México
EU va por propiedades de Tomás Yarrington; el PRI se deslinda
Acusan al ex gobernador de Tamaulipas de utilizar prestanombres para adquirir bienes
TEXAS, ESTADOS UNIDOS (23/MAY/2012).- Procuradores federales estadounidenses interpusieron dos demandas para incautar propiedades del ex gobernador del estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, por presuntamente utilizar prestanombres para adquirir propiedades con dinero ilícito.
La presentación de las demandas en cortes de San Antonio y Corpus Christi, Texas, fue dada a conocer este martes por los procuradores federales del sureste y oeste de Texas, Kenneth Magidson y Robert Pitman.
En un comunicado, los fiscales federales señalaron que Yarrington utilizó el "dinero ilegal" para comprar en el 2006 una propiedad en San Antonio, Texas, por unos 6.6 millones de dólares.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslindó de un ex gobernador del caso en voz del coordinador de la campaña presidencial, Luis Videgaray, dijo en MVS Radio que es "condenable" que un político incurra en actos criminales como el que se le acusa al ex gobernador Tomás Yarrington y lo llamó a que comparezca ante las autoridades.
"Como priistas hacemos la más enérgica condena y un deslinde claro y completo", señaló el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto.
Las autoridades informaron que el ex gobernador habría adquirido además un condominio de 450 mil dólares en la Isla del Padre Sur, en el sureste de Texas. Ambas transacciones fueron conducidas por Yarrington por medio de una tercera persona.
Las fiscales federales no señalan al ex gobernador y ex alcalde de Matamoros, Tamaulipas, como acusado.
Sin embargo, en el mismo comunicado en el que se notifica de las demandas de decomiso, se informó también que un gran jurado en Brownsville, Texas, liberó una acusación contra al empresario mexicano Fernando Alejandro Cano Martínez.
Según la acusación Cano Martínez es responsable de haber lavado dinero que altos funcionarios públicos de Tamaulipas, recibían como soborno de parte del Cártel del Golfo.
Se detalló se detalló que Cano Martínez aceptó sobornos del Cártel del Golfo y entregó el dinero a funcionarios de alto rango en Tamaulipas.
La imputación también alega que Cano Martínez creó empresas, en San Antonio y en el sur de Texas, para adquirir propiedades con el dinero que recibían los funcionarios públicos. Millones de dólares fueron utilizados para efectuar adquisiciones, principalmente de bienes raíces, argumenta los fiscales.
Cano Martínez también fue acusado de conspirar para cometer fraude bancario, recibiendo préstamos de instituciones financieras utilizando información falsa para gestionar los créditos.
En la acusación, las autoridades federales notifican de su intención de procurar una orden judicial para incautar bienes por unos 20 millones de dólares, incluyendo un avión y varias cuentas bancarias
Cano Martínez, de 55 años de edad, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se encuentra prófugo. De ser detenido, procesado y declarado culpable, enfrentaría penas de hasta 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero y cinco años por el de fraude bancario.
Los procuradores federales informaron que en las investigaciones utilizadas para documentar la acusación, se incluyó evidencias proporcionadas por el gobierno de México.
"Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de enfocarnos no sólo a los carteles de la droga, sino también a aquellos que proveen apoyo y servicio para ellos", dijo el procurador federal Magidson.
(Con información de Notimex y AP)
La presentación de las demandas en cortes de San Antonio y Corpus Christi, Texas, fue dada a conocer este martes por los procuradores federales del sureste y oeste de Texas, Kenneth Magidson y Robert Pitman.
En un comunicado, los fiscales federales señalaron que Yarrington utilizó el "dinero ilegal" para comprar en el 2006 una propiedad en San Antonio, Texas, por unos 6.6 millones de dólares.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslindó de un ex gobernador del caso en voz del coordinador de la campaña presidencial, Luis Videgaray, dijo en MVS Radio que es "condenable" que un político incurra en actos criminales como el que se le acusa al ex gobernador Tomás Yarrington y lo llamó a que comparezca ante las autoridades.
"Como priistas hacemos la más enérgica condena y un deslinde claro y completo", señaló el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto.
Las autoridades informaron que el ex gobernador habría adquirido además un condominio de 450 mil dólares en la Isla del Padre Sur, en el sureste de Texas. Ambas transacciones fueron conducidas por Yarrington por medio de una tercera persona.
Las fiscales federales no señalan al ex gobernador y ex alcalde de Matamoros, Tamaulipas, como acusado.
Sin embargo, en el mismo comunicado en el que se notifica de las demandas de decomiso, se informó también que un gran jurado en Brownsville, Texas, liberó una acusación contra al empresario mexicano Fernando Alejandro Cano Martínez.
Según la acusación Cano Martínez es responsable de haber lavado dinero que altos funcionarios públicos de Tamaulipas, recibían como soborno de parte del Cártel del Golfo.
Se detalló se detalló que Cano Martínez aceptó sobornos del Cártel del Golfo y entregó el dinero a funcionarios de alto rango en Tamaulipas.
La imputación también alega que Cano Martínez creó empresas, en San Antonio y en el sur de Texas, para adquirir propiedades con el dinero que recibían los funcionarios públicos. Millones de dólares fueron utilizados para efectuar adquisiciones, principalmente de bienes raíces, argumenta los fiscales.
Cano Martínez también fue acusado de conspirar para cometer fraude bancario, recibiendo préstamos de instituciones financieras utilizando información falsa para gestionar los créditos.
En la acusación, las autoridades federales notifican de su intención de procurar una orden judicial para incautar bienes por unos 20 millones de dólares, incluyendo un avión y varias cuentas bancarias
Cano Martínez, de 55 años de edad, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se encuentra prófugo. De ser detenido, procesado y declarado culpable, enfrentaría penas de hasta 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero y cinco años por el de fraude bancario.
Los procuradores federales informaron que en las investigaciones utilizadas para documentar la acusación, se incluyó evidencias proporcionadas por el gobierno de México.
"Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de enfocarnos no sólo a los carteles de la droga, sino también a aquellos que proveen apoyo y servicio para ellos", dijo el procurador federal Magidson.
(Con información de Notimex y AP)