Internacional

Obama amplía fichaje con huellas digitales

El programa ''Comunidades Seguras'' es aplicado en comunidades donde se ha detectado una mayor presencia de ilegales o alta delincuencia

DENVER, ESTADOS UNIDOS (27/JUL/2010).- El Gobierno federal está expandiendo velozmente un programa que busca recabar las huellas dactilares de todas las personas detenidas para determinar si son indocumentadas, suscitando quejas de gobiernos locales y de grupos activistas.

La iniciativa de la administración de Barack Obama no ha generado tanta polémica como la ley de Arizona que penaliza la inmigración ilegal, pero a la larga podría tener mayor impacto, ya que podría llevar a que miles de inmigrantes sean deportados.

El programa, llamado Secure Communities (“Comunidades Seguras”), estipula la toma de huellas dactilares de toda persona que es detenida, y el cotejo de esas huellas con los registros del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional. La mayoría de las localidades en Estados Unidos aún carecen de esa herramienta, pero la Agencia de Inmigración y Aduanas ha estado paulatinamente ampliando su uso.

Desde 2007, un total de 467 jurisdicciones en 26 estados se han incorporado a Secure Communities. La Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha anunciado que lo tendrá en todas las cárceles del país para el 2013.

Debido a que todos los que sean arrestados tendrán que dar sus huellas dactilares, el programa bien podría superar a la ley de Arizona en cuanto a generación de deportaciones, declaró Sunita Patel, abogada de Nueva York que interpuso una demanda a favor de una agrupación pro inmigrantes. Patel dijo que debido a que cualquier inmigrante indocumentado será remitido a la ICE aun antes de ser hallado culpable, el programa podría desembocar en prácticas racistas y convertirse en una máquina de deportaciones.

Patel presentó la demanda en nombre del National Day Laborer Organizing Network (Red Organizativa Nacional de Jornaleros), que ha expresado temores de que el programa sea trasladado a Nueva York. La demanda exige, entre otras cosas, datos estadísticos sobre quién ha sido deportado a causa del programa y cuál fue el motivo del arresto.

Los partidarios del programa sostienen que ayuda a capturar a peligrosos delincuentes que de otra manera pasarían desapercibidos. Entre el 27 de octubre del 2008 hasta fines de mayo pasado, casi 2.6 millones de personas han sido sometidas a la prueba de Secure Communities.

De ellas, casi 35 mil fueron identificadas como inmigrantes sin papeles que tenían prontuario policial por delitos graves como asesinato y violación, dijo el ICE. Más de 205 mil personas identificadas como inmigrantes indocumentados tenían antecedentes policiales por delitos menos graves.
Agencias


FRENTE A FRENTE

¿Quién deporta más?


GEORGE W. BUSH


Partido: Republicano.
Gestión: 2001-2009.
Expulsados en 2007: 288 mil 663.
Cometieron algún delito: 164 mil.
Deportados en 2008: 349 mil 041.
Cometieron algún delito:
221 mil.
Total: 637 mil 704 personas.

BARACK OBAMA

Partido: Demócrata.
Gestión: 2010 a la fecha.
Deportados en 2009: 387 mil 790.
Cometieron algún delito: 136 mil 126.
Deportados en lo que va de 2010: 227 mil 163.
Cometieron algún delito: 113 mil 453.
Total: 614 mil 953 personas.

NOTA: Sólo se toman en cuenta los dos últimos años fiscales del Gobierno de George W. Bush y el año y medio de gestión de Barack Obama.

FUENTE: Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

Brewer pide a la jueza desechar demanda

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, solicitó a una jueza federal que deseche la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del Proyecto de Ley Senatoria 1070 (SB 1070, en inglés).

En una moción interpuesta ante la jueza Susan R. Bolton a nombre de Brewer y del Estado de Arizona, los representantes de la gobernadora piden rechazar la demanda.  
Argumentan que el Gobierno federal no ha demostrado daño alguno por la ley y basa sus reclamos en una simple especulación.

El recurso de Brewer se presenta en momentos en que se espera que la jueza emita una decisión sobre la ley, que podría permitir su entrada en vigor el próximo jueves, o bien frenar su ejecución.

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