Internacional
Inmigrantes exponen casos ante ley de Montana
La ley establece que se debe presentar documentos que prueben la ciudadanía o el estado legal de cualquier persona que solicite servicios estatales
MONTANA, ESTADOS UNIDOS (21/MAR/2013).- Ocho hispanos residentes permanentes de Estados Unidos, que anteriormente habían sido ilegales, señalaron que una nueva ley de Montana los coloca en riesgo de que se les nieguen servicios de que se les trate como ciudadanos de segunda categoría.
Los hombres, que nacieron en México, Guatemala y El Salvador, contaron sus historias en declaraciones bajo juramento, en respaldo de una demanda legal que impugna la ley, sometida a votación entre los habitantes de Montana por los legisladores republicanos y aprobada por un margen arrollador.
Un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes y el principal sindicato de Montana le pidieron a un juez que bloquee la aplicación de la ley en el estado y que la declare inconstitucional. Entre otros problemas, un abogado de inmigración de Helena, la capital estatal, dijo que la ley define como "inmigrante sin autorización legal" a toda persona que no tenga ciudadanía estadounidense y que haya ingresado ilegalmente o siga residiendo sin autorización en el país.
La ley establece que se debe presentar documentos que prueben la ciudadanía o el estado legal de cualquier persona que solicite servicios estatales, desde ayuda por desempleo hasta los beneficios para discapacitados y apoyo a las víctimas de crímenes. Si un solicitante no puede probar su estado legal en el país, entonces la agencia estatal tiene la obligación de reportar el nombre a las autoridades de inmigración.
Las agencias aún no han divulgado los reglamentos que indican cómo se aplicará el nuevo plan, ni cómo entrenará a los empleados para verificar los documentos.
Por lo tanto, según la nueva ley, aquéllos que tienen residencia legal ahora pero que ingresaron sin permiso seguirían considerándose carentes de autorización, destacó el abogado Shahid Haque-Hausrath.
Entre ellos se incluye Luis Alberto Alonzo, de 42 años, quien ingresó sin autorización a Estados Unidos en 1989, y padre de dos niños con problemas de desarrollo, uno de los cuales, tiene parálisis cerebral, es ciego, sufre daños en los pulmones y en el corazón y padece de convulsiones.
Un juez de inmigración le concedió la residencia permanente legal a Alonzo en el 2011 y determinó que depende de ayuda estatal para cuidar de sus hijos. Pero ahora al hombre le preocupa que la nueva ley le perjudique, revierta su legalización y le impida recibir los servicios para sus hijos, dijo en una declaración judicial.
El portavoz del Departamento de Justicia de Montana, John Barnes, no respondió de inmediato sobre la demanda. Pero a principios de mes, el asesor legal de Montana, Lawrence VanDyke, le pidió al juez Jeffrey Sherlock que deseche la demanda.
La demanda fue entablada por los grupos Alianza de Justicia para el Inmigrante de Montana, Asociación de Educación de Montana-Federación de Maestros de Montana y la residente de este estado, Alisha Blair.
Los hombres, que nacieron en México, Guatemala y El Salvador, contaron sus historias en declaraciones bajo juramento, en respaldo de una demanda legal que impugna la ley, sometida a votación entre los habitantes de Montana por los legisladores republicanos y aprobada por un margen arrollador.
Un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes y el principal sindicato de Montana le pidieron a un juez que bloquee la aplicación de la ley en el estado y que la declare inconstitucional. Entre otros problemas, un abogado de inmigración de Helena, la capital estatal, dijo que la ley define como "inmigrante sin autorización legal" a toda persona que no tenga ciudadanía estadounidense y que haya ingresado ilegalmente o siga residiendo sin autorización en el país.
La ley establece que se debe presentar documentos que prueben la ciudadanía o el estado legal de cualquier persona que solicite servicios estatales, desde ayuda por desempleo hasta los beneficios para discapacitados y apoyo a las víctimas de crímenes. Si un solicitante no puede probar su estado legal en el país, entonces la agencia estatal tiene la obligación de reportar el nombre a las autoridades de inmigración.
Las agencias aún no han divulgado los reglamentos que indican cómo se aplicará el nuevo plan, ni cómo entrenará a los empleados para verificar los documentos.
Por lo tanto, según la nueva ley, aquéllos que tienen residencia legal ahora pero que ingresaron sin permiso seguirían considerándose carentes de autorización, destacó el abogado Shahid Haque-Hausrath.
Entre ellos se incluye Luis Alberto Alonzo, de 42 años, quien ingresó sin autorización a Estados Unidos en 1989, y padre de dos niños con problemas de desarrollo, uno de los cuales, tiene parálisis cerebral, es ciego, sufre daños en los pulmones y en el corazón y padece de convulsiones.
Un juez de inmigración le concedió la residencia permanente legal a Alonzo en el 2011 y determinó que depende de ayuda estatal para cuidar de sus hijos. Pero ahora al hombre le preocupa que la nueva ley le perjudique, revierta su legalización y le impida recibir los servicios para sus hijos, dijo en una declaración judicial.
El portavoz del Departamento de Justicia de Montana, John Barnes, no respondió de inmediato sobre la demanda. Pero a principios de mes, el asesor legal de Montana, Lawrence VanDyke, le pidió al juez Jeffrey Sherlock que deseche la demanda.
La demanda fue entablada por los grupos Alianza de Justicia para el Inmigrante de Montana, Asociación de Educación de Montana-Federación de Maestros de Montana y la residente de este estado, Alisha Blair.