Internacional
La SB -1070 es vulnerable
Orestes E. Díaz Rodríguez
GUADALAJARA, JALISCO.- Doce millones de personas viven ilegalmente en Estados Unidos, de ellas 460 mil lo hacen en Arizona. Legisladores republicanos del Estado aprobaron un proyecto que endurece el enfrentamiento contra la inmigración indocumentada. La gobernadora no dudó en convertirlo en ley.
Las reacciones no demoraron. El presidente Barack Obama declaró que la ley está mal encaminada. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, se pronunció en sentido similar. Asociaciones jurídicas migratorias y medios de comunicación han calificado la iniciativa de “plumazo” y de “ley que abre la temporada de caza”.
En México, el Presidente Felipe Calderón la acusó de avivar el odio, en tanto, mandatarios centroamericanos y hasta la OEA la tildan de contrariar el espíritu de una nación de inmigrantes.
No faltan apoyos sorprendentes, la asociación de jefes de policías de Arizona y Meghan McCain, hija del principal respaldo de la gobernadora Jan Brewer, el senador John McCain, se manifiestan en contra de la controversial ley.
Sin embargo, el clamor no puede ocultar que un grupo mayoritario de ciudadanos estadounidenses ven con buenos ojos la promulgación de la SB-1070, ante un aumento de la delincuencia relacionada con la violencia y las drogas que se filtran por la frontera mexicana.
¿Es constitucional la ley SB-1070 de Arizona?
Ningún Estado de la Unión tiene el poder de establecer su propio esquema legislativo para regular la inmigración. Es trabajo exclusivo del Gobierno federal. Los antecedentes de leyes estatales y locales con esa pretensión, la Corte Suprema las ha desechado.
Otra vulnerabilidad es que autorizar a los cuerpos de Policía del Estado a detener, interrogar y exigir documentos a las personas que los agentes no entrenados tengan razones para sospechar que son inmigrantes indocumentados, probablemente afecte la Cuarta Enmienda de la Constitución que protege a cualquier persona frente a detenciones y cateos sin razón.
Pero el efecto más pernicioso será voltear al revés la presunción de inocencia. Muchos inmigrantes legales latinos, incluso veteranos de guerra, podrían ser vistos como posible amenaza para la seguridad al difundirse un perfil racial que, priorizando la apariencia, abre la puerta a la violación de derechos y a la perpetuación de estigmas.
La ley será aplicada dentro de 90 días, pero agrupaciones migrantes esperan conseguir la suspensión mientras se litigan sus alcances. La que no se aplazará, es la necesidad de que el Congreso de Estados Unidos aborde una reforma migratoria integral. Sobre todo ahora que otros estados podrían sentir la tentación de imitar a Arizona.
En un año electoral, cálculos políticos han relegado la presentación de un proyecto que asegura una polarización de la sociedad superior a la que alcanzó el debate de la reforma de Salud. Queda por ver si el efecto real de la SB -1070 será catalizar un cambio en los tiempos políticos a favor de las decisiones. Quizás no pueda continuar aplazándose la promesa de Barack Obama de aprobar una reforma integral que “saque de la sombra” a millones de inmigrantes ilegales.
Orestes E. Díaz Rodríguez,
Maestro de la UdeG.
Las reacciones no demoraron. El presidente Barack Obama declaró que la ley está mal encaminada. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, se pronunció en sentido similar. Asociaciones jurídicas migratorias y medios de comunicación han calificado la iniciativa de “plumazo” y de “ley que abre la temporada de caza”.
En México, el Presidente Felipe Calderón la acusó de avivar el odio, en tanto, mandatarios centroamericanos y hasta la OEA la tildan de contrariar el espíritu de una nación de inmigrantes.
No faltan apoyos sorprendentes, la asociación de jefes de policías de Arizona y Meghan McCain, hija del principal respaldo de la gobernadora Jan Brewer, el senador John McCain, se manifiestan en contra de la controversial ley.
Sin embargo, el clamor no puede ocultar que un grupo mayoritario de ciudadanos estadounidenses ven con buenos ojos la promulgación de la SB-1070, ante un aumento de la delincuencia relacionada con la violencia y las drogas que se filtran por la frontera mexicana.
¿Es constitucional la ley SB-1070 de Arizona?
Ningún Estado de la Unión tiene el poder de establecer su propio esquema legislativo para regular la inmigración. Es trabajo exclusivo del Gobierno federal. Los antecedentes de leyes estatales y locales con esa pretensión, la Corte Suprema las ha desechado.
Otra vulnerabilidad es que autorizar a los cuerpos de Policía del Estado a detener, interrogar y exigir documentos a las personas que los agentes no entrenados tengan razones para sospechar que son inmigrantes indocumentados, probablemente afecte la Cuarta Enmienda de la Constitución que protege a cualquier persona frente a detenciones y cateos sin razón.
Pero el efecto más pernicioso será voltear al revés la presunción de inocencia. Muchos inmigrantes legales latinos, incluso veteranos de guerra, podrían ser vistos como posible amenaza para la seguridad al difundirse un perfil racial que, priorizando la apariencia, abre la puerta a la violación de derechos y a la perpetuación de estigmas.
La ley será aplicada dentro de 90 días, pero agrupaciones migrantes esperan conseguir la suspensión mientras se litigan sus alcances. La que no se aplazará, es la necesidad de que el Congreso de Estados Unidos aborde una reforma migratoria integral. Sobre todo ahora que otros estados podrían sentir la tentación de imitar a Arizona.
En un año electoral, cálculos políticos han relegado la presentación de un proyecto que asegura una polarización de la sociedad superior a la que alcanzó el debate de la reforma de Salud. Queda por ver si el efecto real de la SB -1070 será catalizar un cambio en los tiempos políticos a favor de las decisiones. Quizás no pueda continuar aplazándose la promesa de Barack Obama de aprobar una reforma integral que “saque de la sombra” a millones de inmigrantes ilegales.
Orestes E. Díaz Rodríguez,
Maestro de la UdeG.