Internacional
Otto Pérez niega que represión sea política de Estado
Manifestantes fueron repremidos con hechos violentos a cargo de las fuerzas de seguridad
GUATEMALA, GUATEMALA (11/OCT/2012).- El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, descartó hoy que la represión de manifestantes a cargo de las fuerzas de seguridad sea política de Estado y ratificó que acatará resultado de investigación penal.
Aclaró que los hechos violentos no son parte "de una política institucional, pues no es un patrón (la represión), no hay lineamientos (de las autoridades) para irrespetar la vida, para irrespetar los derechos humanos de los guatemaltecos".
Lamentó la pérdida de vidas humanos en el operativo del pasado cuatro de octubre para disuadir a cientos de manifestantes que bloqueaban la carretera Interamericana, en el cual murieron ocho campesinos y 40 resultaron heridos.
El gobierno "acepta con toda la transparencia y con toda la gallardía" que en la acción a cargo de las fuerzas del orden para desalojar a manifestantes hubo "violaciones a los derechos humanos".
"No hay duda de que hubo violación del derecho a la vida, pero -insistió- nadie planificó, nadie quería violencia. Se pueden revisar los 338 casos de intervención de la fuerza pública en las acciones de desalojo y habilitación de carreteras bloqueadas, toma de edificios públicos".
El presidente Pérez Molina señaló que en ninguno de estos casos en que han participado las fuerzas del orden -338 protestas sociales en nueve meses de gobierno- "ha habido incidentes".
Descartó además la destitución de los ministros de Defensa, general Ulises Anzueto, y de Gobernación, Mauricio López -como lo ha exigido la oposición que los responsabiliza de las muertes de los campesinos- y dijo que hay que esperar que concluyan las investigaciones del Ministerio Público (MP).
La fiscal general y jefa del MP, Claudia Paz y Paz, presentó en rueda de prensa las conclusiones preliminares de los sucesos violentos del pasado cuatro de octubre en Totonicapán, y responsabilizó a nueve militares de disparar contra los manifestantes.
El coronel Juan Chiroy y ocho elementos de tropa bajo su mando fueron detenidos este jueves en el cuartel de la Guardia de Honor del Ejército y puestos a disposición de los tribunales, acusados de los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución en grado de tentativa.
Detalló que se conocieron 150 declaraciones de testigos y protagonistas de los hechos -soldados, policías antimotines y pobladores-, 69 informes periciales y que las pruebas forenses establecieron que tres víctimas tienen impactos de bala en la espalda y cuatro en el abdomen.
Aclaró que los hechos violentos no son parte "de una política institucional, pues no es un patrón (la represión), no hay lineamientos (de las autoridades) para irrespetar la vida, para irrespetar los derechos humanos de los guatemaltecos".
Lamentó la pérdida de vidas humanos en el operativo del pasado cuatro de octubre para disuadir a cientos de manifestantes que bloqueaban la carretera Interamericana, en el cual murieron ocho campesinos y 40 resultaron heridos.
El gobierno "acepta con toda la transparencia y con toda la gallardía" que en la acción a cargo de las fuerzas del orden para desalojar a manifestantes hubo "violaciones a los derechos humanos".
"No hay duda de que hubo violación del derecho a la vida, pero -insistió- nadie planificó, nadie quería violencia. Se pueden revisar los 338 casos de intervención de la fuerza pública en las acciones de desalojo y habilitación de carreteras bloqueadas, toma de edificios públicos".
El presidente Pérez Molina señaló que en ninguno de estos casos en que han participado las fuerzas del orden -338 protestas sociales en nueve meses de gobierno- "ha habido incidentes".
Descartó además la destitución de los ministros de Defensa, general Ulises Anzueto, y de Gobernación, Mauricio López -como lo ha exigido la oposición que los responsabiliza de las muertes de los campesinos- y dijo que hay que esperar que concluyan las investigaciones del Ministerio Público (MP).
La fiscal general y jefa del MP, Claudia Paz y Paz, presentó en rueda de prensa las conclusiones preliminares de los sucesos violentos del pasado cuatro de octubre en Totonicapán, y responsabilizó a nueve militares de disparar contra los manifestantes.
El coronel Juan Chiroy y ocho elementos de tropa bajo su mando fueron detenidos este jueves en el cuartel de la Guardia de Honor del Ejército y puestos a disposición de los tribunales, acusados de los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución en grado de tentativa.
Detalló que se conocieron 150 declaraciones de testigos y protagonistas de los hechos -soldados, policías antimotines y pobladores-, 69 informes periciales y que las pruebas forenses establecieron que tres víctimas tienen impactos de bala en la espalda y cuatro en el abdomen.