Jalisco
Guadalajara arrastra mil 56 millones en juicios laborales
Acusan a las administraciones anteriores de haber hecho una mala defensa; solicitan a la Contraloría investigación contra los funcionarios implicados
GUADALAJARA, JALISCO (16/OCT/2015).- Por juicios laborales rezagados, el Ayuntamiento de Guadalajara arrastra una deuda de mil 56 millones de pesos. La administración municipal no tiene las condiciones económicas para pagarlos a corto plazo, señaló la síndico Bárbara Casillas.
“En una revisión física expediente por expediente detectamos dos mil 440 juicios, aunque en la entrega-recepción únicamente nos entregaron mil 772”, explicó la funcionaria municipal. “A partir de la administración 2010-2012 se empezaron a incrementar; 80% se arrastra desde 2010 y sólo 20% es de los años posteriores”.
Casillas señaló que se tienen detectados 73 casos en “foco rojo” que son promovidos por personal eventual o ex funcionarios, como directores y jefes de área. “Estos casos nos costarían 63 millones de pesos”.
La síndico precisó que los juicios se han perdido porque el Ayuntamiento no acreditó a un representante legal y porque no exhibió los documentos probatorios de la terminación de su contrato.
“Esto evidencia una mala defensa por parte de las administraciones anteriores”.
Agregó que ya se solicitó a la Contraloría municipal una investigación en contra de los funcionarios implicados para poder establecer responsabilidades.
“En una revisión física expediente por expediente detectamos dos mil 440 juicios, aunque en la entrega-recepción únicamente nos entregaron mil 772”, explicó la funcionaria municipal. “A partir de la administración 2010-2012 se empezaron a incrementar; 80% se arrastra desde 2010 y sólo 20% es de los años posteriores”.
Casillas señaló que se tienen detectados 73 casos en “foco rojo” que son promovidos por personal eventual o ex funcionarios, como directores y jefes de área. “Estos casos nos costarían 63 millones de pesos”.
La síndico precisó que los juicios se han perdido porque el Ayuntamiento no acreditó a un representante legal y porque no exhibió los documentos probatorios de la terminación de su contrato.
“Esto evidencia una mala defensa por parte de las administraciones anteriores”.
Agregó que ya se solicitó a la Contraloría municipal una investigación en contra de los funcionarios implicados para poder establecer responsabilidades.