Internacional
Presidente guatemalteco busca sacar al Ejército de protestas
Otto Pérez afirmó que se continuará utilizando dentro del contexto de seguridad, como crimen organizado o delincuencia
GUATEMALA, GUATEMALA (10/OCT/2012).- El presidente de Guatemala, Otto Pérez, anunció este miércoles que impulsará una reforma de la ley para evitar que el ejército controle manifestaciones populares, tras una violenta represión militar a una protesta que dejó ocho indígenas muertos el pasado jueves.
"En temas de manifestaciones populares, de reivindicaciones o manifestaciones sociales no se utilizará al ejército y es algo que nosotros estamos en esa línea", afirmó el mandatario a periodistas, tras aclarar que será el Congreso el que tenga que modificar una parte de esta resolución adoptada en 2000.
En ese acuerdo legislativo, el Congreso le dio vía libre a la participación del ejército en tareas de seguridad pública, entre éstas el control de manifestaciones populares.
"Si hay necesidad de hacer esa modificación vamos a proponer esa iniciativa para que ojalá el Congreso la pueda tomar y sean ellos (los congresistas) los que terminen de hacerle la modificación a este acuerdo que es una ley del país actualmente", aseveró.
Sin embargo, Pérez afirmó que el ejército se continuará "utilizado dentro del contexto de seguridad que los guatemaltecos están pidiendo, como los temas de crimen organizado y delincuencia, que es lo que más nos está agobiando".
Pérez explicó que esa recomendación fue hecha por los ministros de Gobernación, Mauricio López, y de la Defensa, Ulises Anzueto, luego de que el fin de semana les ordenara una revisión de los procesos y protocolos de seguridad, ante las críticas por la actuación del ejército el pasado jueves.
El lunes, funcionarios de la ONU y los embajadores de Estados Unidos, la Unión Europea e Israel cuestionaron el empleo del ejército en funciones de seguridad pública, tras la muerte de los ocho indígenas el jueves en el departamento de Totonicapá, 180 kilómetros al oeste de la capital.
Según la Procuraduría de Derechos Humanos, los militares abrieron fuego contra una manifestación de miles de pobladores de Totonicapán, que bloqueaban varios tramos de la vía Interamericana en protesta por el alza de las tarifas de electricidad y otras políticas del gobierno del presidente Pérez.
"En temas de manifestaciones populares, de reivindicaciones o manifestaciones sociales no se utilizará al ejército y es algo que nosotros estamos en esa línea", afirmó el mandatario a periodistas, tras aclarar que será el Congreso el que tenga que modificar una parte de esta resolución adoptada en 2000.
En ese acuerdo legislativo, el Congreso le dio vía libre a la participación del ejército en tareas de seguridad pública, entre éstas el control de manifestaciones populares.
"Si hay necesidad de hacer esa modificación vamos a proponer esa iniciativa para que ojalá el Congreso la pueda tomar y sean ellos (los congresistas) los que terminen de hacerle la modificación a este acuerdo que es una ley del país actualmente", aseveró.
Sin embargo, Pérez afirmó que el ejército se continuará "utilizado dentro del contexto de seguridad que los guatemaltecos están pidiendo, como los temas de crimen organizado y delincuencia, que es lo que más nos está agobiando".
Pérez explicó que esa recomendación fue hecha por los ministros de Gobernación, Mauricio López, y de la Defensa, Ulises Anzueto, luego de que el fin de semana les ordenara una revisión de los procesos y protocolos de seguridad, ante las críticas por la actuación del ejército el pasado jueves.
El lunes, funcionarios de la ONU y los embajadores de Estados Unidos, la Unión Europea e Israel cuestionaron el empleo del ejército en funciones de seguridad pública, tras la muerte de los ocho indígenas el jueves en el departamento de Totonicapá, 180 kilómetros al oeste de la capital.
Según la Procuraduría de Derechos Humanos, los militares abrieron fuego contra una manifestación de miles de pobladores de Totonicapán, que bloqueaban varios tramos de la vía Interamericana en protesta por el alza de las tarifas de electricidad y otras políticas del gobierno del presidente Pérez.