Internacional
Finalizan audiencias en Arizona sin dictamen
La jueza Susan Bolton no cree que la polémica legislación pueda entrar en vigencia el próximo jueves; nuevas marchas de repudio
PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (23/JUL/2010).- Una jueza federal de Phoenix, que escuchó a partidarios y adversarios de la polémica ley de inmigración que criminaliza a los indocumentados en Arizona, expresó dudas sobre la constitucionalidad de la norma prevista para entrar en vigor el 29 de julio.
La jueza Susan Bolton escuchó a los abogados de todas las partes en una audiencia donde la defensa de la Casa Blanca argumentó que los asuntos de inmigración son de competencia exclusiva del Gobierno federal y que las legislaciones locales no pueden prevalecer sobre los códigos federales o la Constitución.
La jueza expresó su escepticismo de que esta ley pueda ser aplicada por las fuerzas del orden y calificó de “torpe” el lenguaje de la ley.
Bolton no tiene previsto ninguna audiencia antes del 29 de julio, cuando debería entrar en vigor la ley, pero podría emitir un fallo antes de esa fecha.
La gobernadora republicana de Arizona, Jen Brewer, emitió un comunicado luego de asistir a la audiencia.
“Es evidente que la jueza Bolton comprende bien las cuestiones importantes que está examinando hoy”.
“Creo eso, la argumentación del Estado fue una presentación bien preparada en la dirección que queremos tomar para nuestro Estado y para los ciudadanos de Arizona”.
La jueza Bolton consultó al abogado de Brewer, John Bouma, sobre la parte de la ley que según los adversarios puede prestarse a que la policía interrogue a cualquier ciudadano de apariencia hispana.
“No está basado en la realidad”, dijo Bouma. “Si vamos a pedir identificación a cada quien que parezca hispano, eso sería imposible”.
En las afueras del palacio de justicia local Sandra Day O’Connor, en el centro de Phoenix, decenas de manifestantes resguardados por cordones policiales protestaron en contra la ley, que según sondeos recientes es una medida popular en el Estado y con importante respaldo en el país.
Siete opositores a la ley fueron detenidos después de que se sentaron en la transitada intersección de dos avenidas frente al tribunal. Ahí desplegaron una manta que advertía en inglés: “No cumpliremos”, en referencia a la nueva disposición.
CON INFORMACIÓN DE AFP Y NOTIMEX
Esperan respuesta
Lista de demandas interpuestas
El policía de Phoenix, David Salgado, sostiene que la ley viola los derechos a la protección igualitaria. Salgado ya fue escuchado en una audiencia.
Martin Escobar, policía de Tucson, dice que no existe un criterio neutral racial que pueda ser aplicado para identificar indocumentados en el Estado. El oficial expuso su caso ante la jueza Susan Bolton.
La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), asegura que la ley es anticonstitucional. La jueza escuchó sus demandas en la audiencia.
El Departamento de Justicia estadounidense declara inconstitucional la Ley SB 1070 ya que la migración es un asunto federal, no estatal. Presentó el caso en una audiencia.
El estadounidense de origen hispano Robert Javier Frisancho, argumenta que la ley viola el derecho del Gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración. Espera fecha de audiencia.
La Coalición Nacional de Clérigos Latinos y Líderes Cristianos argumenta que la ley viola sus derechos civiles. No han logrado exponerse frente a un juez.
La organización “Legal Momentum” que defiende a víctimas de violencia doméstica, asegura que la ley elimina la protección a mujeres que son abusadas.
Siete países latinoamericanos —además de México— mostraron su preocupación y condena contra la ley: Uruguay, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Cuba y Chile.
La jueza Susan Bolton escuchó a los abogados de todas las partes en una audiencia donde la defensa de la Casa Blanca argumentó que los asuntos de inmigración son de competencia exclusiva del Gobierno federal y que las legislaciones locales no pueden prevalecer sobre los códigos federales o la Constitución.
La jueza expresó su escepticismo de que esta ley pueda ser aplicada por las fuerzas del orden y calificó de “torpe” el lenguaje de la ley.
Bolton no tiene previsto ninguna audiencia antes del 29 de julio, cuando debería entrar en vigor la ley, pero podría emitir un fallo antes de esa fecha.
La gobernadora republicana de Arizona, Jen Brewer, emitió un comunicado luego de asistir a la audiencia.
“Es evidente que la jueza Bolton comprende bien las cuestiones importantes que está examinando hoy”.
“Creo eso, la argumentación del Estado fue una presentación bien preparada en la dirección que queremos tomar para nuestro Estado y para los ciudadanos de Arizona”.
La jueza Bolton consultó al abogado de Brewer, John Bouma, sobre la parte de la ley que según los adversarios puede prestarse a que la policía interrogue a cualquier ciudadano de apariencia hispana.
“No está basado en la realidad”, dijo Bouma. “Si vamos a pedir identificación a cada quien que parezca hispano, eso sería imposible”.
En las afueras del palacio de justicia local Sandra Day O’Connor, en el centro de Phoenix, decenas de manifestantes resguardados por cordones policiales protestaron en contra la ley, que según sondeos recientes es una medida popular en el Estado y con importante respaldo en el país.
Siete opositores a la ley fueron detenidos después de que se sentaron en la transitada intersección de dos avenidas frente al tribunal. Ahí desplegaron una manta que advertía en inglés: “No cumpliremos”, en referencia a la nueva disposición.
CON INFORMACIÓN DE AFP Y NOTIMEX
Esperan respuesta
Lista de demandas interpuestas
El policía de Phoenix, David Salgado, sostiene que la ley viola los derechos a la protección igualitaria. Salgado ya fue escuchado en una audiencia.
Martin Escobar, policía de Tucson, dice que no existe un criterio neutral racial que pueda ser aplicado para identificar indocumentados en el Estado. El oficial expuso su caso ante la jueza Susan Bolton.
La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), asegura que la ley es anticonstitucional. La jueza escuchó sus demandas en la audiencia.
El Departamento de Justicia estadounidense declara inconstitucional la Ley SB 1070 ya que la migración es un asunto federal, no estatal. Presentó el caso en una audiencia.
El estadounidense de origen hispano Robert Javier Frisancho, argumenta que la ley viola el derecho del Gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración. Espera fecha de audiencia.
La Coalición Nacional de Clérigos Latinos y Líderes Cristianos argumenta que la ley viola sus derechos civiles. No han logrado exponerse frente a un juez.
La organización “Legal Momentum” que defiende a víctimas de violencia doméstica, asegura que la ley elimina la protección a mujeres que son abusadas.
Siete países latinoamericanos —además de México— mostraron su preocupación y condena contra la ley: Uruguay, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Cuba y Chile.