Internacional
Se profundiza crisis institucional por control del poder en El Salvador
La instalación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en contra de un fallo de la Sala Constitucional profundizó una crisis por el control del poder entre izquierda y derecha
SAN SALVADOR, EL SALVADOR (17/JUL/2012).- La instalación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de un fallo de la Sala Constitucional profundizó en El Salvador una crisis por el control del poder entre izquierda y derecha, riesgosa para la estabilidad del país, según analistas.
Diez magistrados -cinco electos en abril pasado y los otros cinco en 2006- comenzaron este martes a sesionar bajo la presidencia de Ovidio Bonilla, quien asumió el lunes apoyado en el Congreso por una alianza del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) más tres partidos minoritarios.
Otros cinco, electos en 2009, se reunieron en otro sector del edificio con Florentín Meléndez, designado presidente provisional mientras se regulariza el funcionamiento de la CSJ, en lugar de Belarmino Jaime, cuyo mandato ya se cumplió.
El 6 de junio pasado la Sala Constitucional declaró ilegal las elecciones de magistrados de 2006 y la de abril pasado, argumentando que fueron hechas bajo una misma legislatura que concluyó funciones el 30 de abril, lo cual, según su interpretación de la ley, está prohibido.
"Estamos frente a la profundización de la más grave crisis institucional desde el fin de la guerra civil (1980-1992). En el fondo lo que hay es una batalla legal por el reparto del poder", declaró a la AFP el analista Roberto Cañas.
La legislatura que concluyó en abril -en la que la izquierda tenía mayoría- también designó como fiscal al abogado Ástor Escalante -ex miembro de ARENA y ahora cercano a uno de los partidos en alianza con el FMLN-, cuya elección fue también declarada ilegal por la Sala.
En su fallo de junio, la Sala Constitucional ordenó que se esperara a una nueva elección de magistrados y de fiscal con la nueva legislatura que asumió en mayo, en la que la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) tiene mayoría calificada (56 de los 84 escaños), ante lo que el FMLN tendría que negociar.
Pero los diputados desoyeron a la Sala y elevaron el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia, que ordenó a la justicia salvadoreña dejar sin efecto el fallo de junio, lo cual fue declarado "inaplicable" por el tribunal constitucional por tratarse de un asunto interno.
"Es un momento difícil porque se abrió un portillo que no se sabe cómo se va a cerrar", agregó Cañas, profesor de la estatal Universidad de El Salvador, que en una época fue considerada bastión de la izquierda.
En medio de la turbulencia política, el presidente Mauricio Funes ha recibido críticas de sectores que le exigen que asuma el liderazgo para llegar a una solución.
La agrupación "Unidos por la Democracia", que reúne a la cúpula empresarial y organizaciones civiles antes de izquierda y hoy afines a la derecha, acusaron al mandatario de "cómplice" de la crisis.
Para el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, Funes es "cómplice" de lo que llamó "golpe de Estado al poder Judicial".
Analistas y empresarios han advertido que la crisis afecta la credibilidad política del Estado salvadoreño y la estabilidad económica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el lunes resolver la crisis con "pleno respeto" de la separación de los poderes, y días antes la responsable para América Latina en el departamento de Estado, Roberta Jacobson, dijo que la crisis salvadoreña es motivo de seria preocupación.
Líderes republicanos del Senado también pidieron que se examinen los fondos que Estados Unidos otorga a la iniciativa de desarrollo denominada Cuenta del Milenio a El Salvador.
La Universidad de El Salvador pidió en un pronunciamiento que "se acaten inmediatamente" las resoluciones de la Sala, y la Universidad Centroamericana (UCA, jesuita) recordó al Congreso que las sentencias son de "obligatorio cumplimiento".
El analista Juan Ramón Medrano, de la privada Universidad Francisco Gavidia, opinó que parlamentarios y magistrados deben dialogar en busca de una "salida salomónica", y abogó por una "reforma" que aclare la forma de elección de los los miembros de la CSJ, confusa en la actual Constitución.
Diez magistrados -cinco electos en abril pasado y los otros cinco en 2006- comenzaron este martes a sesionar bajo la presidencia de Ovidio Bonilla, quien asumió el lunes apoyado en el Congreso por una alianza del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) más tres partidos minoritarios.
Otros cinco, electos en 2009, se reunieron en otro sector del edificio con Florentín Meléndez, designado presidente provisional mientras se regulariza el funcionamiento de la CSJ, en lugar de Belarmino Jaime, cuyo mandato ya se cumplió.
El 6 de junio pasado la Sala Constitucional declaró ilegal las elecciones de magistrados de 2006 y la de abril pasado, argumentando que fueron hechas bajo una misma legislatura que concluyó funciones el 30 de abril, lo cual, según su interpretación de la ley, está prohibido.
"Estamos frente a la profundización de la más grave crisis institucional desde el fin de la guerra civil (1980-1992). En el fondo lo que hay es una batalla legal por el reparto del poder", declaró a la AFP el analista Roberto Cañas.
La legislatura que concluyó en abril -en la que la izquierda tenía mayoría- también designó como fiscal al abogado Ástor Escalante -ex miembro de ARENA y ahora cercano a uno de los partidos en alianza con el FMLN-, cuya elección fue también declarada ilegal por la Sala.
En su fallo de junio, la Sala Constitucional ordenó que se esperara a una nueva elección de magistrados y de fiscal con la nueva legislatura que asumió en mayo, en la que la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) tiene mayoría calificada (56 de los 84 escaños), ante lo que el FMLN tendría que negociar.
Pero los diputados desoyeron a la Sala y elevaron el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia, que ordenó a la justicia salvadoreña dejar sin efecto el fallo de junio, lo cual fue declarado "inaplicable" por el tribunal constitucional por tratarse de un asunto interno.
"Es un momento difícil porque se abrió un portillo que no se sabe cómo se va a cerrar", agregó Cañas, profesor de la estatal Universidad de El Salvador, que en una época fue considerada bastión de la izquierda.
En medio de la turbulencia política, el presidente Mauricio Funes ha recibido críticas de sectores que le exigen que asuma el liderazgo para llegar a una solución.
La agrupación "Unidos por la Democracia", que reúne a la cúpula empresarial y organizaciones civiles antes de izquierda y hoy afines a la derecha, acusaron al mandatario de "cómplice" de la crisis.
Para el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, Funes es "cómplice" de lo que llamó "golpe de Estado al poder Judicial".
Analistas y empresarios han advertido que la crisis afecta la credibilidad política del Estado salvadoreño y la estabilidad económica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el lunes resolver la crisis con "pleno respeto" de la separación de los poderes, y días antes la responsable para América Latina en el departamento de Estado, Roberta Jacobson, dijo que la crisis salvadoreña es motivo de seria preocupación.
Líderes republicanos del Senado también pidieron que se examinen los fondos que Estados Unidos otorga a la iniciativa de desarrollo denominada Cuenta del Milenio a El Salvador.
La Universidad de El Salvador pidió en un pronunciamiento que "se acaten inmediatamente" las resoluciones de la Sala, y la Universidad Centroamericana (UCA, jesuita) recordó al Congreso que las sentencias son de "obligatorio cumplimiento".
El analista Juan Ramón Medrano, de la privada Universidad Francisco Gavidia, opinó que parlamentarios y magistrados deben dialogar en busca de una "salida salomónica", y abogó por una "reforma" que aclare la forma de elección de los los miembros de la CSJ, confusa en la actual Constitución.