México
Exigen inclusión de la sociedad civil para medir seguridad
Organizaciones civiles manifestaron su molestia ante la exclusión de la ciudadanía para valorar este aspecto
MÉXICO (28/JUL/2010) .- Organizaciones ciudadanas se quejaron de la exclusión de la sociedad civil en la medición de la criminalidad en México, ya que su aporte es fundamental.
En conferencia de prensa, indicaron su inconformidad por el acuerdo publicado el pasado 16 de junio en el Diario Oficial de la Federación, que otorga la responsabilidad de la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI), al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dejando de lado la labor independiente realizada desde hace seis años por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI).
En conferencia de prensa, Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana y Fundación Este País; Alejandro Martí, presidente de México SOS, y Eduardo Gallo, de México Unido contra la Delincuencia, señalaron que el ICESI respondió a la necesidad de contar con un organismo ciudadano e independiente para generar información estadística sobre la criminalidad en México.
Indicaron que desde el 2002 el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Seguridad ha estado a cargo de esta organización, que desde entonces realizó seis encuestas que cumplieron con el objetivo de ofrecer información confiable del fenómeno delictivo, así como de la actuación de las autoridades y de la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad en los estados y en las principales ciudades del país.
También pidieron el cumplimiento del compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad aprobado el 21 de agosto de 2008, en el cual se invitó a las instancias ciudadanas a participar en la medición, evaluación y el seguimiento de la situación de seguridad publica y el desempeño de las autoridades.
Exigieron la rectificación del acuerdo publicado y la necesidad de devolver la encuesta nacional al ICESI, ya que es prioritario que los ciudadanos en México no pierdan una de las herramientas más confiables para dar seguimiento al fenómeno delictivo.
En su oportunidad, Luis de la Barrera, presidente del ICESI afirmó que la participación de una sociedad civil activa y observante es fundamental para el mejoramiento de la seguridad pública y la calidad de vida de los mexicanos, ya que es de vital importancia dar voz a las víctimas del delito.
Indico que en el último ejercicio se aplicaron 70 mil cuestionarios, lo cual tuvo un costo de 30 millones de pesos, de los cuales sólo una parte mínima era para el organismo, y el restante se utilizaba para el levantamiento de campo que hacían empresas privadas.
Eduardo Gallo y Alejandro Martí coincidieron en que la participación de la ciudadanía es de gran valía para realizar encuestas reales, ya que revelan cifras exactas y eso es lo que llevaba a cabo el ICESI.
En conferencia de prensa, indicaron su inconformidad por el acuerdo publicado el pasado 16 de junio en el Diario Oficial de la Federación, que otorga la responsabilidad de la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI), al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dejando de lado la labor independiente realizada desde hace seis años por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI).
En conferencia de prensa, Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana y Fundación Este País; Alejandro Martí, presidente de México SOS, y Eduardo Gallo, de México Unido contra la Delincuencia, señalaron que el ICESI respondió a la necesidad de contar con un organismo ciudadano e independiente para generar información estadística sobre la criminalidad en México.
Indicaron que desde el 2002 el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Seguridad ha estado a cargo de esta organización, que desde entonces realizó seis encuestas que cumplieron con el objetivo de ofrecer información confiable del fenómeno delictivo, así como de la actuación de las autoridades y de la percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad en los estados y en las principales ciudades del país.
También pidieron el cumplimiento del compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad aprobado el 21 de agosto de 2008, en el cual se invitó a las instancias ciudadanas a participar en la medición, evaluación y el seguimiento de la situación de seguridad publica y el desempeño de las autoridades.
Exigieron la rectificación del acuerdo publicado y la necesidad de devolver la encuesta nacional al ICESI, ya que es prioritario que los ciudadanos en México no pierdan una de las herramientas más confiables para dar seguimiento al fenómeno delictivo.
En su oportunidad, Luis de la Barrera, presidente del ICESI afirmó que la participación de una sociedad civil activa y observante es fundamental para el mejoramiento de la seguridad pública y la calidad de vida de los mexicanos, ya que es de vital importancia dar voz a las víctimas del delito.
Indico que en el último ejercicio se aplicaron 70 mil cuestionarios, lo cual tuvo un costo de 30 millones de pesos, de los cuales sólo una parte mínima era para el organismo, y el restante se utilizaba para el levantamiento de campo que hacían empresas privadas.
Eduardo Gallo y Alejandro Martí coincidieron en que la participación de la ciudadanía es de gran valía para realizar encuestas reales, ya que revelan cifras exactas y eso es lo que llevaba a cabo el ICESI.