria, y varios abogados locales.
Tras un juicio, un juez federal El 26 de julio del 2007, el juez del fuero federal James M. Munley, dictaminó en marzo de 2007 que las legislación era anticonstitucional y le prohibió al Gobierno municipal de Hazleton aplicarla.
Zona de ejercicio de la intolerancia
Arizona es la zona de prueba de las leyes más intolerantes para con los indocumentados en territorio estadounidense.
Dominada por los republicanos, es la principal puerta de entrada para los inmigrantes hacia ese país, y tiene leyes que van desde la prohibición de becas estudiantiles hasta la negación de fianzas para los indiciados en esta situación.
Es así como en 2004 fue votada a favor la Proposición 200, iniciativa que limita el acceso a beneficios públicos a los inmigrantes indocumentados. Se sometió una demanda encabezada por el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés) con el argumento que la ley tendría un impacto devastador sobre los ciudadanos estadounidenses, puesto que las regulaciones federales ya establecen que los indocumentados no califican para beneficios públicos como un seguro médico, estampillas de comida o subsidios de vivienda.
En marzo de 2005 fue aprobada la Ley SB1372 “Human Trafficking Violation”, también conocida como “Ley anticoyote”, en vigor a partir de agosto del mismo año, y que a mediados de 2007 desató en el condado de Maricopa, con el sheriff Joe Arpaio al frente, una cacería de inmigrantes, valiéndose de policías y voluntarios. Arpaio argumentaba que los inmigrantes son “criminales” porque, según él, “conspiraron para entrar a los Estados Unidos”.
En noviembre de 2006 fue aprobada la Ley 100, la cual niega el derecho a fianza para los indocumentados acusados de delitos graves, esto es, aquellas infracciones que se castigan con pena penitenciaria en Arizona.
Dos años después, la gobernadora Jan Brewer firmó la Ley HB 2008, creada dentro de un paquete legislativo para resolver el déficit fiscal de Arizona, y exige a los empleados del Estado o de cualquier dependencia del Gobierno que recibe fondos estatales, denunciar a un inmigrante indocumentado que solicite un beneficio público. Los trabajadores del Gobierno podían enfrentar hasta cuatro meses de cárcel de no comparecer con las nuevas regulaciones.
En ese año, un total de mil 305 leyes relacionadas con la inmigración fueron votadas en los Estados Unidos, 38 de las cuales fueron promulgadas.
La nueva ley criminaliza todo contacto con indocumentados
“No importa si no eres migrante, el simple conocimiento de que una persona tiene un estatus fuera de la ley en materia de migración, te convierte en un criminal”, señaló Ben Miranda, legislador demócrata en Arizona.
En entrevista telefónica, el también presidente del Comité de Regulaciones y Judicial, señaló que lo más preocupante es que la Policía “utilizará cada vez más frecuentemente justificaciones raciales para actuar autoritariamente”; el perfil racial se convierte ahora en un fuero o en un aliciente para que actúen en tu contra.
El legislador señaló que esto va en contra de cualquier intento por hacer más eficiente el sistema judicial de Arizona, ya que “una persona que sea testigo de un crimen se va a negar a cooperar por su estatus migratorio”.
Para Miranda, “la sociedad de Arizona está dividida”. Aunque los republicanos mostraron una encuesta en la que probaban que 70% de los americanos estaba a favor de la ley, Miranda enfatizó que “la forma en que la pregunta fue formulada es fundamental para la respuesta”.
El también experto en temas migratorios señaló que lo “único que busca esta ley es hacerle la vida más pesada a los migrantes, su único objetivo es eliminar un fenómeno que es natural a la globalización, la migración es un proceso de intercambio como otros”.
Para Miranda, una reforma migratoria integral debe comenzar con la reunificación de la familia como célula base de la normalización del migrante. “Si la familia está separada, esto conlleva una anormalidad, el fenómeno ya existe, debemos regularlo con sentido humano”.
Para concluir, el demócrata dijo que la ley puede desencadenar un impulso antimigratorio en otros estados. “Hay diez estados que yo conozco que estaban esperando a que Arizona diera el primer paso, ojalá que no sentemos un precedente negativo”.
Intentan frenar la SB 1070
Los actores y sus escenarios
Felipe Calderón, al Capitolio
El Presidente anunció la defensa de los mexicanos ante la inaceptable y discriminatoria ley aprobada en Arizona, porque la criminalización abre la puerta al odio y a la intolerancia.
Dijo que en mayo próximo hará patente su inconformidad en el Congreso de Estados Unidos y ante el presidente Barack Obama. “Tengan la certeza de que en las reuniones y en los espacios que como Presidente de México habré de tener, estará presente el tema, indeclinablemente, de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, y la imperiosa necesidad de avanzar a esquemas racionales sensatos, humanos y equilibrados”.
El Mandatario mexicano dijo que estos esquemas humanos deben ser “sin menoscabo del derecho que tiene cualquier país de regular las leyes de su propio territorio, (pero) sí permitan, como he dicho, una migración ordenada, integral, comprensiva y justa”.
Phil Gordon, en Phoenix
El alcalde de Phoenix pide hoy al Cabildo de Gobierno de la capital de Arizona la autorización para que el procurador de distrito local demande (apele) la ley antiinmigrantes SB 1070 ante una Corte estatal de Arizona.
Gordon señaló que el procurador puede pedir a una corte una orden para que la legislación, conocida como la más severa contra los inmigrantes en Estados Unidos, quede sin efecto en tanto se determina si es constitucional y si de activarse no afectaría los derechos de las personas.
Bloque de congresistas hispanos
Los legisladores federales Luis Gutiérrez, Raúl Grijalva y Ed Pastora presentarán esta tarde un punto de acuerdo para que el Congreso se pronuncie contra la legislación estatal. El congresista Gutiérrez instó “a la multitud” a retomar los ejemplos de César Chávez, el extinto dirigente del movimiento campesino y la respuesta popular latina a la aprobación de la ley 187 en California. El asambleísta de Queens, José Peralta, también se manifestó al respecto al decir que “es una ley injusta. Se está diciendo que la xenofobia es aceptable. No sólo afecta a los latinos, sino a todo el movimiento de derechos civiles”.
En 2005, ante las legislaturas de Estados Unidos fueron presentadas 300 leyes, 38 de las cuales fueron promulgadas y seis vetadas. Al año siguiente la actividad en la materia casi dobló al presentarse 570 legislaciones; 84 promulgadas y seis vetos.
El parteaguas lo constituye 2007, cuando la cantidad de leyes presentadas ante las legislaturas estatales se triplicó hasta mil 572, así como la cifra de normativas promulgadas, con 240; el número de vetos también se elevó a 12.
En 2008, se contaron mil 305 proyectos de ley relacionados con la inmigración, 206 de los cuales fueron promulgados y tres vetados, con un nuevo repunte en 2009, cuando se presentaron cerca de mil 500 leyes, se promulgaron 222 y se vetaron 20, indica un reporte de la National Conference of State Legislatures.
En total, en 2009 fueron promulgadas un total de 353 Leyes.
Las principales áreas en las que fueron presentadas refieren a la identificación para emitir licencias de conducir (46 leyes aprobadas), seguidas por las que tienen que ver con la salud (28) y la educación (27). Cabe destacar que las leyes que tienen que ver con el tráfico de seres humanos (16) se triplicaron con relación a las presentadas durante 2008 (cinco), y en materia de salud y educación doblaron en cantidad con relación a ese año.
En el área de licencias de conducir, el tópico más numeroso, fueron presentadas en 33 estados y refieren a la documentación y requisitos para emitir una de estas identificaciones.
Cabe recordar que el gobernador de California, el Estado con más iniciativas, Arnold Schwarzenegger, ha vetado la iniciativa de otorgar licencias de conducir a los indocumentados, en al menos ocho ocasiones desde que fue electo, bajo el argumento de que la medida vulnera la seguridad nacional.
En materia de salud, fueron promulgadas en 12 estados, y tienen que ver con la elección de prestaciones y la concesión de licencias a profesionales de la salud e intérpretes.
En cuanto a educación, las leyes promulgadas refieren a los requisitos para la residencia de estudiantes con respecto a becas, beneficios de educación post-secundaria y admisión a instituciones educativas.
En entidades como Arkansas, una ley limita las becas a los ciudadanos residentes permanentes o legales, mientras que las leyes en materia de empleo, que prevén sanciones a los empleadores en relación con la contratación de trabajadores no autorizados, llegaron a 21 en 2009.
TELÓN DE FONDO
Alabama, un hito en los derechos civiles
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos podría anular la “Ley Arizona”. El antecedente se encuentra en 1956, cuando declaró ilegal la llamada ley de Jim Crow (Separados, pero iguales) que obligaba a las personas de raza negra y de otros grupos étnicos a ocupar lugares distintos en autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos.
En esa época la discriminación en Estados Unidos y principalmente en el Estado de Alabama llegaba a tal punto en que si una persona de raza negra se sentaba en un lugar exclusivo para blancos podría ser detenida, tal como ocurrió con Rosa Parks, una afroamericana que fue a la cárcel en diciembre de 1955 por negarse a dejar un asiento de autobús para que se sentara un blanco.
El hecho es considerado el inició del movimiento por los derechos civiles, cuyo máximo líder fue Martin Luther King, un reverendo bautista hasta entonces desconocido que encabezó ese año un boicot contra el propio sistema de transporte de Montgomery.
La parálisis de las vías de comunicación duró 382 días y obligó a la las autoridades estatales a levantar la ley racial y años después, en 1956, la Corte Suprema resolvió anular dicha legislación al considerar que iba en contra de la Constitución estadounidense.
Otro ejemplo de legislación racial Estados Unidos se presentó en 2007, también en Alabama, cuando las autoridades estatales aprobaron una ley para que los indocumentados ilegales no tuvieran servicios médicos gratuitos.
La medida despojó a cinco mil personas del programa Medicaid que no pudieron presentar documentos de residencia, pero de acuerdo con el diario “The Birmingham News”, de esa cantidad sólo 115 eran hispanos, por lo que una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses de bajos recursos se quedaron sin el seguro médico.
Antes, en 2006, en Pennsylvania se aprobó la llamada Ley Hazleton, que obligaba a los dueños de negocios o de edificios a investigar la condición migratoria de sus empleados e inquilinos. La ley a todas luces discriminatoria fue rechazada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU de Pennsylvania), el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, el Fondo de Defensa Legal y Educativo Puertorriqueño, Cozen O’Connor, el Proyecto de Justicia Comunitaria, y varios abogados locales.
Tras un juicio, un juez federal El 26 de julio del 2007, el juez del fuero federal James M. Munley, dictaminó en marzo de 2007 que las legislación era anticonstitucional y le prohibió al Gobierno municipal de Hazleton aplicarla.
Zona de ejercicio de la intolerancia
Arizona es la zona de prueba de las leyes más intolerantes para con los indocumentados en territorio estadounidense.
Dominada por los republicanos, es la principal puerta de entrada para los inmigrantes hacia ese país, y tiene leyes que van desde la prohibición de becas estudiantiles hasta la negación de fianzas para los indiciados en esta situación.
Es así como en 2004 fue votada a favor la Proposición 200, iniciativa que limita el acceso a beneficios públicos a los inmigrantes indocumentados. Se sometió una demanda encabezada por el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés) con el argumento que la ley tendría un impacto devastador sobre los ciudadanos estadounidenses, puesto que las regulaciones federales ya establecen que los indocumentados no califican para beneficios públicos como un seguro médico, estampillas de comida o subsidios de vivienda.
En marzo de 2005 fue aprobada la Ley SB1372 “Human Trafficking Violation”, también conocida como “Ley anticoyote”, en vigor a partir de agosto del mismo año, y que a mediados de 2007 desató en el condado de Maricopa, con el sheriff Joe Arpaio al frente, una cacería de inmigrantes, valiéndose de policías y voluntarios. Arpaio argumentaba que los inmigrantes son “criminales” porque, según él, “conspiraron para entrar a los Estados Unidos”.
En noviembre de 2006 fue aprobada la Ley 100, la cual niega el derecho a fianza para los indocumentados acusados de delitos graves, esto es, aquellas infracciones que se castigan con pena penitenciaria en Arizona.
Dos años después, la gobernadora Jan Brewer firmó la Ley HB 2008, creada dentro de un paquete legislativo para resolver el déficit fiscal de Arizona, y exige a los empleados del Estado o de cualquier dependencia del Gobierno que recibe fondos estatales, denunciar a un inmigrante indocumentado que solicite un beneficio público. Los trabajadores del Gobierno podían enfrentar hasta cuatro meses de cárcel de no comparecer con las nuevas regulaciones.
En ese año, un total de mil 305 leyes relacionadas con la inmigración fueron votadas en los Estados Unidos, 38 de las cuales fueron promulgadas.
La nueva ley criminaliza todo contacto con indocumentados
“No importa si no eres migrante, el simple conocimiento de que una persona tiene un estatus fuera de la ley en materia de migración, te convierte en un criminal”, señaló Ben Miranda, legislador demócrata en Arizona.
En entrevista telefónica, el también presidente del Comité de Regulaciones y Judicial, señaló que lo más preocupante es que la Policía “utilizará cada vez más frecuentemente justificaciones raciales para actuar autoritariamente”; el perfil racial se convierte ahora en un fuero o en un aliciente para que actúen en tu contra.
El legislador señaló que esto va en contra de cualquier intento por hacer más eficiente el sistema judicial de Arizona, ya que “una persona que sea testigo de un crimen se va a negar a cooperar por su estatus migratorio”.
Para Miranda, “la sociedad de Arizona está dividida”. Aunque los republicanos mostraron una encuesta en la que probaban que 70% de los americanos estaba a favor de la ley, Miranda enfatizó que “la forma en que la pregunta fue formulada es fundamental para la respuesta”.
El también experto en temas migratorios señaló que lo “único que busca esta ley es hacerle la vida más pesada a los migrantes, su único objetivo es eliminar un fenómeno que es natural a la globalización, la migración es un proceso de intercambio como otros”.
Para Miranda, una reforma migratoria integral debe comenzar con la reunificación de la familia como célula base de la normalización del migrante. “Si la familia está separada, esto conlleva una anormalidad, el fenómeno ya existe, debemos regularlo con sentido humano”.
Para concluir, el demócrata dijo que la ley puede desencadenar un impulso antimigratorio en otros estados. “Hay diez estados que yo conozco que estaban esperando a que Arizona diera el primer paso, ojalá que no sentemos un precedente negativo”.
Intentan frenar la SB 1070
Los actores y sus escenarios
Felipe Calderón, al Capitolio
El Presidente anunció la defensa de los mexicanos ante la inaceptable y discriminatoria ley aprobada en Arizona, porque la criminalización abre la puerta al odio y a la intolerancia.
Dijo que en mayo próximo hará patente su inconformidad en el Congreso de Estados Unidos y ante el presidente Barack Obama. “Tengan la certeza de que en las reuniones y en los espacios que como Presidente de México habré de tener, estará presente el tema, indeclinablemente, de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, y la imperiosa necesidad de avanzar a esquemas racionales sensatos, humanos y equilibrados”.
El Mandatario mexicano dijo que estos esquemas humanos deben ser “sin menoscabo del derecho que tiene cualquier país de regular las leyes de su propio territorio, (pero) sí permitan, como he dicho, una migración ordenada, integral, comprensiva y justa”.
Phil Gordon, en Phoenix
El alcalde de Phoenix pide hoy al Cabildo de Gobierno de la capital de Arizona la autorización para que el procurador de distrito local demande (apele) la ley antiinmigrantes SB 1070 ante una Corte estatal de Arizona.
Gordon señaló que el procurador puede pedir a una corte una orden para que la legislación, conocida como la más severa contra los inmigrantes en Estados Unidos, quede sin efecto en tanto se determina si es constitucional y si de activarse no afectaría los derechos de las personas.
Bloque de congresistas hispanos
Los legisladores federales Luis Gutiérrez, Raúl Grijalva y Ed Pastora presentarán esta tarde un punto de acuerdo para que el Congreso se pronuncie contra la legislación estatal. El congresista Gutiérrez instó “a la multitud” a retomar los ejemplos de César Chávez, el extinto dirigente del movimiento campesino y la respuesta popular latina a la aprobación de la ley 187 en California. El asambleísta de Queens, José Peralta, también se manifestó al respecto al decir que “es una ley injusta. Se está diciendo que la xenofobia es aceptable. No sólo afecta a los latinos, sino a todo el movimiento de derechos civiles”.