Jalisco
Guadalajara pretende recuperar facultades viales
Regidores argumentan que en 15 años no se ha avanzado en temas de movilidad
GUADALAJARA, JALISCO (05/NOV/2010).- Los regidores priistas Karlos Ramsses Machado y Eduardo Almaguer Ramírez presentaron un par de iniciativas para que el Ayuntamiento tapatío retome sus facultades constitucionales en materia de vialidad y tránsito. El primero plantea coadyuvar con el Gobierno de Jalisco; el segundo, una competencia exclusiva para el municipio.
El alcalde Aristóteles Sandoval había anunciado desde el 3 de octubre que se presentaría esta propuesta. El regidor Almaguer Ramírez argumentó de esta forma su iniciativa: “Vemos que en 15 años no se ha avanzado en los temas de vialidad, de movilidad. Hay grandes fallas, no hay proyectos reales”.
El edil hizo referencia al conflicto suscitado con la Secretaría de Vialidad y Transporte de Jalisco, en una espiral con varios capítulos, como el señalamiento que hizo el presidente municipal contra la dependencia estatal por impedir labores de repavimentación en el Oriente del municipio, o las aseveraciones públicas del secretario Diego Monraz Villaseñor en las que adelantaba que el proyecto municipal de intervención en la Glorieta Minerva (Sistema Vial Minerva) estaba prácticamente cancelado. También está la cancelación de la Línea 2 del Macrobús por las autoridades municipales, un proyecto que impulsaba Monraz Villaseñor.
Según el regidor y el síndico Héctor Pizano Ramos, el único antecedente legal en este asunto es un convenio firmado el 10 de mayo de 1983, el cual no contiene como tal una cesión de las facultades municipales de vialidad al Gobierno estatal, sino que da origen a un consejo consultivo que actualmente no sesiona ni tiene injerencia sobre las políticas públicas que implementa la secretaría.
“Si te remites al convenio, te darás cuenta que hubo reformas constitucionales posteriores en las que le dieron plena autonomía al municipio, y lo único que se haría necesario es que el municipio las asuma porque constitucionalmente las tenemos. El convenio estaría anterior a esa vigencia”, subrayó Pizano Ramos.
De aprobarse, Almaguer Ramírez espera que la dependencia estatal le haga entrega del 40% de sus recursos humanos y materiales: “Éstos le corresponden a Guadalajara. Tendrían que pasar a la administración de la ciudad el personal y los recursos materiales, entonces tendríamos una mayor capacidad para atender ambos problemas (la seguridad y la vialidad). Quiero insistir que hay grandes problemas, por eso debemos plantear grandes soluciones”.
El alcalde Aristóteles Sandoval había anunciado desde el 3 de octubre que se presentaría esta propuesta. El regidor Almaguer Ramírez argumentó de esta forma su iniciativa: “Vemos que en 15 años no se ha avanzado en los temas de vialidad, de movilidad. Hay grandes fallas, no hay proyectos reales”.
El edil hizo referencia al conflicto suscitado con la Secretaría de Vialidad y Transporte de Jalisco, en una espiral con varios capítulos, como el señalamiento que hizo el presidente municipal contra la dependencia estatal por impedir labores de repavimentación en el Oriente del municipio, o las aseveraciones públicas del secretario Diego Monraz Villaseñor en las que adelantaba que el proyecto municipal de intervención en la Glorieta Minerva (Sistema Vial Minerva) estaba prácticamente cancelado. También está la cancelación de la Línea 2 del Macrobús por las autoridades municipales, un proyecto que impulsaba Monraz Villaseñor.
Según el regidor y el síndico Héctor Pizano Ramos, el único antecedente legal en este asunto es un convenio firmado el 10 de mayo de 1983, el cual no contiene como tal una cesión de las facultades municipales de vialidad al Gobierno estatal, sino que da origen a un consejo consultivo que actualmente no sesiona ni tiene injerencia sobre las políticas públicas que implementa la secretaría.
“Si te remites al convenio, te darás cuenta que hubo reformas constitucionales posteriores en las que le dieron plena autonomía al municipio, y lo único que se haría necesario es que el municipio las asuma porque constitucionalmente las tenemos. El convenio estaría anterior a esa vigencia”, subrayó Pizano Ramos.
De aprobarse, Almaguer Ramírez espera que la dependencia estatal le haga entrega del 40% de sus recursos humanos y materiales: “Éstos le corresponden a Guadalajara. Tendrían que pasar a la administración de la ciudad el personal y los recursos materiales, entonces tendríamos una mayor capacidad para atender ambos problemas (la seguridad y la vialidad). Quiero insistir que hay grandes problemas, por eso debemos plantear grandes soluciones”.