Jalisco
Piden revisar demanda de juicio político contra Fernando Guzmán
El denunciante pide se sancione con la inhabilitación a otros cargos públicos al funcionario
GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2011).- Piden a diputados revisar y no dar carpetazo a la denuncia de juicio político presentada el 12 y ratificada el 13 septiembre pasado, contra el secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, por otorgar patentes de notarías infringiendo distintas leyes.
El denunciante, Maximiliano Lomelí Cisneros, señaló que “descubrió una red de corrupción y complicidad” que involucra al secretario general de gobierno, por lo cual demandó a la Comisión de Responsabilidades del Congreso que con base a los argumentos presentados, se sancione con la inhabilitación a otros cargos públicos al funcionario estatal.
“Queda claro que el ahora demandado incurrió en una actuación ilegal al otorgar una patente de notario a quien no cumplía con los requisitos mínimos para ello, con dicha actuación afectó seriamente a la institución del notariado en el Estado de Jalisco”.
Añadió que al otorgar Fernando Guzmán Pérez Peláez una de las patentes de notario al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, queda claramente en entredicho la independencia del Supremo Tribunal de Justicia al Ejecutivo.
Indicó que el “acto ilegal” afectó de forma grave la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado, toda vez que implica en los hechos una supeditación del titular del Poder Judicial, hacia el encargado de la política interna en el Poder Ejecutivo, esto, “trastoca el equilibrio de poderes”.
Mostró documentos correspondientes a las tres patentes que, desde su punto de vista, indican “que se regalan notarías por favores políticos", corresponden además de la otorgada al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, José Guillermo Meza García y el juez 11 de lo civil, Guillermo Rentería Gil.
Explicó que en el artículo noveno de la Ley del Notariado establece que para obtener una patente de aspirante al ejercicio del notariado, es necesario haber practicado durante tres años, por lo menos, en alguna notaría.
Además, en el artículo 36 se menciona que el ejercicio del notariado es incompatible con el desempeño de cargos públicos remunerados por cualquiera de los tres niveles de gobierno, y este es el caso.
Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado estipula que los magistrados y consejeros generales, jueces, entre otros funcionarios, están impedidos para desempeñar otro empleo o comisión en la Federación, Estado o Municipios incluso en organismos descentralizados o de particulares cuando se perciba sueldo, detalló el catedrático de la Universidad de Guadalajara y litigante.
Por último, alertó que se está maquinando la entrega de 32 notarías en el Estado, que presumiblemente podrían también incumplir con los requisitos que marca la ley.
EL INFORMAFOR / LETICIA FONSECA
El denunciante, Maximiliano Lomelí Cisneros, señaló que “descubrió una red de corrupción y complicidad” que involucra al secretario general de gobierno, por lo cual demandó a la Comisión de Responsabilidades del Congreso que con base a los argumentos presentados, se sancione con la inhabilitación a otros cargos públicos al funcionario estatal.
“Queda claro que el ahora demandado incurrió en una actuación ilegal al otorgar una patente de notario a quien no cumplía con los requisitos mínimos para ello, con dicha actuación afectó seriamente a la institución del notariado en el Estado de Jalisco”.
Añadió que al otorgar Fernando Guzmán Pérez Peláez una de las patentes de notario al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, queda claramente en entredicho la independencia del Supremo Tribunal de Justicia al Ejecutivo.
Indicó que el “acto ilegal” afectó de forma grave la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado, toda vez que implica en los hechos una supeditación del titular del Poder Judicial, hacia el encargado de la política interna en el Poder Ejecutivo, esto, “trastoca el equilibrio de poderes”.
Mostró documentos correspondientes a las tres patentes que, desde su punto de vista, indican “que se regalan notarías por favores políticos", corresponden además de la otorgada al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, José Guillermo Meza García y el juez 11 de lo civil, Guillermo Rentería Gil.
Explicó que en el artículo noveno de la Ley del Notariado establece que para obtener una patente de aspirante al ejercicio del notariado, es necesario haber practicado durante tres años, por lo menos, en alguna notaría.
Además, en el artículo 36 se menciona que el ejercicio del notariado es incompatible con el desempeño de cargos públicos remunerados por cualquiera de los tres niveles de gobierno, y este es el caso.
Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado estipula que los magistrados y consejeros generales, jueces, entre otros funcionarios, están impedidos para desempeñar otro empleo o comisión en la Federación, Estado o Municipios incluso en organismos descentralizados o de particulares cuando se perciba sueldo, detalló el catedrático de la Universidad de Guadalajara y litigante.
Por último, alertó que se está maquinando la entrega de 32 notarías en el Estado, que presumiblemente podrían también incumplir con los requisitos que marca la ley.
EL INFORMAFOR / LETICIA FONSECA