Jalisco
Lidera Fiscalía registro estatal de inhabilitados
Seis de cada 10 sancionados trabajaban en las secretarías del Gobierno de Jalisco; el resto laboraban en OPD o ayuntamientos
GUADALAJARA, JALISCO (12/FEB/2015).- Las secretarías que dependen del Gobierno del Estado acumulan 141, de un total de 226 servidores públicos o funcionarios inhabilitados en los últimos dos años, según el Registro Estatal de Inhabilitados, pero es la Fiscalía General la que lidera la estadística con 71. Casi quintuplica los inhabilitados de otras dependencias estatales.
La mayoría de sus inhabilitados son custodios y policías investigadores. La semana pasada, el fiscal Luis Carlos Nájera reconoció que el año pasado despidió a 142 de sus trabajadores por haber incurrido en presuntos actos de corrupción, de los cuales sólo 71 pasaron al padrón de inhabilitados. En ese lapso, la corporación emprendió mil 032 procedimientos administrativos contra sus servidores púbicos.
A la dependencia que fusionó desde 2013 a las áreas de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad del Estado le siguen la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno, con 15 funcionarios inhabilitados cada una. En el caso de la primera se trata, principalmente, de oficiales y peritos; en la segunda predominan los coordinadores y directores de área cesados.
En tercer lugar aparece la Secretaría de Salud Jalisco con 14 inhabilitados, 10 de ellos sancionados el año pasado por irregularidades en el ejercicio del recurso destinado al programa “Pasos por la Salud”.
Luego figura, en el cuarto lugar, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) con 13 sancionados. Dos funcionarios acreditaron una inhabilitación por “daño económico total ocasionado a la dependencia”.
El resto de la lista la conforman las secretarías del Trabajo y de Infraestructura y Obra Pública, con tres funcionarios inhabilitados cada una; Educación, con dos sancionados, uno de ellos por responsabilidad penal en el delito de extorsión. En el último lugar con un inhabilitado se sitúan el Despacho del Gobernador, la Procuraduría Social, Turismo, Desarrollo e Integración Social y Desarrollo Rural.
La inhabilitación es una sanción de carácter administrativo establecida en la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco. Impide a los que fueron sancionados a ejercer cualquier empleo o cargo dentro del servicio público federal, estatal o municipal durante no menos de tres meses ni más de seis años.
Más fallas e inconsistencias
A mediados de 2014, el titular de la Secretaría del Trabajo de Jalisco, Eduardo Almaguer, señaló que había despedido a 82 servidores públicos por irregularidades graves o hechos de corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuatro de ellos relacionados con los famosos abogados “talibanes”.
Sin embargo, la Contraloría solamente reporta tres inhabilitados entre 2013 y 2014, dos por omisión en la presentación de sus declaraciones patrimoniales y uno más por no cumplir con la máxima diligencia en el servicio encomendado, según el Registro Estatal de Inhabilitados, que contradice las declaraciones de funcionarios estatales que hacen referencia al despido de servidores públicos.
El 7 de julio de 2014, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ), Luis Carlos Vega Pámanes, destacó ante representantes de la Cámara de Comercio que alrededor de 50 funcionarios habían sido objeto de sanciones, que van desde la destitución hasta la suspensión sin goce de sueldo hasta por seis meses. El problema es que no existen registros de inhabilitados del Tribunal.
El director jurídico de la Contraloría, Avelino Bravo, explica que el registro se alimenta de la información que envían las dependencias y entidades que inhabilitan, “si no están es porque no nos notifican”.
Cuestionado sobre las entidades que han sido sancionadas por no remitir sus registros de inhabilitados, señaló que hasta el momento no hay sanciones “porque no hemos detectado el dato de que alguna haya sido omisa en enviarnos la información… yo no puedo saber quién inhabilita si no me dicen”.
Además de las inconsistencias referidas, en el portal electrónico de la Contraloría hay fallas por parte de la autoridad al no desplegar la lista completa de inhabilitados. “Tengo entendido que esa parte se iba a modificar”, respondió la directora de Transparencia de la Contraloría, Lizbeth Vázquez del Mercado.
La misma respuesta viene manejando la Contraloría desde hace más de seis meses, cuando respondió al Instituto de Transparencia (Itei) que se encontraba trabajando en la elaboración de una herramienta. Desde entonces nada ha ocurrido.
El director de Evaluación del Itei, Alfonso Hernández Godínez, recordó que el Instituto detectó los problemas de accesibilidad en la evaluación del portal electrónico realizada en 2014.
ANOMALÍAS EN ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Los OPD suman 36 sancionados
Según el Registro Estatal de Inhabilitado hay 36 servidores públicos inhabilitados que cobraban en las nóminas de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) entre los años 2013 y 2014.
El Colegio de Bachilleres triplica al resto de los organismos, con 11 sancionados por omisión en la presentación de su declaración patrimonial.
En segundo lugar, con cuatro inhabilitados cada uno, está el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Iprovipe) y el Instituto de Ciencias Forenses. En el caso del primer organismo, uno de los señalados es el ex tesorero Roberto Valle Pinzón, quien fue arrestado por la compra de un terreno de 150 millones de pesos, de los que no se pagaron 50 millones a pesar de que existían los recursos.
El que no aparece en el registro es el ex director del Iprovipe, Jorge Sánchez Martínez, contra quien pesa una alerta internacional por desvió de recursos. Por otra parte, con tres funcionarios inhabilitados, se sitúa en el tercer lugar el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, respectivamente.
Con dos sancionados por cada organismo les continúan el Instituto de Formación para el Trabajo y el Consejo Estatal de la Familia; en el último caso, los funcionarios fueron sancionados por “abandono institucional de menores”.
La ley ordena a la Contraloría de Jalisco conformar el registro de forma física y electrónica. Cualquier ciudadano puede acceder de forma física a la información si acude a la dependencia (Vallarta 1252, en la Colonia Americana).
El problema es que en el portal electrónico hay fallas por parte de la autoridad al no desplegar la lista completa de inhabilitados, por lo que se debe conocer específicamente el nombre y apellidos para acceder a la información en el buscador www.contraloria.app.jalisco.gob.mx/inhabilitados/
LA VOZ DEL EXPERTO
La Contraloría incumple con la ley
Harold Dutton Treviño (académico de la UdeG).
El especialista en transparencia considera que la Contraloría está violando no sólo la legislación en materia de transparencia, “lo que es más grave es que viola los acuerdos internaciones que México ha firmado en materia de derechos humanos”.
Sugiere hacer un ejercicio interno y cuestionarse cómo podrían facilitar el acceso a la información a los ciudadanos, “la mayoría de la gente no entiende, desde ahí se está violando la ley, no la hacen accesible”. Lo anterior “demuestra” que el Estado no quiere que la ciudadanía sea partícipe en los procesos de toma de decisiones.
El problema no se limita a la Contraloría, “la misma actitud se aprecia en muchísimos servidores públicos y en otras dependencias que no quieren hacer válidos los principios de transparencia”. ¿Qué falta? “Que los funcionarios entiendan que el acceso a la información nos lleva a construir un mejor país”. Por eso propone aplicar el principio de máxima revelación y el principio de sencillez.
DECLARACIÓN PATRIMONIAL
Ocultan sus bienes
En las secretarías del Gobierno del Estado y los Organismos Públicos Descentralizados, la omisión de la presentación de la declaración patrimonial es la principal causa de la inhabilitación de servidores públicos: de 177 burócratas de la administración pública estatal sancionados para ocupar un cargo, 153 no presentó ese documento, según los registros de la Contraloría del Estado entre 2013 y 2014.
En promedio, nueve de cada 10 inhabilitaciones son por no presentar la declaración patrimonial.
La Fiscalía acumula el mayor número de inhabilitados por esta causa. Esta omisión tiene una sanción de un año en promedio de inhabilitación del servicio público en todos los niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal, así como en los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por otra parte, entre los que se llevaron la mayor sanción de 10 años de inhabilitación destaca la ex regidora de Guadalajara, Elisa Ayón Hernández, por irregularidades en el desempeño de sus funciones y falsedad en los datos proporcionados en sus declaraciones. Hasta el momento, la Fiscalía General no ha girado órdenes de aprensión en su contra.
El que sí fue arrestado en marzo pasado fue el ex tesorero del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Iprovipe), Roberto Valle Pinzón, a quien se le fijó una fianza de 50 millones de pesos para pagar la reparación del daño y otra más por 10 millones en lo personal.
Otras anomalías son por daño económico y desvío de recursos, abandono institucional de menores, pérdida y ocultamiento de documentos oficiales, así como la omisión en la presentación formal de la entrega-recepción.
Sólo informan ocho alcaldías y la Judicatura
Contados son los ayuntamientos que reportan los nombres de sus inhabilitados entre 2013 y 2014. Entre los cumplidos se encuentran Acatlán de Juárez, El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, San Martín Hidalgo, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan.
El que más funcionarios inhabilitó fue Tlajomulco, con 10 burócratas. Le sigue Acatlán de Juárez con nueve, por un periodo de un año y tres meses por irregularidades en el desempeño de sus funciones. La lista la encabeza el ex alcalde Édgar Santiago Aviña Mejía, seguido por el síndico y siete regidores.
En San Martín Hidalgo también fue inhabilitado por seis años el presidente municipal, Carlos Alberto Rosas Camacho, por desempeñarse irregularmente en sus funciones.
En lo que refiere al Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura es la única entidad que reportó inhabilitados. En total, fueron 19 los impedidos a desempeñarse en el quehacer público. El listado lo conforman oficiales administrativos, técnicos, jefes de departamento, actuarios, analistas, secretarias y un par de jueces; éstos últimos dejaron el cargo por desacato de instrucciones federales y ausentarse sin permiso.
CLAVES
A fondo
Modificación Las reformas a la Ley de responsabilidades de los servidores públicos en Jalisco entraron en vigor en octubre de 2012.
Responsabilidad La Contraloría alimenta el Registro Estatal de Inhabilitados. Desde abril de 2013 requirió información a todas las entidades públicas de los tres órdenes de Gobierno y Poderes, pero la mayoría de ayuntamientos y los Poderes Judicial y Legislativo no respondieron con base en la ley.
Actualización El contralor del Estado giró órdenes para que cada mes se actualice el Registro Estatal, en lugar de hacerlo anualmente. Tampoco se cumplió.
Cambio La Contraloría anuncia que el sistema electrónico del Registro Estatal de Inhabilitaciones será modificado para hacer más fácil la búsqueda de sancionados, pero no hay una fecha.
Constancia La Contraloría de Jalisco emite las constancias de no inhabilitación de servidores públicos, pero al no reportar las entidades no se tiene conocimiento de los burócratas que han sido despedidos o inhabilitados.
GUÍA
¿Qué dice la Ley?
— ¿Qué tipo de sanciones se aplican con la Ley de responsabilidades de los servidores públicos?
— Apercibimiento, amonestación por escrito, sanción pecuniaria, suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres a 30 días laborables. También la inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
— ¿Qué es una inhabilitación?
— Es una sanción de carácter administrativo establecida en la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco, que impide a los que fueron sancionados a ejercer cualquier empleo, cargo u omisión dentro del servicio público (federal, estatal o municipal).
— ¿Quién aplica la sanción de la inhabilitación?
— Es aplicable por la resolución que emita el titular de la entidad pública correspondiente.
— ¿Qué es el Registro Estatal de Inhabilitados?
— Fue instituido por la Contraloría del Estado de forma física y electrónica de manera anual, con la finalidad de asentar las inhabilitaciones impuestas por las autoridades.
— ¿Qué dice el Artículo 80?
— Establece la obligación de las entidades públicas de informar a la Contraloría las inhabilitaciones que hubiesen impuesto para lo cual deben remitir copias certificadas de la resolución, lo que debe hacerse en un término no mayor de 10 días hábiles contados; es decir, cuando la sentencia sea firme, lo que puede ser porque el servidor público no la impugnó o, en su caso, cuando es confirmada por el órgano jurisdiccional correspondiente.
Sigue: #debateinformador
¿Cuáles deben ser las sanciones para las entidades públicas que omiten informar sobre sus registros de burócratas inhabilitados?
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La mayoría de sus inhabilitados son custodios y policías investigadores. La semana pasada, el fiscal Luis Carlos Nájera reconoció que el año pasado despidió a 142 de sus trabajadores por haber incurrido en presuntos actos de corrupción, de los cuales sólo 71 pasaron al padrón de inhabilitados. En ese lapso, la corporación emprendió mil 032 procedimientos administrativos contra sus servidores púbicos.
A la dependencia que fusionó desde 2013 a las áreas de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad del Estado le siguen la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno, con 15 funcionarios inhabilitados cada una. En el caso de la primera se trata, principalmente, de oficiales y peritos; en la segunda predominan los coordinadores y directores de área cesados.
En tercer lugar aparece la Secretaría de Salud Jalisco con 14 inhabilitados, 10 de ellos sancionados el año pasado por irregularidades en el ejercicio del recurso destinado al programa “Pasos por la Salud”.
Luego figura, en el cuarto lugar, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) con 13 sancionados. Dos funcionarios acreditaron una inhabilitación por “daño económico total ocasionado a la dependencia”.
El resto de la lista la conforman las secretarías del Trabajo y de Infraestructura y Obra Pública, con tres funcionarios inhabilitados cada una; Educación, con dos sancionados, uno de ellos por responsabilidad penal en el delito de extorsión. En el último lugar con un inhabilitado se sitúan el Despacho del Gobernador, la Procuraduría Social, Turismo, Desarrollo e Integración Social y Desarrollo Rural.
La inhabilitación es una sanción de carácter administrativo establecida en la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco. Impide a los que fueron sancionados a ejercer cualquier empleo o cargo dentro del servicio público federal, estatal o municipal durante no menos de tres meses ni más de seis años.
Más fallas e inconsistencias
A mediados de 2014, el titular de la Secretaría del Trabajo de Jalisco, Eduardo Almaguer, señaló que había despedido a 82 servidores públicos por irregularidades graves o hechos de corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuatro de ellos relacionados con los famosos abogados “talibanes”.
Sin embargo, la Contraloría solamente reporta tres inhabilitados entre 2013 y 2014, dos por omisión en la presentación de sus declaraciones patrimoniales y uno más por no cumplir con la máxima diligencia en el servicio encomendado, según el Registro Estatal de Inhabilitados, que contradice las declaraciones de funcionarios estatales que hacen referencia al despido de servidores públicos.
El 7 de julio de 2014, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ), Luis Carlos Vega Pámanes, destacó ante representantes de la Cámara de Comercio que alrededor de 50 funcionarios habían sido objeto de sanciones, que van desde la destitución hasta la suspensión sin goce de sueldo hasta por seis meses. El problema es que no existen registros de inhabilitados del Tribunal.
El director jurídico de la Contraloría, Avelino Bravo, explica que el registro se alimenta de la información que envían las dependencias y entidades que inhabilitan, “si no están es porque no nos notifican”.
Cuestionado sobre las entidades que han sido sancionadas por no remitir sus registros de inhabilitados, señaló que hasta el momento no hay sanciones “porque no hemos detectado el dato de que alguna haya sido omisa en enviarnos la información… yo no puedo saber quién inhabilita si no me dicen”.
Además de las inconsistencias referidas, en el portal electrónico de la Contraloría hay fallas por parte de la autoridad al no desplegar la lista completa de inhabilitados. “Tengo entendido que esa parte se iba a modificar”, respondió la directora de Transparencia de la Contraloría, Lizbeth Vázquez del Mercado.
La misma respuesta viene manejando la Contraloría desde hace más de seis meses, cuando respondió al Instituto de Transparencia (Itei) que se encontraba trabajando en la elaboración de una herramienta. Desde entonces nada ha ocurrido.
El director de Evaluación del Itei, Alfonso Hernández Godínez, recordó que el Instituto detectó los problemas de accesibilidad en la evaluación del portal electrónico realizada en 2014.
ANOMALÍAS EN ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Los OPD suman 36 sancionados
Según el Registro Estatal de Inhabilitado hay 36 servidores públicos inhabilitados que cobraban en las nóminas de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) entre los años 2013 y 2014.
El Colegio de Bachilleres triplica al resto de los organismos, con 11 sancionados por omisión en la presentación de su declaración patrimonial.
En segundo lugar, con cuatro inhabilitados cada uno, está el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Iprovipe) y el Instituto de Ciencias Forenses. En el caso del primer organismo, uno de los señalados es el ex tesorero Roberto Valle Pinzón, quien fue arrestado por la compra de un terreno de 150 millones de pesos, de los que no se pagaron 50 millones a pesar de que existían los recursos.
El que no aparece en el registro es el ex director del Iprovipe, Jorge Sánchez Martínez, contra quien pesa una alerta internacional por desvió de recursos. Por otra parte, con tres funcionarios inhabilitados, se sitúa en el tercer lugar el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, respectivamente.
Con dos sancionados por cada organismo les continúan el Instituto de Formación para el Trabajo y el Consejo Estatal de la Familia; en el último caso, los funcionarios fueron sancionados por “abandono institucional de menores”.
La ley ordena a la Contraloría de Jalisco conformar el registro de forma física y electrónica. Cualquier ciudadano puede acceder de forma física a la información si acude a la dependencia (Vallarta 1252, en la Colonia Americana).
El problema es que en el portal electrónico hay fallas por parte de la autoridad al no desplegar la lista completa de inhabilitados, por lo que se debe conocer específicamente el nombre y apellidos para acceder a la información en el buscador www.contraloria.app.jalisco.gob.mx/inhabilitados/
LA VOZ DEL EXPERTO
La Contraloría incumple con la ley
Harold Dutton Treviño (académico de la UdeG).
El especialista en transparencia considera que la Contraloría está violando no sólo la legislación en materia de transparencia, “lo que es más grave es que viola los acuerdos internaciones que México ha firmado en materia de derechos humanos”.
Sugiere hacer un ejercicio interno y cuestionarse cómo podrían facilitar el acceso a la información a los ciudadanos, “la mayoría de la gente no entiende, desde ahí se está violando la ley, no la hacen accesible”. Lo anterior “demuestra” que el Estado no quiere que la ciudadanía sea partícipe en los procesos de toma de decisiones.
El problema no se limita a la Contraloría, “la misma actitud se aprecia en muchísimos servidores públicos y en otras dependencias que no quieren hacer válidos los principios de transparencia”. ¿Qué falta? “Que los funcionarios entiendan que el acceso a la información nos lleva a construir un mejor país”. Por eso propone aplicar el principio de máxima revelación y el principio de sencillez.
DECLARACIÓN PATRIMONIAL
Ocultan sus bienes
En las secretarías del Gobierno del Estado y los Organismos Públicos Descentralizados, la omisión de la presentación de la declaración patrimonial es la principal causa de la inhabilitación de servidores públicos: de 177 burócratas de la administración pública estatal sancionados para ocupar un cargo, 153 no presentó ese documento, según los registros de la Contraloría del Estado entre 2013 y 2014.
En promedio, nueve de cada 10 inhabilitaciones son por no presentar la declaración patrimonial.
La Fiscalía acumula el mayor número de inhabilitados por esta causa. Esta omisión tiene una sanción de un año en promedio de inhabilitación del servicio público en todos los niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal, así como en los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por otra parte, entre los que se llevaron la mayor sanción de 10 años de inhabilitación destaca la ex regidora de Guadalajara, Elisa Ayón Hernández, por irregularidades en el desempeño de sus funciones y falsedad en los datos proporcionados en sus declaraciones. Hasta el momento, la Fiscalía General no ha girado órdenes de aprensión en su contra.
El que sí fue arrestado en marzo pasado fue el ex tesorero del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Iprovipe), Roberto Valle Pinzón, a quien se le fijó una fianza de 50 millones de pesos para pagar la reparación del daño y otra más por 10 millones en lo personal.
Otras anomalías son por daño económico y desvío de recursos, abandono institucional de menores, pérdida y ocultamiento de documentos oficiales, así como la omisión en la presentación formal de la entrega-recepción.
Sólo informan ocho alcaldías y la Judicatura
Contados son los ayuntamientos que reportan los nombres de sus inhabilitados entre 2013 y 2014. Entre los cumplidos se encuentran Acatlán de Juárez, El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, San Martín Hidalgo, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan.
El que más funcionarios inhabilitó fue Tlajomulco, con 10 burócratas. Le sigue Acatlán de Juárez con nueve, por un periodo de un año y tres meses por irregularidades en el desempeño de sus funciones. La lista la encabeza el ex alcalde Édgar Santiago Aviña Mejía, seguido por el síndico y siete regidores.
En San Martín Hidalgo también fue inhabilitado por seis años el presidente municipal, Carlos Alberto Rosas Camacho, por desempeñarse irregularmente en sus funciones.
En lo que refiere al Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura es la única entidad que reportó inhabilitados. En total, fueron 19 los impedidos a desempeñarse en el quehacer público. El listado lo conforman oficiales administrativos, técnicos, jefes de departamento, actuarios, analistas, secretarias y un par de jueces; éstos últimos dejaron el cargo por desacato de instrucciones federales y ausentarse sin permiso.
CLAVES
A fondo
Modificación Las reformas a la Ley de responsabilidades de los servidores públicos en Jalisco entraron en vigor en octubre de 2012.
Responsabilidad La Contraloría alimenta el Registro Estatal de Inhabilitados. Desde abril de 2013 requirió información a todas las entidades públicas de los tres órdenes de Gobierno y Poderes, pero la mayoría de ayuntamientos y los Poderes Judicial y Legislativo no respondieron con base en la ley.
Actualización El contralor del Estado giró órdenes para que cada mes se actualice el Registro Estatal, en lugar de hacerlo anualmente. Tampoco se cumplió.
Cambio La Contraloría anuncia que el sistema electrónico del Registro Estatal de Inhabilitaciones será modificado para hacer más fácil la búsqueda de sancionados, pero no hay una fecha.
Constancia La Contraloría de Jalisco emite las constancias de no inhabilitación de servidores públicos, pero al no reportar las entidades no se tiene conocimiento de los burócratas que han sido despedidos o inhabilitados.
GUÍA
¿Qué dice la Ley?
— ¿Qué tipo de sanciones se aplican con la Ley de responsabilidades de los servidores públicos?
— Apercibimiento, amonestación por escrito, sanción pecuniaria, suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres a 30 días laborables. También la inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
— ¿Qué es una inhabilitación?
— Es una sanción de carácter administrativo establecida en la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco, que impide a los que fueron sancionados a ejercer cualquier empleo, cargo u omisión dentro del servicio público (federal, estatal o municipal).
— ¿Quién aplica la sanción de la inhabilitación?
— Es aplicable por la resolución que emita el titular de la entidad pública correspondiente.
— ¿Qué es el Registro Estatal de Inhabilitados?
— Fue instituido por la Contraloría del Estado de forma física y electrónica de manera anual, con la finalidad de asentar las inhabilitaciones impuestas por las autoridades.
— ¿Qué dice el Artículo 80?
— Establece la obligación de las entidades públicas de informar a la Contraloría las inhabilitaciones que hubiesen impuesto para lo cual deben remitir copias certificadas de la resolución, lo que debe hacerse en un término no mayor de 10 días hábiles contados; es decir, cuando la sentencia sea firme, lo que puede ser porque el servidor público no la impugnó o, en su caso, cuando es confirmada por el órgano jurisdiccional correspondiente.
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¿Cuáles deben ser las sanciones para las entidades públicas que omiten informar sobre sus registros de burócratas inhabilitados?
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