México
Amnistía Internacional pide seguridad para activistas
Preocupa la situación después del asesinato de Josefina Reyes
MÉXICO.- Amnistía Internacional (AI) pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos protección para tres activistas de Ciudad Juárez, la localidad más violenta de México, tras el reciente asesinato de una de sus compañeras.
"Estamos buscando estas medidas y estamos en diálogo desde ayer con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación. Todavía no tenemos un compromiso" por su parte, dijo un responsable de AI en México.
La ONG alertó el martes en un comunicado que estos activistas se encuentran "en riesgo de ser amenazados y atacados" especialmente después del asesinato el domingo de Josefina Reyes, una destacada luchadora social que denunció presuntos abusos del Ejército, al que acusa de secuestrar y asesinar a un hijo.
AI se mostró principalmente preocupada por la situación de la activista Cipriana Jurado, quien colaboró en un informe de Amnistía hecho público en diciembre en el que se denunciaba que el Ejército comete "frecuentes" abusos como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, desde que lidera el combate al narcotráfico desde hace tres años.
"No he recibido ninguna amenaza directa", dijo Jurado vía telefónica, "pero a raíz del asesinato de Josefina se alertó más la situación de riesgo" en Ciudad Juárez.
La activista exigió a las autoridades que investiguen en serio el crimen contra Reyes para que "no pase lo mismo que con Manuel Arroyo, otro activista y profesor universitario asesinado (en mayo), y otros casos en los que no hay avances".
Los otros dos activistas por los que AI pide protección son colaboradores de Reyes, quien, lamentó Jurado, había recibido numerosas amenazas de muerte antes de ser asesinada en una tienda del municipio de Guadalupe en Chihuahua, por un grupo armado que la intentaba secuestrar.
Un operativo militar que llegó a contar con ocho mil 500 soldados -ahora suman unos seis mil, fue desplegado desde 2006 en Ciudad Juárez (1.3 millones de habitantes) para intentar contener la violencia que el gobierno atribuye al enfrentamiento entre dos poderosos cárteles narcotraficantes y que dejó más de dos mil 500 muertos en 2009.
"Estamos buscando estas medidas y estamos en diálogo desde ayer con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación. Todavía no tenemos un compromiso" por su parte, dijo un responsable de AI en México.
La ONG alertó el martes en un comunicado que estos activistas se encuentran "en riesgo de ser amenazados y atacados" especialmente después del asesinato el domingo de Josefina Reyes, una destacada luchadora social que denunció presuntos abusos del Ejército, al que acusa de secuestrar y asesinar a un hijo.
AI se mostró principalmente preocupada por la situación de la activista Cipriana Jurado, quien colaboró en un informe de Amnistía hecho público en diciembre en el que se denunciaba que el Ejército comete "frecuentes" abusos como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, desde que lidera el combate al narcotráfico desde hace tres años.
"No he recibido ninguna amenaza directa", dijo Jurado vía telefónica, "pero a raíz del asesinato de Josefina se alertó más la situación de riesgo" en Ciudad Juárez.
La activista exigió a las autoridades que investiguen en serio el crimen contra Reyes para que "no pase lo mismo que con Manuel Arroyo, otro activista y profesor universitario asesinado (en mayo), y otros casos en los que no hay avances".
Los otros dos activistas por los que AI pide protección son colaboradores de Reyes, quien, lamentó Jurado, había recibido numerosas amenazas de muerte antes de ser asesinada en una tienda del municipio de Guadalupe en Chihuahua, por un grupo armado que la intentaba secuestrar.
Un operativo militar que llegó a contar con ocho mil 500 soldados -ahora suman unos seis mil, fue desplegado desde 2006 en Ciudad Juárez (1.3 millones de habitantes) para intentar contener la violencia que el gobierno atribuye al enfrentamiento entre dos poderosos cárteles narcotraficantes y que dejó más de dos mil 500 muertos en 2009.