Jalisco
Presentarán denuncia por compra de elevadores en edificio Juárez
Comisión de Administración instruirá la denuncia contra quien resulte responsable de la adquisición de los elevadores
GUADALAJARA, JALISCO (20/NOV/2013).- Los diputados integrantes de la Comisión de Administración del
Congreso local aprobaron instruir a la directora de Asuntos Jurídicos, Raquel Álvarez Hernández que presente una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por la compra de dos elevadores que se instalarían en el
edificio Juárez del Poder Legislativo.
Sólo uno de los dos elevadores fue instalado y existen algunas piezas que pueden observarse en la planta baja del edificio al que diputados de las últimas cuatro legislaturas le han invertido recursos.
Con la finalidad de conocer la situación de edificio instalado y la viabilidad de colocar el segundo elevador, los diputados locales propusieron contratar un perito que analizara la situación de ambos artefactos, pero ese punto en la orden del día fue retirado.
Los legisladores locales escucharon la versión jurídica de la abogada, Raquel Álvarez quien calificó el contrato que se firmó en la pasada Legislatura, en el año 2010, cuando Carlos Corona era el titular de la Secretaría General como ventajoso para el proveedor, señaló que en ese contrato se establecen sanciones para el Poder Legislativo por incumplimiento de pago, mientras que la empresa a la que se le pagó no se le puede sancionar por no cumplir con la instalación de los elevadores.
El Congreso ha pagado 2.3 millones de pesos al proveedor lo que implica más del 90% del costo de los elevadores, mientras que la empresa ha demandado al Legislativo por no cumplir con el pago en su totalidad, el Legislativo no ha podido hacer valer su derecho para pedir la adecuada instalación de los elevadores.
De acuerdo con la directora jurídica, existe el contrato pero solo la empresa posee el original, mientras que en el Congreso solo existen copias de dicho documento.
La presidenta de la Comisión de Administración, Celia Fausto, explicó que la denuncia penal no es en contra de la empresa, es una ruta jurídica.
"Es una denuncia es contra los anteriores servidores públicos del Poder Legislativo quienes suscriben amañados, es desventajoso para el Legislativo y ventajoso para le empresa. En qué cabeza cabe hacer un contrato auto flagelándose o poniéndose una siga al cuello. Las cosas se hicieron con los pies sin soporte técnico y jurídico", arremetió la perredista.
Piden áreas administrativas del Congreso pagar nóminas electrónicamente
El titular de la Secretaría General del Poder Legislativo, Marco Antonio Daza, el titular de Control Presupuestal, Francisco Salcedo y el de Recursos Humanos, Agustín Araujo presentaron ante los diputados integrantes de la Comisión de Administración regresar al pago electrónico de las nóminas de empleados del Congreso local.
El argumento principal era que ese tipo de pago generaría un ahorro superior a los 130 mil pesos anuales por erogar entre dos mil 500 y tres mil cheques.
Además, Daza Mercado expuso que se pierde alrededor de una hora por cada empleado que debe hacer filas para hacer efectivo su pago nominativo.
Los diputados integrantes de esta comisión consideraron que no existían condiciones para regresar al esquema de pago de manera electrónica.
La presidenta de la Comisión de Administración, Celia Fausto dijo que el motivo por el que hace un año los integrantes de esa comisión legislativa decidieron que se implementara el esquema de pago nominativo, es decir con cheque a los empleados, era para detectar a aviadores y aún no se cumple con ese fin.
"No estoy de acuerdo que se pague de manera electrónica, todavía no lo podemos hacer. Mi propuesta es y sigue siendo pagar de manera nominativa con cheques con el costo que eso significque. Debemos analizar el costo beneficio, pedimos que todo el personal esté identificado", señaló.
En este sentido, Celia Fausto dijo que "no podían privilegiarse el cuidado de los centavos y descuidar los pesos".
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
Sólo uno de los dos elevadores fue instalado y existen algunas piezas que pueden observarse en la planta baja del edificio al que diputados de las últimas cuatro legislaturas le han invertido recursos.
Con la finalidad de conocer la situación de edificio instalado y la viabilidad de colocar el segundo elevador, los diputados locales propusieron contratar un perito que analizara la situación de ambos artefactos, pero ese punto en la orden del día fue retirado.
Los legisladores locales escucharon la versión jurídica de la abogada, Raquel Álvarez quien calificó el contrato que se firmó en la pasada Legislatura, en el año 2010, cuando Carlos Corona era el titular de la Secretaría General como ventajoso para el proveedor, señaló que en ese contrato se establecen sanciones para el Poder Legislativo por incumplimiento de pago, mientras que la empresa a la que se le pagó no se le puede sancionar por no cumplir con la instalación de los elevadores.
El Congreso ha pagado 2.3 millones de pesos al proveedor lo que implica más del 90% del costo de los elevadores, mientras que la empresa ha demandado al Legislativo por no cumplir con el pago en su totalidad, el Legislativo no ha podido hacer valer su derecho para pedir la adecuada instalación de los elevadores.
De acuerdo con la directora jurídica, existe el contrato pero solo la empresa posee el original, mientras que en el Congreso solo existen copias de dicho documento.
La presidenta de la Comisión de Administración, Celia Fausto, explicó que la denuncia penal no es en contra de la empresa, es una ruta jurídica.
"Es una denuncia es contra los anteriores servidores públicos del Poder Legislativo quienes suscriben amañados, es desventajoso para el Legislativo y ventajoso para le empresa. En qué cabeza cabe hacer un contrato auto flagelándose o poniéndose una siga al cuello. Las cosas se hicieron con los pies sin soporte técnico y jurídico", arremetió la perredista.
Piden áreas administrativas del Congreso pagar nóminas electrónicamente
El titular de la Secretaría General del Poder Legislativo, Marco Antonio Daza, el titular de Control Presupuestal, Francisco Salcedo y el de Recursos Humanos, Agustín Araujo presentaron ante los diputados integrantes de la Comisión de Administración regresar al pago electrónico de las nóminas de empleados del Congreso local.
El argumento principal era que ese tipo de pago generaría un ahorro superior a los 130 mil pesos anuales por erogar entre dos mil 500 y tres mil cheques.
Además, Daza Mercado expuso que se pierde alrededor de una hora por cada empleado que debe hacer filas para hacer efectivo su pago nominativo.
Los diputados integrantes de esta comisión consideraron que no existían condiciones para regresar al esquema de pago de manera electrónica.
La presidenta de la Comisión de Administración, Celia Fausto dijo que el motivo por el que hace un año los integrantes de esa comisión legislativa decidieron que se implementara el esquema de pago nominativo, es decir con cheque a los empleados, era para detectar a aviadores y aún no se cumple con ese fin.
"No estoy de acuerdo que se pague de manera electrónica, todavía no lo podemos hacer. Mi propuesta es y sigue siendo pagar de manera nominativa con cheques con el costo que eso significque. Debemos analizar el costo beneficio, pedimos que todo el personal esté identificado", señaló.
En este sentido, Celia Fausto dijo que "no podían privilegiarse el cuidado de los centavos y descuidar los pesos".
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ