Jalisco
Trabajadores del Congreso encaran a diputados
Cuestionan el que se hayan girado instrucciones para que se retuviera el pago de las quincenas de noviembre a 204 empleados
GUADALAJARA, JALISCO (06/DIC/2012).- Tras una asamblea con la dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, Irene Trejo Acosta, donde se acordó que desde esta mañana irían a paro, trabajadores del Congreso local inconformes por la falta de pago de las quincenas de noviembre encararon al líder de los diputados de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
Al grito de ¡Fuera Fabiola (Loya)! y ¡Fuera Agustín (director de Recursos Humanos)!, acudieron a las oficinas de la coordinación de Movimiento Ciudadano (MC), donde increparon Clemente Castañeda y lo cuestionaron por la decisión que habría girado la vocal de la Comisión de Administración, la diputada Fabiola Loya, para no entregar los cheques de los 204 trabajadores del Congreso con plazas presuntamente irregulares, bajo el argumento que entregarles sus recursos sería tanto como reconocer la legalidad de dichas contrataciones.
Clemente Castañeda respondió a las críticas y cuestionamientos de los trabajadores molestos, expuso que antes de liberar los pagos debían de revisarse cada uno de los casos y esperar que el Tribunal de Escalafón y Arbitraje resolviera de fondo las demandas que presentaron el viernes pasado por la presunta irregularidad de las basificaciones; los empleados reaccionaron con gritos y lo acusaron de tomar decisiones por encima de la Ley.
“En estos empleados hubo bases ilegales, pero dentro de esas personas, algunos vienen a trabajar y merecen un trato solidario. (Si el tema no se resuelve en la Comisión de Administración) entonces no tengo nada que ver aquí, ¿cuál es el problema? Si está el acuerdo del pleno (como señala Miguel Castro), esta discusión es estéril, debe existir un acuerdo por la Comisión de Administración”, señaló el coordinador de los diputados de MC.
En asamblea, los empleados sindicalizados acordaron presentar denuncias en contra de quienes resulten responsables por retener los pagos de 204 trabajadores.
En tanto, el líder de los burócratas de Jalisco, Juan Pelayo Ruelas, consideró que las denuncias presentadas por los actuales diputados por las plazas otorgadas por la pasada Legislatura, carecen de sustento.
“Los diputados solicitaron la nulidad de los nombramientos, pero carecen de sustento y de todo fundamento legal, considero que cualquier estudiante de Derecho, de sexto semestre, contesta esta demanda y la gana”, dijo el líder sindical.
Pelayo Ruelas añadió que el Sindicato ya comenzó con la defensa legal de los más de 200 empleados que no han devengado sus salarios.
Los empleados también exigen a los diputados que se comprometan a pagar, antes de que concluya el año, prestaciones como aguinaldos y mes 13 de los empleados afiliados al Sindicato.
FINCAN CARGOS PRO MÁS DE 280 MDP
Al pleno, observaciones de cuenta pública 2009 del Legislativo
La Comisión de Vigilancia del Congreso local avaló remitir al pleno la cuenta pública 2009 del Poder Legislativo que corresponde al último año de la LVIII Legislatura.
El presidente de esa comisión legislativa, el diputado Juan Manuel Alatorre Franco, explicó que en el informe se finca un cargo al Congreso del Estado por un monto de 280 millones 667 mil 128 pesos.
Las observaciones por ese monto se deben, explicó el legislador tricolor, a que “no se presentó ante la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) la documentación aclaratoria por parte de los ex integrantes de la Comisión de Administración, quienes argumentaron que no existía información al respecto”.
En cuanto a los asuntos pendientes que la pasada Legislatura le heredó a los actuales diputados, están el análisis de las cuentas públicas, ocho de ellas mantienen una suspensión que les otorgó el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) y otras seis se remitieron para una segunda revisión a la ASEJ. Cuentan con una suspensión por parte del TAE las cuentas correspondientes al ejercicio fiscal de 2009 de los municipios de Zapopan, Villa Hidalgo, Cocula, Yahualica de González Gallo, Tapalpa, Zapotiltic, el Poder Judicial, así como San Juan de los Lagos de 2010.
Además, existen 303 informes finales de cuentas públicas de estados financieros aprobados por la Comisión de Vigilancia de la anterior Legislatura, pendientes para ser agendados en la próxima sesión del pleno. De este total, expresó el legislador Alatorre Franco, 251 cuentas se votaron a favor en la última sesión de este órgano parlamentario sin cargo, pero según la documentación que la comisión recibió no está firmada por todos los entonces integrantes, lo que podría ser una irregularidad, que habrá de subsanarse.
En el caso de la cuenta pública del municipio de Tonalá, del ejercicio fiscal 2008, no ha pasado por revisión de la comisión; además, hay 22 cuentas públicas que fueron regresadas por el pleno para su revisión. Y ocho cuentas más de igual número de municipios que se integrarán en la orden del día de la siguiente sesión plenaria para su aprobación.
Por otro lado, la comisión aprobó un acuerdo interno para integrar la terna con los aspirantes al cargo de Director de la Unidad de Vigilancia, que resolverá el pleno. Los candidatos son: Alfonso Briseño Torres, Raúl Río Domínguez y Jorge Ortega Reynoso.
Con respecto al proceso para reponer el proceso para nombrar auditor superior, el presidente de esa comisión legislativa explicó que está detenido debido a que el Poder Legislativo fue notificado de que el auditor Alonso Godoy presentó un recurso de revisión contra la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa.
Al grito de ¡Fuera Fabiola (Loya)! y ¡Fuera Agustín (director de Recursos Humanos)!, acudieron a las oficinas de la coordinación de Movimiento Ciudadano (MC), donde increparon Clemente Castañeda y lo cuestionaron por la decisión que habría girado la vocal de la Comisión de Administración, la diputada Fabiola Loya, para no entregar los cheques de los 204 trabajadores del Congreso con plazas presuntamente irregulares, bajo el argumento que entregarles sus recursos sería tanto como reconocer la legalidad de dichas contrataciones.
Clemente Castañeda respondió a las críticas y cuestionamientos de los trabajadores molestos, expuso que antes de liberar los pagos debían de revisarse cada uno de los casos y esperar que el Tribunal de Escalafón y Arbitraje resolviera de fondo las demandas que presentaron el viernes pasado por la presunta irregularidad de las basificaciones; los empleados reaccionaron con gritos y lo acusaron de tomar decisiones por encima de la Ley.
“En estos empleados hubo bases ilegales, pero dentro de esas personas, algunos vienen a trabajar y merecen un trato solidario. (Si el tema no se resuelve en la Comisión de Administración) entonces no tengo nada que ver aquí, ¿cuál es el problema? Si está el acuerdo del pleno (como señala Miguel Castro), esta discusión es estéril, debe existir un acuerdo por la Comisión de Administración”, señaló el coordinador de los diputados de MC.
En asamblea, los empleados sindicalizados acordaron presentar denuncias en contra de quienes resulten responsables por retener los pagos de 204 trabajadores.
En tanto, el líder de los burócratas de Jalisco, Juan Pelayo Ruelas, consideró que las denuncias presentadas por los actuales diputados por las plazas otorgadas por la pasada Legislatura, carecen de sustento.
“Los diputados solicitaron la nulidad de los nombramientos, pero carecen de sustento y de todo fundamento legal, considero que cualquier estudiante de Derecho, de sexto semestre, contesta esta demanda y la gana”, dijo el líder sindical.
Pelayo Ruelas añadió que el Sindicato ya comenzó con la defensa legal de los más de 200 empleados que no han devengado sus salarios.
Los empleados también exigen a los diputados que se comprometan a pagar, antes de que concluya el año, prestaciones como aguinaldos y mes 13 de los empleados afiliados al Sindicato.
FINCAN CARGOS PRO MÁS DE 280 MDP
Al pleno, observaciones de cuenta pública 2009 del Legislativo
La Comisión de Vigilancia del Congreso local avaló remitir al pleno la cuenta pública 2009 del Poder Legislativo que corresponde al último año de la LVIII Legislatura.
El presidente de esa comisión legislativa, el diputado Juan Manuel Alatorre Franco, explicó que en el informe se finca un cargo al Congreso del Estado por un monto de 280 millones 667 mil 128 pesos.
Las observaciones por ese monto se deben, explicó el legislador tricolor, a que “no se presentó ante la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) la documentación aclaratoria por parte de los ex integrantes de la Comisión de Administración, quienes argumentaron que no existía información al respecto”.
En cuanto a los asuntos pendientes que la pasada Legislatura le heredó a los actuales diputados, están el análisis de las cuentas públicas, ocho de ellas mantienen una suspensión que les otorgó el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) y otras seis se remitieron para una segunda revisión a la ASEJ. Cuentan con una suspensión por parte del TAE las cuentas correspondientes al ejercicio fiscal de 2009 de los municipios de Zapopan, Villa Hidalgo, Cocula, Yahualica de González Gallo, Tapalpa, Zapotiltic, el Poder Judicial, así como San Juan de los Lagos de 2010.
Además, existen 303 informes finales de cuentas públicas de estados financieros aprobados por la Comisión de Vigilancia de la anterior Legislatura, pendientes para ser agendados en la próxima sesión del pleno. De este total, expresó el legislador Alatorre Franco, 251 cuentas se votaron a favor en la última sesión de este órgano parlamentario sin cargo, pero según la documentación que la comisión recibió no está firmada por todos los entonces integrantes, lo que podría ser una irregularidad, que habrá de subsanarse.
En el caso de la cuenta pública del municipio de Tonalá, del ejercicio fiscal 2008, no ha pasado por revisión de la comisión; además, hay 22 cuentas públicas que fueron regresadas por el pleno para su revisión. Y ocho cuentas más de igual número de municipios que se integrarán en la orden del día de la siguiente sesión plenaria para su aprobación.
Por otro lado, la comisión aprobó un acuerdo interno para integrar la terna con los aspirantes al cargo de Director de la Unidad de Vigilancia, que resolverá el pleno. Los candidatos son: Alfonso Briseño Torres, Raúl Río Domínguez y Jorge Ortega Reynoso.
Con respecto al proceso para reponer el proceso para nombrar auditor superior, el presidente de esa comisión legislativa explicó que está detenido debido a que el Poder Legislativo fue notificado de que el auditor Alonso Godoy presentó un recurso de revisión contra la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa.