Internacional
Instan a Venezuela a acatar fallo de Corte-IDH sobre edil
Cuando Venezuela ratificó la Convención Interamericana, entregó a la Corte-IDH la posibilidad de amparar a sus ciudadanos en sus decisiones
CARACAS, VENEZUELA (29/SEP/2011).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela debe acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso del exalcalde Leopoldo López o perdería su legitimidad, aseguró la experta Cecilia Sosa.
En diálogo con Notimex, la expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia venezolana señaló que cuando su país ratificó la Convención Interamericana, entregó a la Corte-IDH la posibilidad de amparar a sus ciudadanos en sus decisiones.
Explicó que la Carta Magna señala además que la Convención forma parte del ordenamiento interno y consagra el derecho que tienen todos los venezolanos de solicitar se les ampare siguiendo los procedimientos exigidos por el organismo.
'Por tanto, Venezuela está obligada jurídicamente a dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos', subrayó la abogada constitucionalista.
Sosa dijo que tanto la Corte-IDH como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen jerarquía constitucional, prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales.
'Si un tribunal, como es el caso de Venezuela, que defendió este derecho en la Corte, ahora no quiere acatar el fallo, estaría dando un pésimo ejemplo de alteración del sistema judicial y se expone a que sus sentencias tampoco sean respetadas', acotó.
Sosa manifestó que el desconocimiento del fallo traería como consecuencia la pérdida de legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia y ante los ojos del mundo y de los venezolanos quedaría desacreditado por el hecho de haber violado la Constitución.
'Esto es tan complejo que Venezuela ni siquiera puede denunciar el tratado, porque quedó fuertemente amarrada al sistema de defensa de los derechos humanos de ambos organismos', aclaró.
Sosa destacó que los órganos del Estado estarían expuestos a violar la Constitución y la Convención, al desconocer el fallo que estos organismos dictaron en favor de la habilitación de los derechos políticos de López, dirigente opositor de Voluntad Popular.
'Internacionalmente esto sería una vergüenza y nacionalmente la desgracia de tener un tribunal cuyas sentencias tampoco nadie acataría', puntualizó.
En tanto, el TSJ informó que ha recibido una solicitud de la Procuraduría General de la República contra el fallo de la Corte-IDH para determinar si sería inconstitucional la ejecución de la sentencia de la Corte de acuerdo con el derecho venezolano.
López, de 40 años, fue inhabilitado por la Contraloría General de la República por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñaba en 1998 como analista de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y como alcalde del rico municipio del Chacao.
El político, quien niega las acusaciones, busca ser el candidato opositor en las elecciones del 7 de octubre del 2012 ante el presidente Hugo Chávez, quien se postulará para un tercer mandato.
En diálogo con Notimex, la expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia venezolana señaló que cuando su país ratificó la Convención Interamericana, entregó a la Corte-IDH la posibilidad de amparar a sus ciudadanos en sus decisiones.
Explicó que la Carta Magna señala además que la Convención forma parte del ordenamiento interno y consagra el derecho que tienen todos los venezolanos de solicitar se les ampare siguiendo los procedimientos exigidos por el organismo.
'Por tanto, Venezuela está obligada jurídicamente a dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos', subrayó la abogada constitucionalista.
Sosa dijo que tanto la Corte-IDH como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen jerarquía constitucional, prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales.
'Si un tribunal, como es el caso de Venezuela, que defendió este derecho en la Corte, ahora no quiere acatar el fallo, estaría dando un pésimo ejemplo de alteración del sistema judicial y se expone a que sus sentencias tampoco sean respetadas', acotó.
Sosa manifestó que el desconocimiento del fallo traería como consecuencia la pérdida de legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia y ante los ojos del mundo y de los venezolanos quedaría desacreditado por el hecho de haber violado la Constitución.
'Esto es tan complejo que Venezuela ni siquiera puede denunciar el tratado, porque quedó fuertemente amarrada al sistema de defensa de los derechos humanos de ambos organismos', aclaró.
Sosa destacó que los órganos del Estado estarían expuestos a violar la Constitución y la Convención, al desconocer el fallo que estos organismos dictaron en favor de la habilitación de los derechos políticos de López, dirigente opositor de Voluntad Popular.
'Internacionalmente esto sería una vergüenza y nacionalmente la desgracia de tener un tribunal cuyas sentencias tampoco nadie acataría', puntualizó.
En tanto, el TSJ informó que ha recibido una solicitud de la Procuraduría General de la República contra el fallo de la Corte-IDH para determinar si sería inconstitucional la ejecución de la sentencia de la Corte de acuerdo con el derecho venezolano.
López, de 40 años, fue inhabilitado por la Contraloría General de la República por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñaba en 1998 como analista de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y como alcalde del rico municipio del Chacao.
El político, quien niega las acusaciones, busca ser el candidato opositor en las elecciones del 7 de octubre del 2012 ante el presidente Hugo Chávez, quien se postulará para un tercer mandato.