Internacional
Organizaciones demandan a ciudad de Nebraska por nueva ley de inmigrantes
Dos organismos civiles se pronunciaron contra la medida que establece no alquilar vivienda o contratar a indocumentados
OMAHA, ESTADOS UNIDOS (21/JUL/2010).- Dos grupos defensores de los derechos civiles interpusieron el miércoles sendas demandas contra una pequeña ciudad de Nebraska para detener su nueva ordenanza que prohíbe contratar inmigrantes indocumentados o darles vivienda en alquiler.
Las demandas fueron presentadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF). Ambas arguyen que la ordenanza equivale a discriminación.
"Esta ley estimula la discriminación y la individuación racial contra los hispanos y otros que parecen ser extranjeros, incluso ciudadanos estadounidenses'', dijo Amy Miller, directora legal de ACLU Nebraska. "Vamos a hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que nunca entre en vigencia esta ley extrema, que haría perder vivienda y empleos a personas debido a su apariencia y capacidad lingüística''.
El fiscal de la ciudad de Fremont Dean Skokan dijo que no podía responder porque no había visto la querella. Funcionarios locales anticiparon cuestionamientos a la ley. "Esperamos un mínimo de unas tres demandas", dijo Skokan.
La medida, que fue aprobada por los votantes en junio, debe entrar en vigencia el 29 de julio. Pondría a Fremont en una lista junto con Arizona y un puñado de ciudades en el debate nacional sobre inmigración. La ley de Arizona también empieza a regir el 29 de julio y requiere que la policía revise la situación inmigratoria de cualquiera que sospeche está ilegalmente en el país.
"Nebraska no necesita una ley que, al igual que la de Arizona, está completamente en discordia con los valores estadounidenses de justicia e igualdad", dijo Miller.
Ambas demandas denuncian que la ley de Fremont entra en conflicto con el mandato federal que impone un sistema federal uniforme para el cumplimiento de las leyes inmigratorias. Asimismo dicen que viola la Ley federal de Vivienda Equitativa y las cláusulas de protección equitativa y de proceso debido garantizadas en la Constitución nacional, entre otras cosas.
La prohibición de Fremont ha dividido esta comunidad de 25.000 habitantes a 55 kilómetros (35 millas) al noroeste de Omaha. La ciudad ha visto aumentar su población hispana en las dos últimas décadas, en gran medida debido a los empleos disponibles en las cercanas plantas de Beef and Hormel.
Sus partidarios dicen que la medida es necesaria para compensar la escasa aplicación de la ley por parte de las autoridades federales. Los adversarios dicen que puede estimular la discriminación.
La medida establece que quien quiera alquilar una vivienda debe solicitar una licencia para hacerlo. El proceso de solicitud obliga a las autoridades de Fremont a comprobar si los inquilinos están legalmente en el país. De no ser así, no se les daría la licencia. La ordenanza también requiere a los negocios utilizar la base de datos federal E-Verify para asegurarse de que sus empleados estén habilitados para trabajar.
MALDEF se ha opuesto a ordenanzas similares, incluso una de Farmers Branch, Texas, que prohíbe alquilar viviendas a inmigrantes indocumentados. Un juez federal determinó en marzo que esta ordenanza era inconstitucional.
Las demandas fueron presentadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF). Ambas arguyen que la ordenanza equivale a discriminación.
"Esta ley estimula la discriminación y la individuación racial contra los hispanos y otros que parecen ser extranjeros, incluso ciudadanos estadounidenses'', dijo Amy Miller, directora legal de ACLU Nebraska. "Vamos a hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que nunca entre en vigencia esta ley extrema, que haría perder vivienda y empleos a personas debido a su apariencia y capacidad lingüística''.
El fiscal de la ciudad de Fremont Dean Skokan dijo que no podía responder porque no había visto la querella. Funcionarios locales anticiparon cuestionamientos a la ley. "Esperamos un mínimo de unas tres demandas", dijo Skokan.
La medida, que fue aprobada por los votantes en junio, debe entrar en vigencia el 29 de julio. Pondría a Fremont en una lista junto con Arizona y un puñado de ciudades en el debate nacional sobre inmigración. La ley de Arizona también empieza a regir el 29 de julio y requiere que la policía revise la situación inmigratoria de cualquiera que sospeche está ilegalmente en el país.
"Nebraska no necesita una ley que, al igual que la de Arizona, está completamente en discordia con los valores estadounidenses de justicia e igualdad", dijo Miller.
Ambas demandas denuncian que la ley de Fremont entra en conflicto con el mandato federal que impone un sistema federal uniforme para el cumplimiento de las leyes inmigratorias. Asimismo dicen que viola la Ley federal de Vivienda Equitativa y las cláusulas de protección equitativa y de proceso debido garantizadas en la Constitución nacional, entre otras cosas.
La prohibición de Fremont ha dividido esta comunidad de 25.000 habitantes a 55 kilómetros (35 millas) al noroeste de Omaha. La ciudad ha visto aumentar su población hispana en las dos últimas décadas, en gran medida debido a los empleos disponibles en las cercanas plantas de Beef and Hormel.
Sus partidarios dicen que la medida es necesaria para compensar la escasa aplicación de la ley por parte de las autoridades federales. Los adversarios dicen que puede estimular la discriminación.
La medida establece que quien quiera alquilar una vivienda debe solicitar una licencia para hacerlo. El proceso de solicitud obliga a las autoridades de Fremont a comprobar si los inquilinos están legalmente en el país. De no ser así, no se les daría la licencia. La ordenanza también requiere a los negocios utilizar la base de datos federal E-Verify para asegurarse de que sus empleados estén habilitados para trabajar.
MALDEF se ha opuesto a ordenanzas similares, incluso una de Farmers Branch, Texas, que prohíbe alquilar viviendas a inmigrantes indocumentados. Un juez federal determinó en marzo que esta ordenanza era inconstitucional.