Jalisco
Planeación metropolitana requiere mejor coordinación fiscal: Prodeur
Jalisco abandonó sus proyectos de infraestructura, éste es el problema más fuerte, afirma el procurador urbano Gabriel Ibarra
GUADALAJARA, JALISCO (03/NOV/2012).- Ordenar la ciudad, definir las zonas donde no puede urbanizarse e invertir en infraestructura son los principales retos de las nuevas administraciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de la próxima gestión de Aristóteles Sandoval.
“Tenemos que ser más ordenados, hay una disparidad grave entre los planes parciales y las normas. Por otra parte, necesitamos construir infraestructura, Jalisco abandonó sus proyectos de infraestructura. Analicen cuál fue la última obra importante en Guadalajara. El problema más fuerte es la falta de infraestructura en la ciudad. También necesitamos identificar claramente las zonas no urbanizables para prohibirlas y que en el resto se hagan los usos compatibles”, subraya Gabriel Ibarra Félix, titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano en Jalisco (Prodeur), tras hacer un análisis de los desafíos de los gobiernos municipales y estatal.
— El Gobierno estatal destaca las inversiones en infraestructura, sobre todo en los primeros años del sexenio
— El señor gobernador (Emilio González) merece todo mi respecto. Lo reconozco en sus actividades, pero tal vez no sea una cuestión que dependía del gobernador sino de recursos. La realidad es que no tenemos un sistema para desarrollar infraestructura. Desde 2000, nunca hemos modificado la Ley de Hacienda para establecer las contribuciones de mejoras, que los mismos urbanizadores han pedido. Es cómo comparto mis costos y es lo más práctico. Están como antecedente las avenidas Vallarta y República porque se construyeron con plusvalías, la gente lo pagó proporcionalmente.
— Pero antes había un exitoso Consejo de Colaboración Municipal.
— Así es. La persona que no quería pagar el proyecto no lo hacía, pero no se dio ese caso. La gente aceptó el esquema. Así se construyeron las vialidades más importantes; sin embargo, a partir de 2000, con todo y reformas, Jalisco no aplicó la contribución de plusvalía. Esto implica que la infraestructura es generada en pedacitos a lo que le toca a los urbanizadores y al Gobierno. El problema es que los urbanizadores quieren invertir lo mínimo en este sentido.
— ¿Cuajará la Ley de Coordinación Metropolitana con su Instituto de Planeación? El propósito es actuar de manera coordinada en planeación urbana, seguridad, agua, recolección de basura…
— Al inicio del Gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez se presentó el problema de coordinación metropolitana. Los ayuntamientos le pidieron y coincidieron con el gobernador en el Consejo Metropolitano, con un fondo para obras. Esa fiscalización es indispensable para las zonas metropolitanas, ¿por qué?, tienden a generar segregación con un Centro que entra en decadencia por la infraestructura vieja.
— ¿El Instituto es viable? Por lo pronto, su creación fue afectada por la pasada elección.
— Es muy importante, pero debe manejarse la parte de cómo redistribuir la cuestión fiscal, es lo que le puede dar vida. Es un buen proyecto, pero no es una idea brillante, no es. En todos los niveles de coordinación se requiere un espacio para ponerse de acuerdo, el punto es sobre qué trabajará.
— ¿Qué sería brillante?
— Que el Estado y los municipios acuerden un esquema de distribución de recursos. A ningún presidente municipal yo me atrevería a criticarle su actividad de coordinación porque tiene demasiados problemas. Atiende lo inmediato, la atención de mañana los devora. Ésta es una tarea en la que deben intervenir los gobiernos estatal y federal.
— ¿Es necesario el Instituto de Planeación Metropolitana?
— La coordinación es lo más importante. La ley es un buen instrumento porque da más seguridad a los municipios en su coordinación, pero en esencia la ley no es indispensable, ellos pueden convenir su coordinación. No critico (el Instituto), pero eventualmente cada Ayuntamiento tiene necesidades internas muy fuertes como para estar viendo en la necesidad de su coordinación, que sí es indispensable.
— ¿Qué opina de la aprobación de los planes parciales de Zapopan? ¿Se protegió la zona de El Bajío?
— Zapopan tiene 12 distritos y en dos se detectaron oposiciones o controversias: El Bajío y Periférico y la zona de Coronilla. El Bajío tuvo una alta controversia porque no coincidieron en el concepto propuesto por el Ayuntamiento. En los terrenos inmediatos al estadio de futbol se está proponiendo un complejo habitacional de baja densidad, pero es imposible de ejecutar porque requiere infraestructura. Ahí se requiere infraestructura costosa.
En El Bajío las quejas también eran porque se debía conservar la zona; en Coronilla porque no era conveniente dar el uso específico a qué espacios eran urbanizables.
— ¿Cuántos juicios suman en su primer año de gestión al frente de la Prodeur?
— Tratamos de conciliar para acortar los conflictos. Ahorita tenemos 70 juicios de 400 casos en estudio. No es tan poco, pero cuando llegan aquí es porque traen problemas fuertes (una de las principales tareas de la dependencia es la regularización de fraccionamientos en el Estado; en total, hay tres mil con problemas).
— En Guadalajara, con Fernando Garza (2001-2003) comenzó la polémica en los planes parciales por el crecimiento vertical. ¿Cuál es el reto de Ramiro Hernández?
— El actual alcalde tiene un problema, pero también una gran oportunidad. La Ciudad Creativa Digital es fundamental, pero hay que generar infraestructura. El crecimiento vertical tiene el problema de que te deteriore tu vivienda por falta de agua, estacionamiento, ruido… mientras hay urbanistas que prefieren generar polos de desarrollo, otros quieren concentrar a la población en edificios. Yo opino que si no tienes servicios suficientes, no funciona nada.
— En la pasada administración se aprobaron cinco distritos tapatíos y no hubo consenso para las zonas 1 (Centro) y 2 (Minerva). ¿Cuántas denuncias o quejas tuvieron durante la consulta pública?
— Ocho quejas en Providencia y las zonas de Vallarta y Patria. El Ayuntamiento entendió que no había consenso, la gente pedía infraestructura y equipamiento para cualquier proyecto.
— ¿Usted avalaba los proyectos de las zonas 1 y 2?
— Los proyectos que vimos eran muy generales, no tenían los elementos de infraestructura. Por eso solicitamos que, por lo menos en los planes, si van a construir edificios, deben colarse como acciones condicionadas.
— ¿Qué opina de que la consulta no incluya esa información?
— Los planes no tienen la información suficiente. Es una limitante de la consulta porque no tuvo todos los elementos para convencer a los vecinos.
— ¿Qué lectura tiene de esa deficiencia?
— Tengo la impresión de que al Ayuntamiento se le presentó una situación de que para tener el proyecto a detalle, primero debe desarrollarlo, pero para convencer a las personas debe tener más información.
— ¿Entonces cuál es el reto del alcalde Ramiro Hernández?
— Debe dar la información y estar abierto a las opiniones. En el proyecto del Centro (la redensificación), la gente debe estar convencida. El ejemplo es Plaza Tapatía: no cuajó, el Estado construyó y no pudo recuperar el recurso porque hay edificios desocupados. El proyecto no se integró al Centro y los tapatíos no creyeron en él. Si repetirán esos errores, demostraremos que ni tenemos visión ni tenemos coordinación. Plaza Tapatía es el paradigma de que Guadalajara puede ser competitiva. El problema no es la verticalidad sino que se atente contra los servicios públicos como estacionamientos, agua… Ciudad Creativa Digital es un proyecto muy interesante e importante, pero la población debe creer en él.
EL DATO
Principios rectores de la coordinación metropolitana
> Consenso: Siempre deben privilegiarse los mecanismos que propicien la toma de decisiones mediante acuerdos consensuados entre los municipios o en las instancias de coordinación.
> Eficacia: El fin último de la coordinación y asociación municipal es el más eficaz desempeño de las funciones y prestación de servicios municipales.
> Sustentabilidad: Respetando los estudios a nivel de tiempo y espacio de la organización económica, social y ambiental, respetando la biodiversidad, el cuidado a la vida y la integridad ecológica.
> Viabilidad: Los estudios, proyectos, dictámenes y todo aquello que realice o sugieran las instancias de Coordinación, deben tener altas probabilidades de llevarse a cabo sin afectaciones en lo social o económico.
SABER MÁS
Estatuto Orgánico
El Estatuto Orgánico, como lo dice su propia fundamentación y está plasmado en la Ley de Coordinación Metropolitana (artículo 24), fungirá como el reglamento de esta legislación y regulará el funcionamiento de las tres instancias de colaboración intermunicipal que prevé (para las dos últimas significará, además, su creación): la Junta de Coordinación Metropolitana, compuesta por los alcaldes involucrados y el gobernador del Estado (formalizada el 26 de enero de 2012); el IMP, como instancia técnica, y el Consejo Ciudadano Metropolitano, que podrá “denunciar las anomalías detectadas y presentar propuestas para el mejor funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana”.
INSTITUTO METROPOLITANO
Analizan duplicación de estructuras
Lo expresó Francisco Ayón López durante los últimos días de su mandado al frente del Ayuntamiento de Guadalajara, ahora coincide el comisionado por la Coordinación Metropolitana, Alfonso Borja Arias, cuando refiere que la creación del Instituto Metropolitano de Planeación (IMP) deberá conllevar un proceso de desaparición de las áreas de planeación que persisten en las estructuras de los Gobiernos municipales metropolitanos, aunque esto será decisión de los propios presidentes municipales.
Ayón López llegó a hablar del riesgo que existe en una duplicidad de funciones y gastos teniendo un IMP y, a la vez, áreas individualizadas con la misma tarea por cada municipio, como el caso específico de Guadalajara, cuya Secretaría de Planeación tiene una plantilla de 65 empleados y un presupuesto de cuatro millones 116 mil 582 pesos. El ahora ex alcalde deslizaba la idea de que los municipios le entregaran sus estructuras administrativas en esta materia al IMP.
Dice ahora Borja Arias: “Sí, la finalidad de crear el Instituto es que esa actividad (de planeación) que se tenía dentro de los municipios sí se pase directamente al Instituto, eso se transfiere y hablamos de que si ahora continúan, quiero entender que el tema en que haya direcciones de Planeación, o de proyectos estratégicos en algunos lugares (municipios) es porque aún no está el IMP; sin embargo, son los mismos presidentes municipales quienes deciden. La lógica nos llama a que exista sólo el IMP”.
Comisionados cancelan sede
La Comisión por la Coordinación Metropolitana fue creada con el convenio del 26 de enero como un cuerpo transitorio encargado de hacer los preparativos principalmente para la creación del IMP y el Consejo Ciudadano, no sólo mediante la elaboración del Estatuto Orgánico (que también regula a la Junta), sino con propuestas de diseño presupuestal, además de estudios encaminados al abordaje intermunicipal de los servicios.
La tardanza en la entrega del presupuesto que, se supone, tendrían para ello (ocho millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano), pudo retrasar algunas tareas como los estudios, dice Borja Arias (uno de los comisionados junto a Alberto Orozco, Alfredo Hidalgo, Mario Silva y Roberto Arias), pero no la elaboración del Estatuto.
Dijo también que el IMP dejó de tener una sede (en Avenida Vallarta, a pocos pasos de Chapultepec), por decisión propia de la Comisión, que decidió que no era adecuada para sus tareas ni para el próximo alojamiento del Instituto, pero no por una negativa del Ayuntamiento tapatío, añadió, que sufragaba la renta de alrededor de 20 mil pesos mensuales, además de una secretaria, una asistente y el mobiliario.
Pierde vigencia
El Convenio de Coordinación Metropolitana que firmó el Poder Ejecutivo de Jalisco con los ocho ayuntamientos de la metrópoli, donde plasmaron su voluntad por crear las tres instancias de coordinación intermunicipal, el 26 de enero de 2012, tendrá que ser ratificado en los ayuntamientos de Zapopan y Tonalá por las nuevas administraciones.
Sólo en este par de municipios el término del periodo de Gobierno (2010-2012) dejó sin validez el convenio, pues su aprobación previa condicionó su vigencia con que fueran ratificados por los ayuntamientos bajo las administraciones (2012-2015).
“Tenemos que ser más ordenados, hay una disparidad grave entre los planes parciales y las normas. Por otra parte, necesitamos construir infraestructura, Jalisco abandonó sus proyectos de infraestructura. Analicen cuál fue la última obra importante en Guadalajara. El problema más fuerte es la falta de infraestructura en la ciudad. También necesitamos identificar claramente las zonas no urbanizables para prohibirlas y que en el resto se hagan los usos compatibles”, subraya Gabriel Ibarra Félix, titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano en Jalisco (Prodeur), tras hacer un análisis de los desafíos de los gobiernos municipales y estatal.
— El Gobierno estatal destaca las inversiones en infraestructura, sobre todo en los primeros años del sexenio
— El señor gobernador (Emilio González) merece todo mi respecto. Lo reconozco en sus actividades, pero tal vez no sea una cuestión que dependía del gobernador sino de recursos. La realidad es que no tenemos un sistema para desarrollar infraestructura. Desde 2000, nunca hemos modificado la Ley de Hacienda para establecer las contribuciones de mejoras, que los mismos urbanizadores han pedido. Es cómo comparto mis costos y es lo más práctico. Están como antecedente las avenidas Vallarta y República porque se construyeron con plusvalías, la gente lo pagó proporcionalmente.
— Pero antes había un exitoso Consejo de Colaboración Municipal.
— Así es. La persona que no quería pagar el proyecto no lo hacía, pero no se dio ese caso. La gente aceptó el esquema. Así se construyeron las vialidades más importantes; sin embargo, a partir de 2000, con todo y reformas, Jalisco no aplicó la contribución de plusvalía. Esto implica que la infraestructura es generada en pedacitos a lo que le toca a los urbanizadores y al Gobierno. El problema es que los urbanizadores quieren invertir lo mínimo en este sentido.
— ¿Cuajará la Ley de Coordinación Metropolitana con su Instituto de Planeación? El propósito es actuar de manera coordinada en planeación urbana, seguridad, agua, recolección de basura…
— Al inicio del Gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez se presentó el problema de coordinación metropolitana. Los ayuntamientos le pidieron y coincidieron con el gobernador en el Consejo Metropolitano, con un fondo para obras. Esa fiscalización es indispensable para las zonas metropolitanas, ¿por qué?, tienden a generar segregación con un Centro que entra en decadencia por la infraestructura vieja.
— ¿El Instituto es viable? Por lo pronto, su creación fue afectada por la pasada elección.
— Es muy importante, pero debe manejarse la parte de cómo redistribuir la cuestión fiscal, es lo que le puede dar vida. Es un buen proyecto, pero no es una idea brillante, no es. En todos los niveles de coordinación se requiere un espacio para ponerse de acuerdo, el punto es sobre qué trabajará.
— ¿Qué sería brillante?
— Que el Estado y los municipios acuerden un esquema de distribución de recursos. A ningún presidente municipal yo me atrevería a criticarle su actividad de coordinación porque tiene demasiados problemas. Atiende lo inmediato, la atención de mañana los devora. Ésta es una tarea en la que deben intervenir los gobiernos estatal y federal.
— ¿Es necesario el Instituto de Planeación Metropolitana?
— La coordinación es lo más importante. La ley es un buen instrumento porque da más seguridad a los municipios en su coordinación, pero en esencia la ley no es indispensable, ellos pueden convenir su coordinación. No critico (el Instituto), pero eventualmente cada Ayuntamiento tiene necesidades internas muy fuertes como para estar viendo en la necesidad de su coordinación, que sí es indispensable.
— ¿Qué opina de la aprobación de los planes parciales de Zapopan? ¿Se protegió la zona de El Bajío?
— Zapopan tiene 12 distritos y en dos se detectaron oposiciones o controversias: El Bajío y Periférico y la zona de Coronilla. El Bajío tuvo una alta controversia porque no coincidieron en el concepto propuesto por el Ayuntamiento. En los terrenos inmediatos al estadio de futbol se está proponiendo un complejo habitacional de baja densidad, pero es imposible de ejecutar porque requiere infraestructura. Ahí se requiere infraestructura costosa.
En El Bajío las quejas también eran porque se debía conservar la zona; en Coronilla porque no era conveniente dar el uso específico a qué espacios eran urbanizables.
— ¿Cuántos juicios suman en su primer año de gestión al frente de la Prodeur?
— Tratamos de conciliar para acortar los conflictos. Ahorita tenemos 70 juicios de 400 casos en estudio. No es tan poco, pero cuando llegan aquí es porque traen problemas fuertes (una de las principales tareas de la dependencia es la regularización de fraccionamientos en el Estado; en total, hay tres mil con problemas).
— En Guadalajara, con Fernando Garza (2001-2003) comenzó la polémica en los planes parciales por el crecimiento vertical. ¿Cuál es el reto de Ramiro Hernández?
— El actual alcalde tiene un problema, pero también una gran oportunidad. La Ciudad Creativa Digital es fundamental, pero hay que generar infraestructura. El crecimiento vertical tiene el problema de que te deteriore tu vivienda por falta de agua, estacionamiento, ruido… mientras hay urbanistas que prefieren generar polos de desarrollo, otros quieren concentrar a la población en edificios. Yo opino que si no tienes servicios suficientes, no funciona nada.
— En la pasada administración se aprobaron cinco distritos tapatíos y no hubo consenso para las zonas 1 (Centro) y 2 (Minerva). ¿Cuántas denuncias o quejas tuvieron durante la consulta pública?
— Ocho quejas en Providencia y las zonas de Vallarta y Patria. El Ayuntamiento entendió que no había consenso, la gente pedía infraestructura y equipamiento para cualquier proyecto.
— ¿Usted avalaba los proyectos de las zonas 1 y 2?
— Los proyectos que vimos eran muy generales, no tenían los elementos de infraestructura. Por eso solicitamos que, por lo menos en los planes, si van a construir edificios, deben colarse como acciones condicionadas.
— ¿Qué opina de que la consulta no incluya esa información?
— Los planes no tienen la información suficiente. Es una limitante de la consulta porque no tuvo todos los elementos para convencer a los vecinos.
— ¿Qué lectura tiene de esa deficiencia?
— Tengo la impresión de que al Ayuntamiento se le presentó una situación de que para tener el proyecto a detalle, primero debe desarrollarlo, pero para convencer a las personas debe tener más información.
— ¿Entonces cuál es el reto del alcalde Ramiro Hernández?
— Debe dar la información y estar abierto a las opiniones. En el proyecto del Centro (la redensificación), la gente debe estar convencida. El ejemplo es Plaza Tapatía: no cuajó, el Estado construyó y no pudo recuperar el recurso porque hay edificios desocupados. El proyecto no se integró al Centro y los tapatíos no creyeron en él. Si repetirán esos errores, demostraremos que ni tenemos visión ni tenemos coordinación. Plaza Tapatía es el paradigma de que Guadalajara puede ser competitiva. El problema no es la verticalidad sino que se atente contra los servicios públicos como estacionamientos, agua… Ciudad Creativa Digital es un proyecto muy interesante e importante, pero la población debe creer en él.
EL DATO
Principios rectores de la coordinación metropolitana
> Consenso: Siempre deben privilegiarse los mecanismos que propicien la toma de decisiones mediante acuerdos consensuados entre los municipios o en las instancias de coordinación.
> Eficacia: El fin último de la coordinación y asociación municipal es el más eficaz desempeño de las funciones y prestación de servicios municipales.
> Sustentabilidad: Respetando los estudios a nivel de tiempo y espacio de la organización económica, social y ambiental, respetando la biodiversidad, el cuidado a la vida y la integridad ecológica.
> Viabilidad: Los estudios, proyectos, dictámenes y todo aquello que realice o sugieran las instancias de Coordinación, deben tener altas probabilidades de llevarse a cabo sin afectaciones en lo social o económico.
SABER MÁS
Estatuto Orgánico
El Estatuto Orgánico, como lo dice su propia fundamentación y está plasmado en la Ley de Coordinación Metropolitana (artículo 24), fungirá como el reglamento de esta legislación y regulará el funcionamiento de las tres instancias de colaboración intermunicipal que prevé (para las dos últimas significará, además, su creación): la Junta de Coordinación Metropolitana, compuesta por los alcaldes involucrados y el gobernador del Estado (formalizada el 26 de enero de 2012); el IMP, como instancia técnica, y el Consejo Ciudadano Metropolitano, que podrá “denunciar las anomalías detectadas y presentar propuestas para el mejor funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana”.
INSTITUTO METROPOLITANO
Analizan duplicación de estructuras
Lo expresó Francisco Ayón López durante los últimos días de su mandado al frente del Ayuntamiento de Guadalajara, ahora coincide el comisionado por la Coordinación Metropolitana, Alfonso Borja Arias, cuando refiere que la creación del Instituto Metropolitano de Planeación (IMP) deberá conllevar un proceso de desaparición de las áreas de planeación que persisten en las estructuras de los Gobiernos municipales metropolitanos, aunque esto será decisión de los propios presidentes municipales.
Ayón López llegó a hablar del riesgo que existe en una duplicidad de funciones y gastos teniendo un IMP y, a la vez, áreas individualizadas con la misma tarea por cada municipio, como el caso específico de Guadalajara, cuya Secretaría de Planeación tiene una plantilla de 65 empleados y un presupuesto de cuatro millones 116 mil 582 pesos. El ahora ex alcalde deslizaba la idea de que los municipios le entregaran sus estructuras administrativas en esta materia al IMP.
Dice ahora Borja Arias: “Sí, la finalidad de crear el Instituto es que esa actividad (de planeación) que se tenía dentro de los municipios sí se pase directamente al Instituto, eso se transfiere y hablamos de que si ahora continúan, quiero entender que el tema en que haya direcciones de Planeación, o de proyectos estratégicos en algunos lugares (municipios) es porque aún no está el IMP; sin embargo, son los mismos presidentes municipales quienes deciden. La lógica nos llama a que exista sólo el IMP”.
Comisionados cancelan sede
La Comisión por la Coordinación Metropolitana fue creada con el convenio del 26 de enero como un cuerpo transitorio encargado de hacer los preparativos principalmente para la creación del IMP y el Consejo Ciudadano, no sólo mediante la elaboración del Estatuto Orgánico (que también regula a la Junta), sino con propuestas de diseño presupuestal, además de estudios encaminados al abordaje intermunicipal de los servicios.
La tardanza en la entrega del presupuesto que, se supone, tendrían para ello (ocho millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano), pudo retrasar algunas tareas como los estudios, dice Borja Arias (uno de los comisionados junto a Alberto Orozco, Alfredo Hidalgo, Mario Silva y Roberto Arias), pero no la elaboración del Estatuto.
Dijo también que el IMP dejó de tener una sede (en Avenida Vallarta, a pocos pasos de Chapultepec), por decisión propia de la Comisión, que decidió que no era adecuada para sus tareas ni para el próximo alojamiento del Instituto, pero no por una negativa del Ayuntamiento tapatío, añadió, que sufragaba la renta de alrededor de 20 mil pesos mensuales, además de una secretaria, una asistente y el mobiliario.
Pierde vigencia
El Convenio de Coordinación Metropolitana que firmó el Poder Ejecutivo de Jalisco con los ocho ayuntamientos de la metrópoli, donde plasmaron su voluntad por crear las tres instancias de coordinación intermunicipal, el 26 de enero de 2012, tendrá que ser ratificado en los ayuntamientos de Zapopan y Tonalá por las nuevas administraciones.
Sólo en este par de municipios el término del periodo de Gobierno (2010-2012) dejó sin validez el convenio, pues su aprobación previa condicionó su vigencia con que fueran ratificados por los ayuntamientos bajo las administraciones (2012-2015).