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Rajoy asume como jefe de gobierno ante el reto de superar la crisis

El político conservador había enfatizado en su decisión por estimular el crecimiento y la creación de empleo

Rajoy asume como jefe de gobierno ante el reto de superar la crisis
MADRID, ESPAÑA (21/DIC/2011).- El nuevo presidente del gobierno español, el  conservador Mariano Rajoy, prestó juramento el miércoles ante el rey Juan  Carlos I, al que después transmitirá su secreto mejor guardado, la composición  del gobierno que llevará a cabo sus medidas de austeridad contra la crisis.

"Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de  gobierno con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como  norma fundamental del Estado", proclamó Rajoy con una mano sobre la  Constitución y la otra sobre la Biblia.

El líder conservador, de 56 años, reemplaza así al socialista José Luis  Rodríguez Zapatero, de 51, que gobernaba el país desde 2004 y cuyo partido  sufrió un grave revés electoral, penalizado por la impopularidad de unas  medidas de rigor que no lograron sacar a España de la crisis.

Considerando que nuevas "reformas son tan necesarias como urgentes", Rajoy  había asegurado el lunes que las grandes prioridades de su gobierno serán  "estimular el crecimiento y la creación de empleo" en un país con casi cinco  millones de desempleados (21.52%) y bajo la amenaza de una nueva recesión.

"El gobierno que forme no descansará hasta alcanzar este objetivo  fundamental", enfatizó durante su debate de investidura, en el que desveló un  programa de austeridad y reformas destinado a tranquilizar a los mercados.

El próximo paso que dará el nuevo jefe del ejecutivo es anunciar por la  tarde al rey, y posteriormente a la opinión pública, la composición de su  gobierno, un secreto del que nada se ha filtrado hasta ahora y que genera gran  expectativa.

El nuevo ejecutivo entrará en funciones el jueves y el viernes celebrará su  primer consejo de ministros, aunque será el siguiente, el del 30 de diciembre,  el que tome las primeras "medidas urgentes en materia presupuestaria".

La identidad del ministro de Economía es aguardada con particular interés,  sobre todo por los inversores, en un país que en las últimas semanas se  encontró en primera línea de la crisis de la deuda en la Eurozona.

Entre los nombres que circulan figuran los de Cristóbal Montoro,  coordinador económico del Partido Popular (PP); Luis de Guindos, ex secretario  de Estado de Economía; Manuel Gonzalez Páramo, miembro del directorio del Banco  Central Europeo (BCE); y Rodrigo Rato, ex director general del FMI y actual  presidente de la unión de cajas de ahorro Bankia.

El elegido tendrá la dura tarea de combinar rigor y reformas, en un momento  en que España, doblemente castigada por la crisis y por el estallido de la  burbuja inmobiliaria, volverá a caer probablemente en recesión a inicios de  2012.

En el debate de investidura ante el Parlamento, Rajoy anunció nuevos  recortes en el sector público en 2012, por valor al menos de 16 mil 500 millones de  euros, para intentar contener el déficit.

Y adelantó que éste podría superar el objetivo fijado para este año por el  gobierno saliente: 6% del PIB, una ambiciosa reducción respecto al 11.1%  registrado en 2009 y al 9.3% de 2010.

De ser superior, Rajoy ya adelantó que prevé recortes adicionales que  incluirán 10 mil millones de euros más si el déficit es finalmente del 7%.

Pese a que los mercados reaccionaron positivamente a este anuncio y el  martes concedieron al Tesoro español una baja tasa de interés para sus  emisiones de deuda a tres (1.735%) y seis meses (2.435%), la inquietud persiste.

Así lo demuestra un anuncio de la agencia de calificación Fitch, que el  miércoles colocó en "vigilancia negativa" las notas de 14 gobiernos regionales  y locales españoles, después de haber hecho lo mismo el 16 de diciembre con  seis países de la Eurozona, entre ellos España, actualmente clasificada en  "AA-" (cuarta mejor nota en una escala de 20).

Antes de acabar el año, el consejo de ministros aprobará la prolongación  del actual presupuesto y en enero el Parlamento votará una ley de estabilidad  presupuestaria para fijar los límites, a partir de 2020, de la deuda pública  (60% del PIB) y el déficit estructural (0.40% del PIB).

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