México
Calderón culpa a cárteles de atropellar derechos ciudadanos
El Presidente responde al informe de Human Rights Watch sobre violaciones a garantías
CIUDAD DE MÉXICO (10/NOV/2011).- Tras el señalamiento de Human Rights Watch (HRW), sobre el fracaso de la política de seguridad del Presidente Felipe Calderón, debido al incremento en las violaciones a los derechos humanos, el Mandatario afirmó que los culpables de esto son los criminales.
El informe lleva por título: “Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional, lo entregó a Calderón.
El reporte agrega que al realizar un estudio en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, documentó que miembros de las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas.
Apunta: “Y la evidencia sugiere que habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país”.
La Presidencia de la República informó en un comunicado que “Calderón reiteró que la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos, son los criminales. Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias”.
Para el informe, fueron realizadas más de 200 entrevistas a funcionarios, integrantes de las fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de derechos humanos, entre otros actores; se analizaron estadísticas oficiales, se recabaron datos a través de solicitudes de información pública y se examinaron expedientes, procedimientos legales y denuncias de violaciones a derechos humanos, entre otras pruebas.
La organización reconoce que “México ha sufrido un incremento dramático de la violencia”, tras un descenso sostenido que se mantuvo durante casi dos décadas, la tasa de homicidios aumentó más de 260% entre 2007 y 2010.
Y pese a que mencionó que Felipe Calderón recibió un problema con los cárteles, criticó: “En lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de Seguridad Pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una ‘guerra’ contra organizaciones delictivas que ostentaban cada vez mayor poder en el país”.
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores respaldaron la versión de la Presidencia.
C R Ó N I C A
¿Dónde está Jehú Sepúlveda?
La noche del 12 de noviembre de 2010, Jehú Abraham Sepúlveda Garza fue detenido por policías de tránsito en San Pedro Garza García, Nuevo León, supuestamente mientras conducía sin licencia ni la documentación del vehículo.
Sepúlveda fue puesto a disposición de miembros de la Policía Ministerial, quienes lo interrogaron y lo trasladaron a la Secretaría de Marina.
En ninguna de estas instancias las autoridades dejaron constancia formal de su arresto o traslado. Desde entonces, se desconoce su paradero. Durante los días posteriores a la desaparición de la víctima, funcionarios federales y estatales ofrecieron a los familiares versiones contradictorias sobre si esta había sido detenida y por quiénes, y se negaron a iniciar una investigación del caso. Ninguna investigación en curso (militar o civil) ha llevado a que se acuse a policías ni a militares por estos hechos.
El 12 de noviembre, aproximadamente a las 18:15 horas, Jehú Abraham Sepúlveda Garza estaba sentado en una camioneta pick-up afuera de una tienda en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando se acercaron miembros de la Policía de tránsito. Como no llevaba consigo su licencia de conducir ni la documentación del vehículo, los agentes lo detuvieron y lo trasladaron a la estación de Policía local, según un registro efectuado por tránsito. En menos de una hora, y sin una orden judicial de detención, miembros de la Policía Ministerial de Monterrey se presentaron en la estación de policía, tomaron la custodia de Sepúlveda y, tras subirlo a un vehículo, se lo llevaron. Su esposa contó a Human Rights Watch que efectuó una llamada a su teléfono celular a las 19:30 horas, poco después de su traspaso a la Policía Ministerial. Sepúlveda respondió y le dijo que no le habían permitido efectuar ninguna llamada y que estaba siendo trasladado por policías ministeriales hasta la delegación central, pero que, según le habían informado, sería liberado a la brevedad. Cuando volvió a llamar una hora después, el teléfono había sido apagado. Inmediatamente, sus familiares iniciaron averiguaciones sobre su paradero en estaciones de Policía, bases del Ejército y la Marina y en otras delegaciones públicas. Todas estas autoridades indicaron que Sepúlveda no estaba allí detenido.
El 13 de noviembre, los familiares de la víctima interpusieron un amparo para conocer su paradero. Durante los días siguientes a la detención de Sepúlveda, el Ministerio Público estatal y la Policía Ministerial ofrecieron versiones contradictorias sobre el caso. En un principio, dijeron a los familiares que no habían detenido a Sepúlveda. Luego, el 14 de noviembre, aseveraron a la familia y a su abogado que Sepúlveda se encontraba detenido a su cargo en condiciones seguras y que “no se preocuparan”, ya que pronto podrían verlo. El 16 de noviembre, un funcionario del Ministerio Público informó a los familiares que la misma noche en que Sepúlveda fue detenido había sido trasladado y puesto a disposición de la Marina “de forma económica”, es decir, sin hacer constar su traslado en ningún documento oficial. En este período, y durante varias semanas siguientes, los familiares de Sepúlveda estuvieron presentes constantemente en el Ministerio Público y se turnaron para hacer guardia y asegurarse de que alguien estuviera siempre allí, en caso de que Sepúlveda fuera liberado o se le permitiera reunirse con su familia.
El 25 de noviembre, dos oficiales de la Marina prestaron testimonio ante el Ministerio Público estatal en Monterrey, Nuevo León, y afirmaron que el 12 de noviembre, entre las 23:00 y las 00:00 horas, dos vehículos conducidos por policías ministeriales habían llegado hasta la base de la Semar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde estaban asignados. Bajo custodia de los policías ministeriales se encontraba un hombre que, según indicaron, “al parecer tenía relación con la delincuencia organizada, por tal motivo llevaban a dicha persona para que fuera identificado en esa Base de Operaciones por nuestro personal”.
Los oficiales de la Marina afirmaron que el hombre –Sepúlveda– les dijo que había sido detenido por policías municipales “sin motivo alguno” cuando salía de una tienda de autoservicio. Los oficiales de la Marina indicaron haber verificado el nombre en la “base de datos” –si bien no resulta claro a cuál base de datos en particular se referían– para averiguar si Sepúlveda tenía vínculos con la delincuencia organizada. Los oficiales afirmaron que decidieron liberarlo al no encontrar registros de Sepúlveda en la “base de datos”. Señalaron que ofrecieron llevarlo hasta su casa, pero que este les dijo que prefería regresar en taxi, y luego lo vieron subir a un taxi afuera de la base. Según manifestaron, cuando se retiró estaba en “buenas condiciones de salud”.
Contrariamente a lo señalado en el relato de los miembros de la Marina y de la Policía Ministerial del Estado, en la contestación a un amparo presentado por familiares de Sepúlveda para determinar su paradero, oficiales de alto rango de la Marina negaron que este hubiera estado en ningún momento a disposición de esta institución. En diciembre, los familiares se reunieron con Adrián de la Garza Santos, jefe de la Policía Ministerial, a cuyos miembros había entregado Sepúlveda por la Policía de tránsito. Según la familia, él también confirmó que Sepúlveda había sido puesto a disposición de la Marina.
Claves
Otros casos
1 Los esposos Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña fueron asesinados por soldados el 3 de marzo de 2010, tras quedar atrapados en un enfrentamiento entre militares y hombres armados. Varios testigos vieron a los soldados mover los cuerpos y colocarles armas.
2 La casa de Raúl Brindis fue allanada por policías y soldados el 9 de noviembre de 2009, sin orden judicial. A la mañana siguiente, la Procuraduría de Tabasco informó a la familia que éste falleció a causa de problemas respiratorios mientras se encontraba a disposición del Ministerio Público.
El informe lleva por título: “Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional, lo entregó a Calderón.
El reporte agrega que al realizar un estudio en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, documentó que miembros de las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas.
Apunta: “Y la evidencia sugiere que habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país”.
La Presidencia de la República informó en un comunicado que “Calderón reiteró que la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos, son los criminales. Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias”.
Para el informe, fueron realizadas más de 200 entrevistas a funcionarios, integrantes de las fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de derechos humanos, entre otros actores; se analizaron estadísticas oficiales, se recabaron datos a través de solicitudes de información pública y se examinaron expedientes, procedimientos legales y denuncias de violaciones a derechos humanos, entre otras pruebas.
La organización reconoce que “México ha sufrido un incremento dramático de la violencia”, tras un descenso sostenido que se mantuvo durante casi dos décadas, la tasa de homicidios aumentó más de 260% entre 2007 y 2010.
Y pese a que mencionó que Felipe Calderón recibió un problema con los cárteles, criticó: “En lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de Seguridad Pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una ‘guerra’ contra organizaciones delictivas que ostentaban cada vez mayor poder en el país”.
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores respaldaron la versión de la Presidencia.
C R Ó N I C A
¿Dónde está Jehú Sepúlveda?
La noche del 12 de noviembre de 2010, Jehú Abraham Sepúlveda Garza fue detenido por policías de tránsito en San Pedro Garza García, Nuevo León, supuestamente mientras conducía sin licencia ni la documentación del vehículo.
Sepúlveda fue puesto a disposición de miembros de la Policía Ministerial, quienes lo interrogaron y lo trasladaron a la Secretaría de Marina.
En ninguna de estas instancias las autoridades dejaron constancia formal de su arresto o traslado. Desde entonces, se desconoce su paradero. Durante los días posteriores a la desaparición de la víctima, funcionarios federales y estatales ofrecieron a los familiares versiones contradictorias sobre si esta había sido detenida y por quiénes, y se negaron a iniciar una investigación del caso. Ninguna investigación en curso (militar o civil) ha llevado a que se acuse a policías ni a militares por estos hechos.
El 12 de noviembre, aproximadamente a las 18:15 horas, Jehú Abraham Sepúlveda Garza estaba sentado en una camioneta pick-up afuera de una tienda en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando se acercaron miembros de la Policía de tránsito. Como no llevaba consigo su licencia de conducir ni la documentación del vehículo, los agentes lo detuvieron y lo trasladaron a la estación de Policía local, según un registro efectuado por tránsito. En menos de una hora, y sin una orden judicial de detención, miembros de la Policía Ministerial de Monterrey se presentaron en la estación de policía, tomaron la custodia de Sepúlveda y, tras subirlo a un vehículo, se lo llevaron. Su esposa contó a Human Rights Watch que efectuó una llamada a su teléfono celular a las 19:30 horas, poco después de su traspaso a la Policía Ministerial. Sepúlveda respondió y le dijo que no le habían permitido efectuar ninguna llamada y que estaba siendo trasladado por policías ministeriales hasta la delegación central, pero que, según le habían informado, sería liberado a la brevedad. Cuando volvió a llamar una hora después, el teléfono había sido apagado. Inmediatamente, sus familiares iniciaron averiguaciones sobre su paradero en estaciones de Policía, bases del Ejército y la Marina y en otras delegaciones públicas. Todas estas autoridades indicaron que Sepúlveda no estaba allí detenido.
El 13 de noviembre, los familiares de la víctima interpusieron un amparo para conocer su paradero. Durante los días siguientes a la detención de Sepúlveda, el Ministerio Público estatal y la Policía Ministerial ofrecieron versiones contradictorias sobre el caso. En un principio, dijeron a los familiares que no habían detenido a Sepúlveda. Luego, el 14 de noviembre, aseveraron a la familia y a su abogado que Sepúlveda se encontraba detenido a su cargo en condiciones seguras y que “no se preocuparan”, ya que pronto podrían verlo. El 16 de noviembre, un funcionario del Ministerio Público informó a los familiares que la misma noche en que Sepúlveda fue detenido había sido trasladado y puesto a disposición de la Marina “de forma económica”, es decir, sin hacer constar su traslado en ningún documento oficial. En este período, y durante varias semanas siguientes, los familiares de Sepúlveda estuvieron presentes constantemente en el Ministerio Público y se turnaron para hacer guardia y asegurarse de que alguien estuviera siempre allí, en caso de que Sepúlveda fuera liberado o se le permitiera reunirse con su familia.
El 25 de noviembre, dos oficiales de la Marina prestaron testimonio ante el Ministerio Público estatal en Monterrey, Nuevo León, y afirmaron que el 12 de noviembre, entre las 23:00 y las 00:00 horas, dos vehículos conducidos por policías ministeriales habían llegado hasta la base de la Semar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde estaban asignados. Bajo custodia de los policías ministeriales se encontraba un hombre que, según indicaron, “al parecer tenía relación con la delincuencia organizada, por tal motivo llevaban a dicha persona para que fuera identificado en esa Base de Operaciones por nuestro personal”.
Los oficiales de la Marina afirmaron que el hombre –Sepúlveda– les dijo que había sido detenido por policías municipales “sin motivo alguno” cuando salía de una tienda de autoservicio. Los oficiales de la Marina indicaron haber verificado el nombre en la “base de datos” –si bien no resulta claro a cuál base de datos en particular se referían– para averiguar si Sepúlveda tenía vínculos con la delincuencia organizada. Los oficiales afirmaron que decidieron liberarlo al no encontrar registros de Sepúlveda en la “base de datos”. Señalaron que ofrecieron llevarlo hasta su casa, pero que este les dijo que prefería regresar en taxi, y luego lo vieron subir a un taxi afuera de la base. Según manifestaron, cuando se retiró estaba en “buenas condiciones de salud”.
Contrariamente a lo señalado en el relato de los miembros de la Marina y de la Policía Ministerial del Estado, en la contestación a un amparo presentado por familiares de Sepúlveda para determinar su paradero, oficiales de alto rango de la Marina negaron que este hubiera estado en ningún momento a disposición de esta institución. En diciembre, los familiares se reunieron con Adrián de la Garza Santos, jefe de la Policía Ministerial, a cuyos miembros había entregado Sepúlveda por la Policía de tránsito. Según la familia, él también confirmó que Sepúlveda había sido puesto a disposición de la Marina.
Claves
Otros casos
1 Los esposos Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña fueron asesinados por soldados el 3 de marzo de 2010, tras quedar atrapados en un enfrentamiento entre militares y hombres armados. Varios testigos vieron a los soldados mover los cuerpos y colocarles armas.
2 La casa de Raúl Brindis fue allanada por policías y soldados el 9 de noviembre de 2009, sin orden judicial. A la mañana siguiente, la Procuraduría de Tabasco informó a la familia que éste falleció a causa de problemas respiratorios mientras se encontraba a disposición del Ministerio Público.