Internacional
Jueza anula despidos de 22 empleados públicos en Puerto Rico
Los despidos de más de 20 mil empleados públicos, según el gobierno, son para aliviar el déficit fiscal
SAN JUAN, PUERTO RICO.- Una jueza de San Juan anuló el martes los despidos de 22 empleados de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) y ordenó al gobierno puertorriqueño a excluir del plan de cesantías a esos servidores públicos.
La jueza Rebecca de León basó su decisión en una enmienda que se le introdujo a la Ley 7 de emergencia fiscal.
La magistrada acogió los argumentos de los empleados demandantes de que en julio la Ley 7 se enmendó para excluir a todo el personal de la OSAJ de la segunda ronda de despidos que implementó la Junta de Reestructuración Económica y Fiscal (JREF) que fue anunciada el 25 de septiembre.
Los despidos de más de 20 mil empleados públicos, según el gobierno, son para aliviar un déficit fiscal calculado en tres mil 200 millones de dólares.
“La enmienda incorporada a la Ley 7 literalmente excluye al personal de la OSAJ. De su lectura no se desprende que el legislador haya hecho algún tipo de reserva en cuanto a qué personal de esa oficina estaría sujeto a la aplicación de la Ley 7'', determinó la jueza en su sentencia de 12 páginas.
“En nuestro ordenamiento jurídico cuando la ley es clara y no hace distinciones, no procede que el tribunal las haga. Por tanto, a tenor con esa regla de hermenéutica, no nos corresponde hacer reservas o distinciones entre los empleados de la OSAJ porque el legislador no las hizo. Tampoco las puede hacer la parte demandada (gobierno)'', destacó De León.
Los despidos anunciados por el gobierno son efectivos el 6 de noviembre.
La JREF anunció el 25 de septiembre el despido de 16 mil 970 empleados públicos. El 29 de mayo, el gobierno había anunciado otros siete mil 816 despidos de servidores públicos, aunque más tarde el director de prensa de la casa de gobierno dijo que el total de despidos en mayo había llegado solo a cuatro mil 802.
La jueza Rebecca de León basó su decisión en una enmienda que se le introdujo a la Ley 7 de emergencia fiscal.
La magistrada acogió los argumentos de los empleados demandantes de que en julio la Ley 7 se enmendó para excluir a todo el personal de la OSAJ de la segunda ronda de despidos que implementó la Junta de Reestructuración Económica y Fiscal (JREF) que fue anunciada el 25 de septiembre.
Los despidos de más de 20 mil empleados públicos, según el gobierno, son para aliviar un déficit fiscal calculado en tres mil 200 millones de dólares.
“La enmienda incorporada a la Ley 7 literalmente excluye al personal de la OSAJ. De su lectura no se desprende que el legislador haya hecho algún tipo de reserva en cuanto a qué personal de esa oficina estaría sujeto a la aplicación de la Ley 7'', determinó la jueza en su sentencia de 12 páginas.
“En nuestro ordenamiento jurídico cuando la ley es clara y no hace distinciones, no procede que el tribunal las haga. Por tanto, a tenor con esa regla de hermenéutica, no nos corresponde hacer reservas o distinciones entre los empleados de la OSAJ porque el legislador no las hizo. Tampoco las puede hacer la parte demandada (gobierno)'', destacó De León.
Los despidos anunciados por el gobierno son efectivos el 6 de noviembre.
La JREF anunció el 25 de septiembre el despido de 16 mil 970 empleados públicos. El 29 de mayo, el gobierno había anunciado otros siete mil 816 despidos de servidores públicos, aunque más tarde el director de prensa de la casa de gobierno dijo que el total de despidos en mayo había llegado solo a cuatro mil 802.