Jalisco
Fijan plazo para regularización de centros de tratamiento de adicciones
Este tipo de establecimientos tienen hasta el 31 de octubre para ajustarse al reglamento municipal, de lo contrario serán sujetos de clausura
GUADALAJARA, JALISCO (26/SEP/2012).- Los centros de tratamiento de adicciones existentes en el municipio de Guadalajara tendrán hasta el próximo 31 de octubre de 2012, para ajustar su funcionamiento a los lineamientos expedidos en la materia por el Ayuntamiento tapatío a fines de 2011, y clausurar entonces, es el objetivo, los sitios que han estado operando en el clandestinaje.
Cuando estas instalaciones funcionan evadiendo la regulación de las autoridades, se ha llegado a constatar que recurren a seudo-terapias, algunas de éstas llamadas “ego-reductivas”, con las que se pretende socavar la autoestima de las personas a base de tratamientos denigratorios y violatorios de los derechos humanos, brindándoles alimentos preparados con insumos descompuestos (caldos de verduras en mal estado), noches en vigilia obligada y vejaciones como arrodillamientos sobre objetos cortantes (las puntas de corcholatas), golpes y otras de índole sexual, que terminan por ser formas de tortura.
En Guadalajara se han identificado seudo-terapias basadas en choques eléctricos con máquinas de soldar, lo mismo de centros que cuentan con “patrullas” para ir por las personas que serán “internadas” de manera forzosa, de hacinamiento extremo e, incluso, de los que, mediante engaños a los familiares, lucran con la adicción de su ser querido, todo esto lo advierte la Coordinación Regional de la Zona Centro Occidente de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), una de las instituciones más prestigiadas en estas labores a nivel nacional.
Para tener mayor control sobre los centros para el tratamiento de adicciones que operan en el municipio, el Ayuntamiento tapatío creó en noviembre de 2011 el Reglamento para los Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Personas con Problemas de Drogadicción y Alcoholismo de Guadalajara.
Con esta norma, lo que se pretende es que este tipo de establecimientos se apeguen a la reglamentación municipal para poder prestar sus servicios.
En el contexto de la estrategia de combate a la delincuencia, la importancia sobre la regulación y profesionalización de estos centros radica en que, como se constata en la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), México se está volviendo un país de consumo de sustancias ilegales por varios factores, entre estos:
El aumento del ingreso per cápita de los mexicanos y su poder adquisitivo (en la década de 1990 rondaba los dos mil dólares, hoy supera los 10 mil dólares); la población joven como un mercado potencial muy grande (la mitad de los mexicanos tiene 26 años o menos), y modificaciones en la forma de transacción de los narcotraficantes que comenzaron a pagarse en especie (con droga, y no dinero), lo que los habría impulsado a la venta al menudeo.
Con las ediciones de la ENA de 2002 a 2008 se sabe que el número de mexicanos consumidores de drogas ilegales aumentó en un millón (de 3.5 a 4.5 millones).
Programa de regularización durará tres meses
La creación del reglamento para los centros de tratamiento de adicciones en Guadalajara se complementó recientemente con la aprobación del Programa Transitorio para la Regularización de estas instalaciones, que viene a ser un periodo de gracia concedido por el Ayuntamiento tapatío para que los responsables de los mismos adopten la nueva normativa municipal.
La reglamentación regula tanto los aspectos físicos como de servicio con base en la Norma Oficial Mexicana 028. El problema, señala el titular de la Secretaría de Servicios Médicos de Guadalajara, Antonio Cruces Mada, es que, de los 35 centros que se han inspeccionado hasta ahora en el municipio, ninguno podría cubrir 100% el reglamento expedido en noviembre de 2011.
De ahí se desprende que la autoridad municipal haya determinado aplicar este programa como una oportunidad para la regularización que estará vigente del 1 de agosto de 2012 al 31 de octubre (tres meses). Al término del lapso, la única alternativa disponible para no ser clausurado por la autoridad municipal, es que los titulares de los centros que no se regularizaron, hayan firmado entonces convenios con el Ayuntamiento en los que plasmen sus planes y cronogramas para la adopción del modelo de funcionamiento estipulado en la norma municipal.
A decir del jefe de Departamento de Regulación de Insumos y Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Ernesto Cisneros Madrid, es positivo que la autoridad municipal, en este caso el Ayuntamiento tapatío, haya decidido, con sus facultades, intervenir en la vigilancia de los centros de tratamiento de adicciones.
Una postura en la que coincide el coordinador regional de la Zona Centro Occidente de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Enrique de Jesús Aceves Arce: “Qué bueno que los ayuntamientos estén tomando cartas en el asunto para que quien tenga la intención de abrir un centro de esta naturaleza, sepa que tiene que cubrir ciertos requisitos como todos los lugares, todos los negocios, como todo lo que se pretende abrir en los municipios, y que exista ante todo un respeto para los derechos y la vida de los usuarios de este tipo de servicios”.
MOTIVOS DE LA CLAUSURA
Artículo 15 del reglamento municipal
El ingresar a una persona en contra de su voluntad sin que manifieste signos de estar bajo el influjo de algún enervante y sin anuencia por escrito de los familiares;
El forzar a trabajar a un usuario en actividades para el sostén del centro contra su voluntad; y
El maltrato físico y psicológico hacia un usuario previa revisión y valoración del personal de servicios médicos municipales.
Prácticas indignas que violenten la condición humana que no estén consideradas dentro de un protocolo para rehabilitación de una persona con problemas de adicción.
Prostitución.
Condiciones de hacinamiento.
Condiciones insalubres.
Condiciones de riesgo en el inmueble.
No cumplir en tiempo y forma con las observaciones y recomendaciones emitidas por la autoridad municipal encargada de realizar las inspecciones, en caso de detectarse anomalías o incumplimientos al presente reglamento.
ENGAÑAN A FAMILIARES
Fines de lucro motivan proliferación
La falta de una mayor regulación gubernamental sobre los centros de tratamiento de adicciones, junto a un espíritu innegable de lucro en algunos de sus titulares, debieron haber llevado a la proliferación de estos sitios de manera clandestina, donde se ha recurrido a seudo-terapias vejatorias y violatorias de los derechos humanos.
De acuerdo con el análisis que hace el coordinador regional de la Zona Centro Occidente de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Enrique de Jesús Aceves Arce, pueden existir grupos que, de buena voluntad, pero sin un respaldo profesional, buscan abrir este tipo de sitios para ayudar a las personas, hay otros, afirma también, que definitivamente aprovecharon la falta de vigilancia para desarrollar estas actividades como una vía para obtener beneficios económicas.
“Muchas de las veces acuden con nosotros familiares de muchachos que están internados en algún lugar y, aunque les dicen que no les van a cobrar o que las cuotas van a ser módicas, o que solamente con que le lleven algún apoyo económico y algo de despensa, hay quienes lo ven como un negocio: si no había tantos requisitos para abrir estos lugares, si en una casa que alguien te prestó o rentabas a bajo costo podías internar 10 o 15 gentes, pues se lucra mucho con el dolor humano”.
Se han encontrado centros que funcionan en pequeños departamentos de interés social que fueron concebidos para una familia de cuatro miembros, con 30 personas internadas. Ahora la reglamentación municipal prohíbe que en cualquier sitio con modalidad residencial (esto es, que ahí vivan los inscritos) haya dormitorios con más de cuatro camas.
“Te imaginas a 10 o 15 muchachos en una casita chiquita, o en una casa de una zona popular, lo que les representa el que los dos mil, tres mil o cinco mil pesos que le puedan cobrar a la familia por semana. Se les engaña diciendo que es una cuota voluntaria, que lo que ellos puedan aportar y con artimañas, con engaños, les hacen hablar de qué posibilidades económicas puede tener la persona: ‘A ver señora o señor, ¿cuánto gana? ¿Cuánto valora la vida de su hijo, de su esposo o esposa?’. Ahí es cuando empiezan a sacar la información”, señala Aceves Arce.
Por eso, dice el coordinador regional de los CIJ, es tan importante que Jalisco se haya vuelto el primer Estado del país, y el único hasta hoy, donde el cuadro de enfermedades cubiertas por el Seguro Popular incluye ya a los problemas de consumo de sustancias adictivas, al haberse establecido un convenio con los CIJ desde el mes de octubre de 2011.
Esto quiere decir que las personas que cuentan con Seguro Popular pueden recibir el tratamiento profesional de los CIJ mientras el costo es absorbido por ese programa de salud. Ningún otro sistema de seguridad social en México (ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) le ofrece a sus afiliados esta cobertura.
Esta relación entre el Seguro Popular y los CIJ en Jalisco está por cumplir un año, y de octubre de 2011 a agosto de 2012 se han atendido en total, por esta vía, a 758 personas, de las cuales, 533 recibieron terapia ambulatoria (sesiones y actividades en los centros pero siguen durmiendo en sus respectivas casas), mientras que 225 sí tuvieron que ser internadas en las unidades de hospitalización de la institución para acompañar el tratamiento con medicamento.
Cuando estas instalaciones funcionan evadiendo la regulación de las autoridades, se ha llegado a constatar que recurren a seudo-terapias, algunas de éstas llamadas “ego-reductivas”, con las que se pretende socavar la autoestima de las personas a base de tratamientos denigratorios y violatorios de los derechos humanos, brindándoles alimentos preparados con insumos descompuestos (caldos de verduras en mal estado), noches en vigilia obligada y vejaciones como arrodillamientos sobre objetos cortantes (las puntas de corcholatas), golpes y otras de índole sexual, que terminan por ser formas de tortura.
En Guadalajara se han identificado seudo-terapias basadas en choques eléctricos con máquinas de soldar, lo mismo de centros que cuentan con “patrullas” para ir por las personas que serán “internadas” de manera forzosa, de hacinamiento extremo e, incluso, de los que, mediante engaños a los familiares, lucran con la adicción de su ser querido, todo esto lo advierte la Coordinación Regional de la Zona Centro Occidente de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), una de las instituciones más prestigiadas en estas labores a nivel nacional.
Para tener mayor control sobre los centros para el tratamiento de adicciones que operan en el municipio, el Ayuntamiento tapatío creó en noviembre de 2011 el Reglamento para los Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Personas con Problemas de Drogadicción y Alcoholismo de Guadalajara.
Con esta norma, lo que se pretende es que este tipo de establecimientos se apeguen a la reglamentación municipal para poder prestar sus servicios.
En el contexto de la estrategia de combate a la delincuencia, la importancia sobre la regulación y profesionalización de estos centros radica en que, como se constata en la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), México se está volviendo un país de consumo de sustancias ilegales por varios factores, entre estos:
El aumento del ingreso per cápita de los mexicanos y su poder adquisitivo (en la década de 1990 rondaba los dos mil dólares, hoy supera los 10 mil dólares); la población joven como un mercado potencial muy grande (la mitad de los mexicanos tiene 26 años o menos), y modificaciones en la forma de transacción de los narcotraficantes que comenzaron a pagarse en especie (con droga, y no dinero), lo que los habría impulsado a la venta al menudeo.
Con las ediciones de la ENA de 2002 a 2008 se sabe que el número de mexicanos consumidores de drogas ilegales aumentó en un millón (de 3.5 a 4.5 millones).
Programa de regularización durará tres meses
La creación del reglamento para los centros de tratamiento de adicciones en Guadalajara se complementó recientemente con la aprobación del Programa Transitorio para la Regularización de estas instalaciones, que viene a ser un periodo de gracia concedido por el Ayuntamiento tapatío para que los responsables de los mismos adopten la nueva normativa municipal.
La reglamentación regula tanto los aspectos físicos como de servicio con base en la Norma Oficial Mexicana 028. El problema, señala el titular de la Secretaría de Servicios Médicos de Guadalajara, Antonio Cruces Mada, es que, de los 35 centros que se han inspeccionado hasta ahora en el municipio, ninguno podría cubrir 100% el reglamento expedido en noviembre de 2011.
De ahí se desprende que la autoridad municipal haya determinado aplicar este programa como una oportunidad para la regularización que estará vigente del 1 de agosto de 2012 al 31 de octubre (tres meses). Al término del lapso, la única alternativa disponible para no ser clausurado por la autoridad municipal, es que los titulares de los centros que no se regularizaron, hayan firmado entonces convenios con el Ayuntamiento en los que plasmen sus planes y cronogramas para la adopción del modelo de funcionamiento estipulado en la norma municipal.
A decir del jefe de Departamento de Regulación de Insumos y Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Ernesto Cisneros Madrid, es positivo que la autoridad municipal, en este caso el Ayuntamiento tapatío, haya decidido, con sus facultades, intervenir en la vigilancia de los centros de tratamiento de adicciones.
Una postura en la que coincide el coordinador regional de la Zona Centro Occidente de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Enrique de Jesús Aceves Arce: “Qué bueno que los ayuntamientos estén tomando cartas en el asunto para que quien tenga la intención de abrir un centro de esta naturaleza, sepa que tiene que cubrir ciertos requisitos como todos los lugares, todos los negocios, como todo lo que se pretende abrir en los municipios, y que exista ante todo un respeto para los derechos y la vida de los usuarios de este tipo de servicios”.
MOTIVOS DE LA CLAUSURA
Artículo 15 del reglamento municipal
El ingresar a una persona en contra de su voluntad sin que manifieste signos de estar bajo el influjo de algún enervante y sin anuencia por escrito de los familiares;
El forzar a trabajar a un usuario en actividades para el sostén del centro contra su voluntad; y
El maltrato físico y psicológico hacia un usuario previa revisión y valoración del personal de servicios médicos municipales.
Prácticas indignas que violenten la condición humana que no estén consideradas dentro de un protocolo para rehabilitación de una persona con problemas de adicción.
Prostitución.
Condiciones de hacinamiento.
Condiciones insalubres.
Condiciones de riesgo en el inmueble.
No cumplir en tiempo y forma con las observaciones y recomendaciones emitidas por la autoridad municipal encargada de realizar las inspecciones, en caso de detectarse anomalías o incumplimientos al presente reglamento.
ENGAÑAN A FAMILIARES
Fines de lucro motivan proliferación
La falta de una mayor regulación gubernamental sobre los centros de tratamiento de adicciones, junto a un espíritu innegable de lucro en algunos de sus titulares, debieron haber llevado a la proliferación de estos sitios de manera clandestina, donde se ha recurrido a seudo-terapias vejatorias y violatorias de los derechos humanos.
De acuerdo con el análisis que hace el coordinador regional de la Zona Centro Occidente de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Enrique de Jesús Aceves Arce, pueden existir grupos que, de buena voluntad, pero sin un respaldo profesional, buscan abrir este tipo de sitios para ayudar a las personas, hay otros, afirma también, que definitivamente aprovecharon la falta de vigilancia para desarrollar estas actividades como una vía para obtener beneficios económicas.
“Muchas de las veces acuden con nosotros familiares de muchachos que están internados en algún lugar y, aunque les dicen que no les van a cobrar o que las cuotas van a ser módicas, o que solamente con que le lleven algún apoyo económico y algo de despensa, hay quienes lo ven como un negocio: si no había tantos requisitos para abrir estos lugares, si en una casa que alguien te prestó o rentabas a bajo costo podías internar 10 o 15 gentes, pues se lucra mucho con el dolor humano”.
Se han encontrado centros que funcionan en pequeños departamentos de interés social que fueron concebidos para una familia de cuatro miembros, con 30 personas internadas. Ahora la reglamentación municipal prohíbe que en cualquier sitio con modalidad residencial (esto es, que ahí vivan los inscritos) haya dormitorios con más de cuatro camas.
“Te imaginas a 10 o 15 muchachos en una casita chiquita, o en una casa de una zona popular, lo que les representa el que los dos mil, tres mil o cinco mil pesos que le puedan cobrar a la familia por semana. Se les engaña diciendo que es una cuota voluntaria, que lo que ellos puedan aportar y con artimañas, con engaños, les hacen hablar de qué posibilidades económicas puede tener la persona: ‘A ver señora o señor, ¿cuánto gana? ¿Cuánto valora la vida de su hijo, de su esposo o esposa?’. Ahí es cuando empiezan a sacar la información”, señala Aceves Arce.
Por eso, dice el coordinador regional de los CIJ, es tan importante que Jalisco se haya vuelto el primer Estado del país, y el único hasta hoy, donde el cuadro de enfermedades cubiertas por el Seguro Popular incluye ya a los problemas de consumo de sustancias adictivas, al haberse establecido un convenio con los CIJ desde el mes de octubre de 2011.
Esto quiere decir que las personas que cuentan con Seguro Popular pueden recibir el tratamiento profesional de los CIJ mientras el costo es absorbido por ese programa de salud. Ningún otro sistema de seguridad social en México (ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) le ofrece a sus afiliados esta cobertura.
Esta relación entre el Seguro Popular y los CIJ en Jalisco está por cumplir un año, y de octubre de 2011 a agosto de 2012 se han atendido en total, por esta vía, a 758 personas, de las cuales, 533 recibieron terapia ambulatoria (sesiones y actividades en los centros pero siguen durmiendo en sus respectivas casas), mientras que 225 sí tuvieron que ser internadas en las unidades de hospitalización de la institución para acompañar el tratamiento con medicamento.