Jalisco
Aprueban cargos fiscales en cuentas de municipios
Legisladores aprueban cargos por 14 MDP conforme a observaciones emitidas por la Auditoría Superior
GUADALAJARA, JALISCO (23/MAY/2013).- La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado aprobó cargos fiscales a cuatro municipios, por un monto superior a los 14 millones de pesos, correspondientes a cuentas públicas del año 2009.
De acuerdo con las observaciones remitidas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) a la Comisión de Vigilancia, los municipios de La Barca, no pudo solventar gastos por siete millones 545 mil 769 pesos; en el caso de Bolaños, las observaciones ascienden a seis millones 390 mil 263 pesos; en San Gabriel, a 298 mil 140 pesos y San Marcos, a 13 mil 224 pesos.
El Presidente de esa comisión legislativa, Juan Manuel Alatorre Franco, explicó que también se concretaron cambios en el dictamen de la Cuenta Pública de Tonalá del año 2009, debido a que por una resolución judicial, se excluyó como responsable de presuntas irregularidades administrativas a quien se desempeñara como Secretario General del ayuntamiento, Hugo Ricardo Salazar Silva, en la administración que encabezó Jorge Vizcarra Mayorga, quien se amparó para evitar ser sancionado por las observaciones de la Auditoría.
"Es el proyecto de decreto que abroga el diverso número 23650/LIX/11del Congreso del Estado que no aprueba la cuenta pública del ayuntamiento de Tonalá del 2009 y que se eleva a crédito fiscal la cantidad de 97 millones 36 mil 762 pesos 84 centavos, en cumplimiento a la sentencia pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el expediente 480/2012, que modifica la sentencia del juicio de garantías promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, con número de expediente 2944/2011", dijo el legislador perredista.
Ello significa que el Congreso está obligado a modificar el decreto para excluir al ex secretario de Tonalá, Hugo Ricardo Salazar, pero mantiene las observaciones por 97 millones de pesos, en contra del ex alcalde tonalteca, Jorge Vizcarra.
Este proyecto se turnará al Pleno del Congreso a fin de que se dé respuesta a la resolución del tribunal.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
De acuerdo con las observaciones remitidas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) a la Comisión de Vigilancia, los municipios de La Barca, no pudo solventar gastos por siete millones 545 mil 769 pesos; en el caso de Bolaños, las observaciones ascienden a seis millones 390 mil 263 pesos; en San Gabriel, a 298 mil 140 pesos y San Marcos, a 13 mil 224 pesos.
El Presidente de esa comisión legislativa, Juan Manuel Alatorre Franco, explicó que también se concretaron cambios en el dictamen de la Cuenta Pública de Tonalá del año 2009, debido a que por una resolución judicial, se excluyó como responsable de presuntas irregularidades administrativas a quien se desempeñara como Secretario General del ayuntamiento, Hugo Ricardo Salazar Silva, en la administración que encabezó Jorge Vizcarra Mayorga, quien se amparó para evitar ser sancionado por las observaciones de la Auditoría.
"Es el proyecto de decreto que abroga el diverso número 23650/LIX/11del Congreso del Estado que no aprueba la cuenta pública del ayuntamiento de Tonalá del 2009 y que se eleva a crédito fiscal la cantidad de 97 millones 36 mil 762 pesos 84 centavos, en cumplimiento a la sentencia pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el expediente 480/2012, que modifica la sentencia del juicio de garantías promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, con número de expediente 2944/2011", dijo el legislador perredista.
Ello significa que el Congreso está obligado a modificar el decreto para excluir al ex secretario de Tonalá, Hugo Ricardo Salazar, pero mantiene las observaciones por 97 millones de pesos, en contra del ex alcalde tonalteca, Jorge Vizcarra.
Este proyecto se turnará al Pleno del Congreso a fin de que se dé respuesta a la resolución del tribunal.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ