Jalisco
Permitir la operación de “franeleros”, un dilema para empresarios
Académicos afirman que los resultados de la evaluación de Transparencia Mexicana evidencian el fracaso en las políticas públicas
GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2011).- El caso de los franeleros o apartalugares, incluido como uno de los 10 servicios y/o trámites con mayor corrupción en Jalisco, de acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), de la organización Transparencia Mexicana, es complejo, coinciden el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Manuel Herrera Vega, y el presidente del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex), Óscar Benavides Reyes.
Por un lado no se debe permitir que un particular se apropie de los lugares públicos y, peor aún, que reciba dinero por ello, y por el otro lado, el problema social pues se trata de personas desempleadas que encuentran una manera de obtener ingresos.
Para el dirigente de los industriales, además se hace evidente el problema de estacionamiento sobre todo en el Centro: “Son insuficientes, otros porque son caros y otro porque simple y sencillamente la gente se estaciona más rápido y abona a un segmento de la población que no tiene empleo y que busca la forma de obtener ingresos”.
Las críticas
Sobre el INCBG publicado por este diario con información de Transparencia Mexicana, académicos reaccionaron al asumir una postura crítica en la que explican cómo las políticas del Estado y las corruptelas del mismo grupo de funcionarios de Gobierno han propiciado el ascenso en los índices de corrupción ciudadana.
La primera lectura que dan los especialistas es la ilustración de las cifras mismas que aporta el estudio en su edición de 2010.
El investigador José Bautista Farías, representante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en la organización Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), alude que en Jalisco “tenemos un pésimo sistema de movilidad urbana y una cultura vial baja, además de prácticas arraigadas en la cultura del ciudadano que pudieran tener alguna justificación en términos de que prefieren llegar a un arreglo económico directamente (mordidas) en lugar de acudir a trámites que les generan más molestias”.
Por su parte, el académico de la Universidad Complutense de Madrid, Jaime Preciado Coronado, resalta que la cifra de actos corruptos en Jalisco que en 2010 asciende a un promedio de 10.3 por cada 100 trámites administrativos de los tres órdenes de Gobierno es muestra de un crecimiento que no ha sido controlado por el Estado, debido a que en 2005, antes de asumir Emilio González Márquez como gobernador, el promedio se situaba en tan sólo 7.2.
Los especialistas coinciden en que los resultados mencionados más allá de las cifras develan el fracaso de los programas del Gobierno para erradicar la corrupción.
Para el secretario general de Gobierno, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, dichos resultados del INCBG son desconocidos, pues afirma que las malas costumbres como las “mordidas”, deben ser sancionadas con todo la ley en contra de los servidores públicos que actual de manera abusiva en contra de los ciudadanos con el fin de obtener una ganancia económica.
El funcionario ejemplificó como una omisión el caso del policía que robo un teléfono celular y que aún sigue en funciones dentro del municipio de Zapopan.
Evaluación incómoda
El organismo civil Transparencia Mexicana reveló en su Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), de su más reciente edición (2010) que Jalisco se ubica en el lugar 25 de las 32 entidades federativas.
En el índice arroja que los servicios y/o trámites con mayor corrupción en el Estado son estacionar un vehículo en la vía pública en lugares controlados por “franeleros”; de cada 100 eventos, en 78.5 los conductores pagaron una cuota. El segundo trámite en el que se registra una mayor corrupción es la aplicación de infracciones viales: de 100 trámites, en 63.1 se detectaron irregularidades. El tercero es evitar que un automóvil sea llevado al corralón, así como sacarlo de éste, con 61.6.
Por un lado no se debe permitir que un particular se apropie de los lugares públicos y, peor aún, que reciba dinero por ello, y por el otro lado, el problema social pues se trata de personas desempleadas que encuentran una manera de obtener ingresos.
Para el dirigente de los industriales, además se hace evidente el problema de estacionamiento sobre todo en el Centro: “Son insuficientes, otros porque son caros y otro porque simple y sencillamente la gente se estaciona más rápido y abona a un segmento de la población que no tiene empleo y que busca la forma de obtener ingresos”.
Las críticas
Sobre el INCBG publicado por este diario con información de Transparencia Mexicana, académicos reaccionaron al asumir una postura crítica en la que explican cómo las políticas del Estado y las corruptelas del mismo grupo de funcionarios de Gobierno han propiciado el ascenso en los índices de corrupción ciudadana.
La primera lectura que dan los especialistas es la ilustración de las cifras mismas que aporta el estudio en su edición de 2010.
El investigador José Bautista Farías, representante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en la organización Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), alude que en Jalisco “tenemos un pésimo sistema de movilidad urbana y una cultura vial baja, además de prácticas arraigadas en la cultura del ciudadano que pudieran tener alguna justificación en términos de que prefieren llegar a un arreglo económico directamente (mordidas) en lugar de acudir a trámites que les generan más molestias”.
Por su parte, el académico de la Universidad Complutense de Madrid, Jaime Preciado Coronado, resalta que la cifra de actos corruptos en Jalisco que en 2010 asciende a un promedio de 10.3 por cada 100 trámites administrativos de los tres órdenes de Gobierno es muestra de un crecimiento que no ha sido controlado por el Estado, debido a que en 2005, antes de asumir Emilio González Márquez como gobernador, el promedio se situaba en tan sólo 7.2.
Los especialistas coinciden en que los resultados mencionados más allá de las cifras develan el fracaso de los programas del Gobierno para erradicar la corrupción.
Para el secretario general de Gobierno, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, dichos resultados del INCBG son desconocidos, pues afirma que las malas costumbres como las “mordidas”, deben ser sancionadas con todo la ley en contra de los servidores públicos que actual de manera abusiva en contra de los ciudadanos con el fin de obtener una ganancia económica.
El funcionario ejemplificó como una omisión el caso del policía que robo un teléfono celular y que aún sigue en funciones dentro del municipio de Zapopan.
Evaluación incómoda
El organismo civil Transparencia Mexicana reveló en su Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), de su más reciente edición (2010) que Jalisco se ubica en el lugar 25 de las 32 entidades federativas.
En el índice arroja que los servicios y/o trámites con mayor corrupción en el Estado son estacionar un vehículo en la vía pública en lugares controlados por “franeleros”; de cada 100 eventos, en 78.5 los conductores pagaron una cuota. El segundo trámite en el que se registra una mayor corrupción es la aplicación de infracciones viales: de 100 trámites, en 63.1 se detectaron irregularidades. El tercero es evitar que un automóvil sea llevado al corralón, así como sacarlo de éste, con 61.6.