Internacional
EU no presenta cargos por muerte de mexicano en frontera en 2010
Con el argumento de no tener suficiente evidencia el Departamento de Justicia desecha cargos en contra de los doce oficiales fronterizos involucrados en la muerte de Anastasio Hernández
WASHINTONG, ESTADOS UNIDOS (06/NOV/2015).- La Justicia estadounidense desestimó hoy presentar cargos por la muerte de un ciudadano mexicano en 2010 en la frontera de California con México a manos de una docena de agentes federales, lo que pone fin a la investigación.
El Departamento de Justicia anunció hoy que no presentará cargos criminales en contra de los doce oficiales fronterizos involucrados en la muerte del mexicano Anastasio Hernández, argumentando que no se cuenta con evidencia suficiente.
"Tras una revisión completa y cuidadosa, un equipo de experimentados fiscales federales determinó que las pruebas son insuficientes para presentar cargos criminales", señala un comunicado emitido hoy por la agencia federal.
Anastasio Hernández Rojas, de 42 años, murió en 2010 a consecuencia de una brutal paliza y detonaciones eléctricas que le fueron propinadas por una docena de agentes federales en el área de deportaciones entre San Diego y Tijuana en un hecho que quedó evidenciado en dos vídeos captados por testigos y que fueron difundidos en medios de comunicación.
Pese a reconocer que el uso de una pistola taser fue uno de los factores que contribuyó en la muerte del inmigrante mexicano, autoridades federales detallaron que no hay pruebas para comprobar sin duda razonable que los oficiales actuaron con malicia.
"Si bien la pérdida de vidas es lamentable, los argumentos en este asunto no apoyan un caso federal. En consecuencia, la investigación sobre este caso ha sido cerrada", concluye el reporte del Departamento de Justicia.
El anuncio causó indignación entre los familiares de Hernández Rojas, quienes habían esperado por cinco años para que el caso que fue dictaminado por la Oficina del Médico Forense como homicidio, fuera llevado a tribunales.
"¿Cómo podemos creer en el Gobierno si no fueron capaces de darnos justicia? Desde un inicio parecía que la investigación favorecía a los oficiales, ellos se salieron con la suya", subrayó María Puga, viuda de Hernández, quien dijo no poder creer que los vídeos que muestran los hechos no fueran suficientes para las autoridades.
Bernardo Hernández, hermano del fallecido lamentó a su vez que los agentes involucrados en aquella trágica noche hayan quedado impunes.
"Si alguien golpea un perro, recibe cargos. Estos oficiales mataron a mi hermano pero no les va a pasar nada, esto no está bien, ¿dónde quedó la justicia?", comentó.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó de "aterrador" la determinación del Gobierno federal, que fue hecha en una época en que agencias fronterizas han manifestado su intención de ser más transparentes ante la ciudadanía.
"La decisión del Departamento de Justicia de permitir que los oficiales involucrados en este homicidio salgan libres es contraria a cualquier noción de justicia o rendición de cuentas y es un golpe devastador a comunidades fronterizas que continúan sufriendo los abusos generalizados a manos de agentes federales que no rinden cuentas", comentó Mitra Ebadolahi, representante de ACLU en San Diego.
De su parte, el director del Comité de Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos, señaló que ya están considerando vías legales a nivel internacional para continuar con esta lucha, tomando en cuenta que la decisión es inapelable.
"Estamos buscando otros medios, otras posibilidades legales para poder darle seguimiento y eventualmente presentarle cargos a los agentes", adelantó el activista a Efe.
Aunque la investigación criminal fue cerrada, la demanda civil en contra de los oficiales continúa activa en la Corte Federal del Distrito Sur de California.
"Esto no tiene impacto al caso civil, ese sigue caminando a su debido paso", señaló Ríos.
En reacción, el consulado general de México en San Diego, California, lamentó el anuncio hecho por el Departamento de Justicia estadounidense.
"La determinación de las autoridades estadounidenses se contrapone al espíritu de colaboración impulsado por los gobiernos federales de ambos países. Asimismo, contraviene los esfuerzos de la red consular mexicana que busca fomentar lazos de confianza entre la comunidad y sus autoridades policiacas y de procuración de justicia", dijo el consulado en un comunicado.
"La decisión genera la percepción de que las acciones indebidas de los oficiales encargados del cumplimiento de la ley quedan impunes", agregó.
El Departamento de Justicia anunció hoy que no presentará cargos criminales en contra de los doce oficiales fronterizos involucrados en la muerte del mexicano Anastasio Hernández, argumentando que no se cuenta con evidencia suficiente.
"Tras una revisión completa y cuidadosa, un equipo de experimentados fiscales federales determinó que las pruebas son insuficientes para presentar cargos criminales", señala un comunicado emitido hoy por la agencia federal.
Anastasio Hernández Rojas, de 42 años, murió en 2010 a consecuencia de una brutal paliza y detonaciones eléctricas que le fueron propinadas por una docena de agentes federales en el área de deportaciones entre San Diego y Tijuana en un hecho que quedó evidenciado en dos vídeos captados por testigos y que fueron difundidos en medios de comunicación.
Pese a reconocer que el uso de una pistola taser fue uno de los factores que contribuyó en la muerte del inmigrante mexicano, autoridades federales detallaron que no hay pruebas para comprobar sin duda razonable que los oficiales actuaron con malicia.
"Si bien la pérdida de vidas es lamentable, los argumentos en este asunto no apoyan un caso federal. En consecuencia, la investigación sobre este caso ha sido cerrada", concluye el reporte del Departamento de Justicia.
El anuncio causó indignación entre los familiares de Hernández Rojas, quienes habían esperado por cinco años para que el caso que fue dictaminado por la Oficina del Médico Forense como homicidio, fuera llevado a tribunales.
"¿Cómo podemos creer en el Gobierno si no fueron capaces de darnos justicia? Desde un inicio parecía que la investigación favorecía a los oficiales, ellos se salieron con la suya", subrayó María Puga, viuda de Hernández, quien dijo no poder creer que los vídeos que muestran los hechos no fueran suficientes para las autoridades.
Bernardo Hernández, hermano del fallecido lamentó a su vez que los agentes involucrados en aquella trágica noche hayan quedado impunes.
"Si alguien golpea un perro, recibe cargos. Estos oficiales mataron a mi hermano pero no les va a pasar nada, esto no está bien, ¿dónde quedó la justicia?", comentó.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó de "aterrador" la determinación del Gobierno federal, que fue hecha en una época en que agencias fronterizas han manifestado su intención de ser más transparentes ante la ciudadanía.
"La decisión del Departamento de Justicia de permitir que los oficiales involucrados en este homicidio salgan libres es contraria a cualquier noción de justicia o rendición de cuentas y es un golpe devastador a comunidades fronterizas que continúan sufriendo los abusos generalizados a manos de agentes federales que no rinden cuentas", comentó Mitra Ebadolahi, representante de ACLU en San Diego.
De su parte, el director del Comité de Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos, señaló que ya están considerando vías legales a nivel internacional para continuar con esta lucha, tomando en cuenta que la decisión es inapelable.
"Estamos buscando otros medios, otras posibilidades legales para poder darle seguimiento y eventualmente presentarle cargos a los agentes", adelantó el activista a Efe.
Aunque la investigación criminal fue cerrada, la demanda civil en contra de los oficiales continúa activa en la Corte Federal del Distrito Sur de California.
"Esto no tiene impacto al caso civil, ese sigue caminando a su debido paso", señaló Ríos.
En reacción, el consulado general de México en San Diego, California, lamentó el anuncio hecho por el Departamento de Justicia estadounidense.
"La determinación de las autoridades estadounidenses se contrapone al espíritu de colaboración impulsado por los gobiernos federales de ambos países. Asimismo, contraviene los esfuerzos de la red consular mexicana que busca fomentar lazos de confianza entre la comunidad y sus autoridades policiacas y de procuración de justicia", dijo el consulado en un comunicado.
"La decisión genera la percepción de que las acciones indebidas de los oficiales encargados del cumplimiento de la ley quedan impunes", agregó.