Internacional
Sin fallo primera audiencia judicial sobre ley antiinmigrantes
Se argumenta que la SB 1070 viola la Constitución al otorgar al gobierno federal el derecho a crear y aplicar las leyes de inmigración
PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (15/JUL/2010).- La jueza federal Susan R. Bolton escuchó hoy aquí los argumentos a favor y en contra de suspender la entrada en vigencia de la
antiinmigrante ley SB 1070 de Arizona, sin emitir ningún dictamen sobre la primera demanda contra esa legislación.
En una audiencia judicial que duró dos horas en una corte federal en Phoenix, la jueza Bolton escuchó los alegatos que sustentan y rechazan la demanda interpuesta por el policía de Phoenix, David Salgado, y la organización hispana Chicanos por la Causa.
Decenas de manifestantes a favor y en contra de la ley se reunieron fuera de la corte, por lo que la policía se vio obligada a establecer un cordón de seguridad para mantener separados a los grupos antagónicos.
La demanda de Salgado es una de las siete que han sido interpuestas contra la Ley SB 1070 -que criminaliza la inmigración indocumentada- en las últimas semanas, incluyendo una presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Decenas de grupos, asociaciones, ciudades y condados, además de los gobiernos de México, Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina, han interpuesto mociones en apoyo de algunas de las demandas.
Aunque también, nueve gobiernos de entidades estadunidenses han respaldado con sus respectivas mociones la ley promulgada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el 23 de abril pasado, y cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 29 de julio.
Salgado interpuso el recurso bajo el argumento de que la SB 1070 viola la Constitución al otorgar al gobierno federal el derecho a crear y aplicar las leyes de inmigración. El policía sostiene también en la querella que la legislación conduce al perfil racial.
En la audiencia de este jueves, Stephen Montoya -abogado de Salgado- dijo que el nuevo estatuto coloca a su cliente en la posición de tener que aplicar una ley que cree es anticonstitucional o de ser despedido por rechazar hacerlo.
'El tiene una real amenaza', dijo Montoya al referirse a Salgado. 'Ellos (las autoridades de Arizona) pueden despedirlo, eso es suficiente', señaló.
El abogado sostuvo que la ley debe ser bloqueada antes de entrar en vigor, porque obligaría a los agentes de la policía a utilizar la raza como factor primario en la aplicación de la ley.
Por su parte, John Bouma, quien representa a la gobernadora Brewer en la defensa de la ley, dijo a la jueza Bolton que la demanda de Salgado y de Chicanos por la Causa debe ser desechada por carecer de una posición legal para demandar y por no existir un reclamo válido de que se causará daño inmediato si ésta entra en vigor.
Bouma calificó de 'especulativos' los argumentos de que la entrada en vigor de la legislación provocará daño.
Tras escuchar a ambas partes, Bolton debe considerar ahora si emite una orden de suspensión temporal para bloquear la entrada en vigor de la ley o si atiende la petición de los representantes de Arizona para desechar la demanda.
La jueza podría dar su fallo sobre esta demanda cualquier día e incluso puede dictaminar después de que la SB 1070 entre en vigencia.
Bolton tiene programadas realizar el próximo 22 de julio otras dos audiencias para ventilar los argumentos de las demandas interpuestas por grupos de derechos civiles y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En una audiencia judicial que duró dos horas en una corte federal en Phoenix, la jueza Bolton escuchó los alegatos que sustentan y rechazan la demanda interpuesta por el policía de Phoenix, David Salgado, y la organización hispana Chicanos por la Causa.
Decenas de manifestantes a favor y en contra de la ley se reunieron fuera de la corte, por lo que la policía se vio obligada a establecer un cordón de seguridad para mantener separados a los grupos antagónicos.
La demanda de Salgado es una de las siete que han sido interpuestas contra la Ley SB 1070 -que criminaliza la inmigración indocumentada- en las últimas semanas, incluyendo una presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Decenas de grupos, asociaciones, ciudades y condados, además de los gobiernos de México, Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina, han interpuesto mociones en apoyo de algunas de las demandas.
Aunque también, nueve gobiernos de entidades estadunidenses han respaldado con sus respectivas mociones la ley promulgada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el 23 de abril pasado, y cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 29 de julio.
Salgado interpuso el recurso bajo el argumento de que la SB 1070 viola la Constitución al otorgar al gobierno federal el derecho a crear y aplicar las leyes de inmigración. El policía sostiene también en la querella que la legislación conduce al perfil racial.
En la audiencia de este jueves, Stephen Montoya -abogado de Salgado- dijo que el nuevo estatuto coloca a su cliente en la posición de tener que aplicar una ley que cree es anticonstitucional o de ser despedido por rechazar hacerlo.
'El tiene una real amenaza', dijo Montoya al referirse a Salgado. 'Ellos (las autoridades de Arizona) pueden despedirlo, eso es suficiente', señaló.
El abogado sostuvo que la ley debe ser bloqueada antes de entrar en vigor, porque obligaría a los agentes de la policía a utilizar la raza como factor primario en la aplicación de la ley.
Por su parte, John Bouma, quien representa a la gobernadora Brewer en la defensa de la ley, dijo a la jueza Bolton que la demanda de Salgado y de Chicanos por la Causa debe ser desechada por carecer de una posición legal para demandar y por no existir un reclamo válido de que se causará daño inmediato si ésta entra en vigor.
Bouma calificó de 'especulativos' los argumentos de que la entrada en vigor de la legislación provocará daño.
Tras escuchar a ambas partes, Bolton debe considerar ahora si emite una orden de suspensión temporal para bloquear la entrada en vigor de la ley o si atiende la petición de los representantes de Arizona para desechar la demanda.
La jueza podría dar su fallo sobre esta demanda cualquier día e incluso puede dictaminar después de que la SB 1070 entre en vigencia.
Bolton tiene programadas realizar el próximo 22 de julio otras dos audiencias para ventilar los argumentos de las demandas interpuestas por grupos de derechos civiles y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.