Jalisco
Províctima urge a legislar desaparición en Jalisco
Hay un solo Ministerio Público en la metrópoli para investigar denuncias
GUADALAJARA, JALISCO (13/FEB/2012).- Jalisco es uno de los estados con mayor retraso en el tema de la desaparición de personas, pues el Código Penal del Estado ni siquiera contempla esta figura, de manera que los ministerios públicos abren las averiguaciones previas por la ausencia de las personas, pero no se investiga como un delito.
La subprocuradora de Personas Desaparecidas, Patricia Bugarín, señala que es urgente que los estados modifiquen la legislación para que la desaparición sea un delito, “porque los ministerios públicos nada más inician un acta circunstanciada, la toman como referencia de que no está en contacto con sus familiares y listo”.
La ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (de mayo a octubre de 2011) plantea que además deben hacerse otras modificaciones legales “relacionadas con las obligaciones civiles, contractuales, de obligaciones patrimoniales y de otros aspectos que quedan en el aire cuando una persona desaparece. Además, cada Estado contempla distintos periodos para declarar ausencia o presunción de muerte. Hay mucha discrepancia al respecto”.
En enero pasado, el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, se reunió con autoridades de Nuevo León para impulsar la tipificación de la desaparición forzada de personas y para que se tomen las medidas pertinentes al respecto. A pesar de ello, la modificación no se ha concretado.
Para Províctima, todos los estados deberían atender la petición de la ONU para que la legislación sobre desaparición esté armonizada en todo el país y para que haya protocolos que permitan afrontar esta problemática que se ha agudizado por la violencia que vive el país en los últimos cinco años.
Aunque no hay una base de datos sobre el número de personas de las que se desconoce su paradero (se estiman 10 mil producto de la guerra contra el narcotráfico), tanto la Procuraduría de Atención a Víctimas como organizaciones ciudadanas reciben principalmente casos de desaparición de personas.
El abogado Francisco Macías, de la organización local Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), explica que al no haber figura jurídica, aunque el Ministerio Público abra las averiguaciones porque está hecha para recibir denuncias de hechos, “el procurador del Estado hace ese tipo de declaraciones en las que dice que en la mayoría de los casos se trata de gente que se fue de parranda o que escapó con el novio”.
En Monterrey y Coahuila, por ejemplo, no sólo se habla de desaparición sino que se plantea la figura de desaparición forzada, que significa que hubo autoridades involucradas.
“Así es como debe legislarse para que en cada uno de los casos se investigue si hay participación o anuencia del Estado, especialmente por lo que vivimos durante la ‘guerra sucia’ y por la violencia actual del narcotráfico”.
Modificación
En términos generales, debe modificarse el Código Penal del Estado de Jalisco, la legislación sobre víctimas, el Código Civil y de reparación del daño.
Aunque desde 2008 hay más de mil denuncias anuales por desaparición en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la Subprocuraduría de Concertación Social C de la Procuraduría General de Justicia del Estado sólo tiene a un Ministerio Público, un secretario y dos actuarios para integrar averiguaciones previas por este hecho.
En el interior del Estado, explica la dependencia a través de la respuesta a la solicitud 02480811 de Infomex Jalisco, cualquier agencia del Ministerio Público se encarga de investigar e integrar las averiguaciones previas iniciadas por desaparición de personas, mismas que dependen de la Coordinación General de Delegados Regionales.
Protocolos de investigación
La Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) considera que una persona está desaparecida si fue “apoderada por un grupo de personas y no vuelve a tener contacto con sus familiares”, y también contemplan la figura de los no localizados, que son los casos en que algún familiar que pudo irse y tarda años sin notificarle a sus parientes.
La subprocuradora de Desaparecidos de Províctima, Patricia Bugarín, comenta que en el caso de los niños, siempre se habla de desaparición porque difícilmente puede haber un caso en el que se trasladen por su propia voluntad. También tiene que puntualizarse que cuando hay un secuestro, no se considera que la persona está desaparecida.
Províctima trabaja actualmente con las plataformas de datos de la CENAPI y de la Plataforma México, pues aún no tiene un diagnóstico propio de la problemática. “Estamos trabajando en un protocolo para tener una cifra real”.
En los más de 100 días de trabajo de esta procuraduría creada por orden del Presidente Felipe Calderón, tienen un total de 400 expedientes que incluyen la desaparición de 615 personas. Los estados con más casos son Coahuila (113), Tamaulipas (94) y Nuevo León (63). De Jalisco han atendido 17 denuncias. Esta cifra refleja únicamente a las personas que se han acercado a la dependencia. El 77% de las víctimas tenían entre 20 y 24 años de edad, y 448 eran masculinas y 166 femeninos.
Patricia Bugarín puntualiza que están trabajando en un proyecto de protocolo ministerial, que implica que no sólo se le tome la declaración a la persona que busca a su familiar desaparecido. “La idea es que todos llenen un formato descriptivo de las características de la persona que buscamos. La muestra de ADN era lo último que se hacía y lo que provocaba es que los familiares se frustraban porque al pedírselas meses después, significa que ya sólo lo están buscando entre los muertos, no entre los vivos. Entonces la discusión es que debe ser parte del procedimiento, inmediatamente que alguien dice busco a un familiar, se tiene que pedir la muestra para hacer el perfil genético y que lo manden a un banco de datos que pueda confrontarse con cualquier hallazgo. Esto ya lo está conformando la PGR Ya lo está conformando la PGR y se ha pedido a las fiscalías que haya un procedimiento automático y no re-victimicemos a familiares. Eso evita que tengan que andar de Semefo en Semefo buscando a su pariente desaparecido”.
La subprocuradora señala que lo que ocurre normalmente es que la familia tiene que hacer labores de Ministerio Público, además del dolor que de por sí ya les significa el no encontrar a su ser querido.
Para este protocolo, Províctima le pidió información a todas las procuradurías, desde la normatividad en la materia hasta los procedimientos que tienen para buscar a personas no localizadas. La única que ha entregado la información hasta el momento es la del Distrito Federal.
Averiguaciones previas
Desapariciones en la metrópoli
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Denuncias por desaparición 983 803 903 792 938 903 783 1124 1062 1054 1436
Personas localizadas 970 803 903 744 896 850 741 1054 989 855 1056
Expedientes en investigación 13 0 0 48 42 53 42 70 65 162 380
El interior del Estado
Año Denuncias Personas localizadas En investigación
2009 174 54 86
2010 325 140 202
2011 354 110 210
La subprocuradora de Personas Desaparecidas, Patricia Bugarín, señala que es urgente que los estados modifiquen la legislación para que la desaparición sea un delito, “porque los ministerios públicos nada más inician un acta circunstanciada, la toman como referencia de que no está en contacto con sus familiares y listo”.
La ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (de mayo a octubre de 2011) plantea que además deben hacerse otras modificaciones legales “relacionadas con las obligaciones civiles, contractuales, de obligaciones patrimoniales y de otros aspectos que quedan en el aire cuando una persona desaparece. Además, cada Estado contempla distintos periodos para declarar ausencia o presunción de muerte. Hay mucha discrepancia al respecto”.
En enero pasado, el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, se reunió con autoridades de Nuevo León para impulsar la tipificación de la desaparición forzada de personas y para que se tomen las medidas pertinentes al respecto. A pesar de ello, la modificación no se ha concretado.
Para Províctima, todos los estados deberían atender la petición de la ONU para que la legislación sobre desaparición esté armonizada en todo el país y para que haya protocolos que permitan afrontar esta problemática que se ha agudizado por la violencia que vive el país en los últimos cinco años.
Aunque no hay una base de datos sobre el número de personas de las que se desconoce su paradero (se estiman 10 mil producto de la guerra contra el narcotráfico), tanto la Procuraduría de Atención a Víctimas como organizaciones ciudadanas reciben principalmente casos de desaparición de personas.
El abogado Francisco Macías, de la organización local Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), explica que al no haber figura jurídica, aunque el Ministerio Público abra las averiguaciones porque está hecha para recibir denuncias de hechos, “el procurador del Estado hace ese tipo de declaraciones en las que dice que en la mayoría de los casos se trata de gente que se fue de parranda o que escapó con el novio”.
En Monterrey y Coahuila, por ejemplo, no sólo se habla de desaparición sino que se plantea la figura de desaparición forzada, que significa que hubo autoridades involucradas.
“Así es como debe legislarse para que en cada uno de los casos se investigue si hay participación o anuencia del Estado, especialmente por lo que vivimos durante la ‘guerra sucia’ y por la violencia actual del narcotráfico”.
Modificación
En términos generales, debe modificarse el Código Penal del Estado de Jalisco, la legislación sobre víctimas, el Código Civil y de reparación del daño.
Aunque desde 2008 hay más de mil denuncias anuales por desaparición en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la Subprocuraduría de Concertación Social C de la Procuraduría General de Justicia del Estado sólo tiene a un Ministerio Público, un secretario y dos actuarios para integrar averiguaciones previas por este hecho.
En el interior del Estado, explica la dependencia a través de la respuesta a la solicitud 02480811 de Infomex Jalisco, cualquier agencia del Ministerio Público se encarga de investigar e integrar las averiguaciones previas iniciadas por desaparición de personas, mismas que dependen de la Coordinación General de Delegados Regionales.
Protocolos de investigación
La Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) considera que una persona está desaparecida si fue “apoderada por un grupo de personas y no vuelve a tener contacto con sus familiares”, y también contemplan la figura de los no localizados, que son los casos en que algún familiar que pudo irse y tarda años sin notificarle a sus parientes.
La subprocuradora de Desaparecidos de Províctima, Patricia Bugarín, comenta que en el caso de los niños, siempre se habla de desaparición porque difícilmente puede haber un caso en el que se trasladen por su propia voluntad. También tiene que puntualizarse que cuando hay un secuestro, no se considera que la persona está desaparecida.
Províctima trabaja actualmente con las plataformas de datos de la CENAPI y de la Plataforma México, pues aún no tiene un diagnóstico propio de la problemática. “Estamos trabajando en un protocolo para tener una cifra real”.
En los más de 100 días de trabajo de esta procuraduría creada por orden del Presidente Felipe Calderón, tienen un total de 400 expedientes que incluyen la desaparición de 615 personas. Los estados con más casos son Coahuila (113), Tamaulipas (94) y Nuevo León (63). De Jalisco han atendido 17 denuncias. Esta cifra refleja únicamente a las personas que se han acercado a la dependencia. El 77% de las víctimas tenían entre 20 y 24 años de edad, y 448 eran masculinas y 166 femeninos.
Patricia Bugarín puntualiza que están trabajando en un proyecto de protocolo ministerial, que implica que no sólo se le tome la declaración a la persona que busca a su familiar desaparecido. “La idea es que todos llenen un formato descriptivo de las características de la persona que buscamos. La muestra de ADN era lo último que se hacía y lo que provocaba es que los familiares se frustraban porque al pedírselas meses después, significa que ya sólo lo están buscando entre los muertos, no entre los vivos. Entonces la discusión es que debe ser parte del procedimiento, inmediatamente que alguien dice busco a un familiar, se tiene que pedir la muestra para hacer el perfil genético y que lo manden a un banco de datos que pueda confrontarse con cualquier hallazgo. Esto ya lo está conformando la PGR Ya lo está conformando la PGR y se ha pedido a las fiscalías que haya un procedimiento automático y no re-victimicemos a familiares. Eso evita que tengan que andar de Semefo en Semefo buscando a su pariente desaparecido”.
La subprocuradora señala que lo que ocurre normalmente es que la familia tiene que hacer labores de Ministerio Público, además del dolor que de por sí ya les significa el no encontrar a su ser querido.
Para este protocolo, Províctima le pidió información a todas las procuradurías, desde la normatividad en la materia hasta los procedimientos que tienen para buscar a personas no localizadas. La única que ha entregado la información hasta el momento es la del Distrito Federal.
Averiguaciones previas
Desapariciones en la metrópoli
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Denuncias por desaparición 983 803 903 792 938 903 783 1124 1062 1054 1436
Personas localizadas 970 803 903 744 896 850 741 1054 989 855 1056
Expedientes en investigación 13 0 0 48 42 53 42 70 65 162 380
El interior del Estado
Año Denuncias Personas localizadas En investigación
2009 174 54 86
2010 325 140 202
2011 354 110 210