México
Abogados creen que los feminicidios no tienen relación con el narcotráfico
Reportan que en el 2009 hubo 184 feminicidios en Ciudad Juárez
CIUDAD DE MÉXICO.- Los feminicidios son crímenes distintos a los asesinatos de mujeres relacionados con el narcotráfico, aunque en ambos casos el Gobierno de México no investiga ni pone los medios adecuados para frenarlos, dijeron hoy los abogados mexicanos David Peña y Karla Micheel Salas.
Los abogados, que visitan Madrid invitados por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, relataron a Efe cómo algunos casos de asesinatos de mujeres han sido asociados al narcotráfico "desde que así lo denunciara el FBI (estadounidense) mientras investigaba a un cártel de la droga".
Según Salas, "se trata del caso de una niña cuyo cuerpo fue arrojado a una de las principales vías de Ciudad Juárez"; sin embargo, matizó la abogada, los " feminicidios son tales porque se cometen contra mujeres por el mero hecho de serlo".
Ambos abogados presentaron una denuncia contra el Estado de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de ocho mujeres en Ciudad Juárez en 2001, el caso "Campo Algodonero".
Tanto Salas como Peña son el motor de una sentencia de esta Corte que indicó, el pasado diciembre, que México violó los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, los derechos del niño, el acceso a la Justicia y la protección judicial.
Por todo ello, condenó al país a pagar a las familias de las víctimas un total de 383 mil dólares y ordenó investigar y castigar a los funcionarios judiciales sospechosos de cometer "irregularidades" en las pesquisas de estos casos.
En Ciudad Juárez, perteneciente al estado mexicano de Chihuahua y fronteriza con EU, la aparición de cadáveres de mujeres mutiladas y con signo de tortura en las calles, a plena luz del día, se ha convertido en una "rutina macabra", que denuncian Salas y Peña.
Ambos distinguen entre los crímenes vinculados al narcotráfico y los "feminicidios" y, según Salas, "las mujeres son asesinadas en circunstancias distintas que los hombres".
"Mientras ellos -continúa- mueren armados, a raíz de una lucha entre los propios cárteles, a ellas se les tortura y asesina de forma gratuita".
En 2009 hubo 184 homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, "la cifra más alta desde 1993", matiza Salas.
"Sin embargo, de estos 184 casos, únicamente 25 son investigados como casos de violencia de género, los demás están ligados a grupos de narcotráfico según los criterios de la fiscalía", apostilla la abogada sin ocultar cierto halo de indignación.
"Una mujer -explica- puede tener signos de violencia sexual y, sin embargo, se considera que andaba con un traficante. Así, de forma gratuita, sin tratarse de una clasificación científica o legal".
Según Peña, ése es uno de los principales retos que enfrentan los abogados que luchan contra la impunidad de estos crímenes hacia mujeres: la dificultad de cambiar la mentalidad de las autoridades que justifican su inacción bajo la creencia de que "las asesinadas son prostitutas".
Aunque el Estado llegó a intervenir e invirtió dinero en la creación de instituciones para la lucha contra los feminicidios "lo hizo mal", opina Peña, "ya que no atiende a las causas y orígenes del problema".
Karla Micheel Salas apunta que "no se trata de un asunto únicamente cultural", ya que esta consideración "restaría responsabilidad al estado".
"Es una combinación de factores -prosigue- que concluye en el siguiente mensaje: aquí puedes matar mujeres, ya que no vas a ser sancionado".
Los abogados, que visitan Madrid invitados por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, relataron a Efe cómo algunos casos de asesinatos de mujeres han sido asociados al narcotráfico "desde que así lo denunciara el FBI (estadounidense) mientras investigaba a un cártel de la droga".
Según Salas, "se trata del caso de una niña cuyo cuerpo fue arrojado a una de las principales vías de Ciudad Juárez"; sin embargo, matizó la abogada, los " feminicidios son tales porque se cometen contra mujeres por el mero hecho de serlo".
Ambos abogados presentaron una denuncia contra el Estado de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de ocho mujeres en Ciudad Juárez en 2001, el caso "Campo Algodonero".
Tanto Salas como Peña son el motor de una sentencia de esta Corte que indicó, el pasado diciembre, que México violó los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, los derechos del niño, el acceso a la Justicia y la protección judicial.
Por todo ello, condenó al país a pagar a las familias de las víctimas un total de 383 mil dólares y ordenó investigar y castigar a los funcionarios judiciales sospechosos de cometer "irregularidades" en las pesquisas de estos casos.
En Ciudad Juárez, perteneciente al estado mexicano de Chihuahua y fronteriza con EU, la aparición de cadáveres de mujeres mutiladas y con signo de tortura en las calles, a plena luz del día, se ha convertido en una "rutina macabra", que denuncian Salas y Peña.
Ambos distinguen entre los crímenes vinculados al narcotráfico y los "feminicidios" y, según Salas, "las mujeres son asesinadas en circunstancias distintas que los hombres".
"Mientras ellos -continúa- mueren armados, a raíz de una lucha entre los propios cárteles, a ellas se les tortura y asesina de forma gratuita".
En 2009 hubo 184 homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, "la cifra más alta desde 1993", matiza Salas.
"Sin embargo, de estos 184 casos, únicamente 25 son investigados como casos de violencia de género, los demás están ligados a grupos de narcotráfico según los criterios de la fiscalía", apostilla la abogada sin ocultar cierto halo de indignación.
"Una mujer -explica- puede tener signos de violencia sexual y, sin embargo, se considera que andaba con un traficante. Así, de forma gratuita, sin tratarse de una clasificación científica o legal".
Según Peña, ése es uno de los principales retos que enfrentan los abogados que luchan contra la impunidad de estos crímenes hacia mujeres: la dificultad de cambiar la mentalidad de las autoridades que justifican su inacción bajo la creencia de que "las asesinadas son prostitutas".
Aunque el Estado llegó a intervenir e invirtió dinero en la creación de instituciones para la lucha contra los feminicidios "lo hizo mal", opina Peña, "ya que no atiende a las causas y orígenes del problema".
Karla Micheel Salas apunta que "no se trata de un asunto únicamente cultural", ya que esta consideración "restaría responsabilidad al estado".
"Es una combinación de factores -prosigue- que concluye en el siguiente mensaje: aquí puedes matar mujeres, ya que no vas a ser sancionado".