Internacional
Investigan supuesta ejecución extrajudicial por militares de un ecuatoriano
José Antonio Otavalo, de 21 años, murió el 12 de abril de 2008 y fue reportado por el Ejército como muerto en combates con guerrilleros de las FARC
BOGOTÁ, COLOMBIA.- La Fiscalía de la ciudad colombiana de Pasto (suroeste) investiga las denuncias de la supuesta ejecución extrajudicial de un ciudadano ecuatoriano por parte de militares colombianos que lo hicieron pasar como un guerrillero muerto en combate, informaron hoy sus familiares a la prensa local.
La agencia de noticias local Colprensa señaló que el ecuatoriano José Antonio Otavalo, de 21 años, murió el 12 de abril de 2008 y fue reportado por el Ejército como muerto en combates con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Su hermano Gregorio interpuso la denuncia ante la fiscalía de Pasto para tratar de esclarecer el hecho, y demandará al Gobierno colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta ejecución.
"Yo lo que quiero es que se haga justicia porque nosotrossomos unas personas pobres y mi hermano nunca debió morir así", indicó a esa agencia de noticias el ecuatoriano, que espera que el Gobierno de su país se pronuncie sobre el tema.
Gregorio aseguró que lleva un año buscando que la justicia colombiana lo escuche y le dé una respuesta clara de lo que le sucedió a su hermano.
Recordó que compartían un negocio de venta de ropa por varias localidades del suroeste de Colombia y un día salió a entregar varios encargos pendientes y no regresó nunca más al hotel donde se alojaban.
Al día siguiente inició su búsqueda y varios conocidos le dijeron que su hermano había estado en la localidad de Remolinos, adonde él viajó de inmediato y donde le informaron que una persona con las características de su pariente estaba en medicina forense de Pasto.
"Me mostraron unas fotos y no lo reconocí al principio porque estaba de camuflado y él ni siquiera prestó servicio militar, pero luego me mostraron otras de frente y le reconocí la cara", señaló.
La primera explicación que le dieron fue que su hermano había sido abatido en combate y que sus restos fueron encontrados en el municipio de Tangua, en el departamento de Nariño.
"Hasta ahora las pruebas que tenemos y las versiones que hemos encontrado, nos indican que fue un falso positivo pues prácticamente a él lo secuestró el Ejército en Remolinos, lo llevó al municipio de Tangua, y lo vistió de guerrillero", indicó William Pérez, el abogado que lo representa.
Por su parte, el jefe militar encargado de la zona, coronel Carlos Camacho, aseguró que por el momento no ha recibido ningún requerimiento de la Fiscalía para dar su versión de los hechos.
"Somos los primeros interesados en que se despejen todas las dudas frente a esta situación, estamos dispuestos, si es necesario, a aportar todos los elementos y documentos que sean necesarios para tal fin", agregó.
Este jueves el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, aseguró que los asesinatos de jóvenes civiles por parte de las fuerzas de seguridad en varias regiones de Colombia es la evidencia de que ésta ha sido una "práctica sistemática".
"El problema de los falsos positivos resultó de una práctica sistemática en el seno del Ejército", explicó Alston durante la presentación de un informe preliminar sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia que será elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
La expresión "falsos positivos" hace alusión en Colombia a los asesinatos de civiles por parte de fuerzas del orden, que los presentan después como guerrilleros muertos en combate.
La agencia de noticias local Colprensa señaló que el ecuatoriano José Antonio Otavalo, de 21 años, murió el 12 de abril de 2008 y fue reportado por el Ejército como muerto en combates con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Su hermano Gregorio interpuso la denuncia ante la fiscalía de Pasto para tratar de esclarecer el hecho, y demandará al Gobierno colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta ejecución.
"Yo lo que quiero es que se haga justicia porque nosotrossomos unas personas pobres y mi hermano nunca debió morir así", indicó a esa agencia de noticias el ecuatoriano, que espera que el Gobierno de su país se pronuncie sobre el tema.
Gregorio aseguró que lleva un año buscando que la justicia colombiana lo escuche y le dé una respuesta clara de lo que le sucedió a su hermano.
Recordó que compartían un negocio de venta de ropa por varias localidades del suroeste de Colombia y un día salió a entregar varios encargos pendientes y no regresó nunca más al hotel donde se alojaban.
Al día siguiente inició su búsqueda y varios conocidos le dijeron que su hermano había estado en la localidad de Remolinos, adonde él viajó de inmediato y donde le informaron que una persona con las características de su pariente estaba en medicina forense de Pasto.
"Me mostraron unas fotos y no lo reconocí al principio porque estaba de camuflado y él ni siquiera prestó servicio militar, pero luego me mostraron otras de frente y le reconocí la cara", señaló.
La primera explicación que le dieron fue que su hermano había sido abatido en combate y que sus restos fueron encontrados en el municipio de Tangua, en el departamento de Nariño.
"Hasta ahora las pruebas que tenemos y las versiones que hemos encontrado, nos indican que fue un falso positivo pues prácticamente a él lo secuestró el Ejército en Remolinos, lo llevó al municipio de Tangua, y lo vistió de guerrillero", indicó William Pérez, el abogado que lo representa.
Por su parte, el jefe militar encargado de la zona, coronel Carlos Camacho, aseguró que por el momento no ha recibido ningún requerimiento de la Fiscalía para dar su versión de los hechos.
"Somos los primeros interesados en que se despejen todas las dudas frente a esta situación, estamos dispuestos, si es necesario, a aportar todos los elementos y documentos que sean necesarios para tal fin", agregó.
Este jueves el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, aseguró que los asesinatos de jóvenes civiles por parte de las fuerzas de seguridad en varias regiones de Colombia es la evidencia de que ésta ha sido una "práctica sistemática".
"El problema de los falsos positivos resultó de una práctica sistemática en el seno del Ejército", explicó Alston durante la presentación de un informe preliminar sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia que será elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
La expresión "falsos positivos" hace alusión en Colombia a los asesinatos de civiles por parte de fuerzas del orden, que los presentan después como guerrilleros muertos en combate.