Jalisco
Jalisco ejerció sólo la mitad de los recursos federales para seguridad
De 310 millones 742 mil pesos que recibieron en 2010, sólo utilizaron 159 millones 651 mil
GUADALAJARA, JALISCO (25/FEB/2012).- La Auditoría Superior de la Federación detectó que en 2010 el Estado de Jalisco no ejerció la totalidad de los recursos que destinó el Gobierno federal para combatir la inseguridad en la Entidad.
De acuerdo con los resultados de la cuenta pública 2010 que el máximo órgano fiscalizador revisó, Jalisco recibió 310 millones 742 mil pesos por concepto del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública para los estados (FASP) y al 31 de diciembre de 2010 sólo había ejercido 159 millones 651 mil pesos. “Representan 51.4% de los recursos ministrados al Estado, por lo que hubo un subejercicio de 48.6% por 151 millones 91 mil pesos y no se cumplieron al 100% las metas previstas para el ejercicio fiscal 2010”. Con ello, la Auditoría estima que existieron consecuencias sociales debido a la falta de aplicación de este dinero federal. “El subejercicio afectó los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, destinados a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública de la población”.
Entre los señalamientos de la revisión también figura que para el 31 de diciembre de 2010, sólo 43% de los policías estatales se había sometido a pruebas de control de confianza.
“Otro factor importante por considerar es que no se ha evaluado a la totalidad de los elementos de seguridad, lo que impidió identificar con claridad al personal calificado, confiable, competente y cuyos valores y principios sean acordes con los requerimientos de la sociedad en materia de seguridad pública”, dice el documento que deberá ser revisado en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. El dictamen estima que Jalisco ejerció parte de ese fondo en conceptos no previstos, que se adjudicaron obras sin licitación de por medio (algunas licitaciones directas se justificaron, otras no) y se contrataron cursos para los policías no autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad.
Se recomienda al Gobierno estatal sancionar a funcionarios que no ejercieron o contribuyeron a evitar el uso de los recursos.
De acuerdo con los resultados de la cuenta pública 2010 que el máximo órgano fiscalizador revisó, Jalisco recibió 310 millones 742 mil pesos por concepto del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública para los estados (FASP) y al 31 de diciembre de 2010 sólo había ejercido 159 millones 651 mil pesos. “Representan 51.4% de los recursos ministrados al Estado, por lo que hubo un subejercicio de 48.6% por 151 millones 91 mil pesos y no se cumplieron al 100% las metas previstas para el ejercicio fiscal 2010”. Con ello, la Auditoría estima que existieron consecuencias sociales debido a la falta de aplicación de este dinero federal. “El subejercicio afectó los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, destinados a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública de la población”.
Entre los señalamientos de la revisión también figura que para el 31 de diciembre de 2010, sólo 43% de los policías estatales se había sometido a pruebas de control de confianza.
“Otro factor importante por considerar es que no se ha evaluado a la totalidad de los elementos de seguridad, lo que impidió identificar con claridad al personal calificado, confiable, competente y cuyos valores y principios sean acordes con los requerimientos de la sociedad en materia de seguridad pública”, dice el documento que deberá ser revisado en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. El dictamen estima que Jalisco ejerció parte de ese fondo en conceptos no previstos, que se adjudicaron obras sin licitación de por medio (algunas licitaciones directas se justificaron, otras no) y se contrataron cursos para los policías no autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad.
Se recomienda al Gobierno estatal sancionar a funcionarios que no ejercieron o contribuyeron a evitar el uso de los recursos.