Jalisco
Crearán Consejo para vigilar cumplimiento de ley para discapacitados
El organismo tendrá un presupuesto de tres millones 600 mil pesos el próximo año
GUADALAJARA, JALISCO.- Después de que se aprobó el pasado 6 de diciembre la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, se creará un Consejo Estatal que asegure su aplicación. El organismo trabajará a partir del próximo año con los ayuntamientos para que realicen los reglamentos que fomenten acciones a favor de las personas con alguna discapacidad.
El consejo dependerá como Organismo Público Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Humano, con un presupuesto de tres millones 600 mil pesos para 2010. Estará integrado por un presidente, que nombrará el Ejecutivo del Estado, Emilio González Márquez; tres vicepresidentes (el secretario de Desarrollo Humano, el director del DIF y un representante legal de una organización civil); ocho consejeros representantes de secretarías estatales y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS); tres consejeros especialistas en la materia, de instituciones de educación superior y 10 consejeros representantes de organizaciones de personas con discapacidad.
María Lucina Bravo Chávez, directora y fundadora del Centro Integral de Rehabilitación Infantil (CIRIAC), explica que el presupuesto “es poco”, pero el próximo año demostrarán su eficiencia y “esperaremos que nos aumenten los recursos en un futuro”.
Alrededor de 10% de la población jalisciense tiene algún tipo de discapacidad, por ello es que las organizaciones “trabajaremos muy duro para asegurar su cumplimiento, para que realmente se den cambios para las personas que viven con alguna discapacidad. Y una de las prioridades es que se creen los reglamentos que aterricen todos los conceptos de la legislación. El trabajo apenas empieza”.
Para el ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, los tres principales objetivos son: continuar con las funciones asistenciales, la eliminación de la discriminación a los discapacitados y la integración de este sector “en un sentido amplio, desde lo laboral hasta lo educativo”.
La nueva legislación contempla que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de su salud y a recibir diagnósticos, medicamentos, tratamientos e información oportuna sobre su problema; a tener acceso a cualquier plantel educativo, igualdad de oportunidades laborales, preferencia en los estacionamientos y el uso del transporte público, entre otros.
De hecho, las entidades públicas tendrán que adecuar accesos para los discapacitados, y todos los sitios públicos deberán tener como mínimo dos espacios de estacionamiento para ellos.
La ley señala obligaciones para los servidores públicos, de denunciar “cuando se detecte o sospeche maltrato, abuso, violencia e incompetencia en la tutoría y atención hacia las personas con discapacidad”. Las sanciones irán de los 10 a los 240 salarios mínimos, que serán aplicadas por el Consejo Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad.
Lucina Bravo, una de las principales impulsoras de esta legislación, considera que es una ley “completa”. Aunque habrá detalles para revisar, lo importante es que se aprobara, pues Jalisco era el único Estado sin protección para este sector.
Resaltó cómo a pesar de que han denunciado “casos muy difíciles”, como el abandono de este tipo de personas en la calle, “no había respuesta ni del DIF ni de la Procuraduría Social; nadie sabía decirnos y nadie resolvía la situación. Hubo casos en que las organizaciones tuvimos que resolver por nuestra propia iniciativa”.
Por lo tanto, será prioritario sensibilizar a las autoridades y capacitar al Poder Judicial, “porque alguien que no se pone en zapatos del otro, difícilmente tomará buenas decisiones”.
FRASE
Los tres principales objetivos son: continuar con las funciones asistenciales, la eliminación de la discriminación y la integración de este sector desde lo laboral hasta lo educativo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ombudsman de Jalisco.
El consejo dependerá como Organismo Público Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Humano, con un presupuesto de tres millones 600 mil pesos para 2010. Estará integrado por un presidente, que nombrará el Ejecutivo del Estado, Emilio González Márquez; tres vicepresidentes (el secretario de Desarrollo Humano, el director del DIF y un representante legal de una organización civil); ocho consejeros representantes de secretarías estatales y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS); tres consejeros especialistas en la materia, de instituciones de educación superior y 10 consejeros representantes de organizaciones de personas con discapacidad.
María Lucina Bravo Chávez, directora y fundadora del Centro Integral de Rehabilitación Infantil (CIRIAC), explica que el presupuesto “es poco”, pero el próximo año demostrarán su eficiencia y “esperaremos que nos aumenten los recursos en un futuro”.
Alrededor de 10% de la población jalisciense tiene algún tipo de discapacidad, por ello es que las organizaciones “trabajaremos muy duro para asegurar su cumplimiento, para que realmente se den cambios para las personas que viven con alguna discapacidad. Y una de las prioridades es que se creen los reglamentos que aterricen todos los conceptos de la legislación. El trabajo apenas empieza”.
Para el ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, los tres principales objetivos son: continuar con las funciones asistenciales, la eliminación de la discriminación a los discapacitados y la integración de este sector “en un sentido amplio, desde lo laboral hasta lo educativo”.
La nueva legislación contempla que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de su salud y a recibir diagnósticos, medicamentos, tratamientos e información oportuna sobre su problema; a tener acceso a cualquier plantel educativo, igualdad de oportunidades laborales, preferencia en los estacionamientos y el uso del transporte público, entre otros.
De hecho, las entidades públicas tendrán que adecuar accesos para los discapacitados, y todos los sitios públicos deberán tener como mínimo dos espacios de estacionamiento para ellos.
La ley señala obligaciones para los servidores públicos, de denunciar “cuando se detecte o sospeche maltrato, abuso, violencia e incompetencia en la tutoría y atención hacia las personas con discapacidad”. Las sanciones irán de los 10 a los 240 salarios mínimos, que serán aplicadas por el Consejo Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad.
Lucina Bravo, una de las principales impulsoras de esta legislación, considera que es una ley “completa”. Aunque habrá detalles para revisar, lo importante es que se aprobara, pues Jalisco era el único Estado sin protección para este sector.
Resaltó cómo a pesar de que han denunciado “casos muy difíciles”, como el abandono de este tipo de personas en la calle, “no había respuesta ni del DIF ni de la Procuraduría Social; nadie sabía decirnos y nadie resolvía la situación. Hubo casos en que las organizaciones tuvimos que resolver por nuestra propia iniciativa”.
Por lo tanto, será prioritario sensibilizar a las autoridades y capacitar al Poder Judicial, “porque alguien que no se pone en zapatos del otro, difícilmente tomará buenas decisiones”.
FRASE
Los tres principales objetivos son: continuar con las funciones asistenciales, la eliminación de la discriminación y la integración de este sector desde lo laboral hasta lo educativo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ombudsman de Jalisco.