México
La SCJN determina como inconstitucional embargar por revisión fiscal
El pleno estableció este criterio al resolver una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Sala en torno a la proporcionalidad de la medida
CIUDAD DE MÉXICO (27/SEP/2012).- Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional embargar a un particular para obligarlo a someterse a una revisión fiscal.
El pleno estableció este criterio al resolver una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Sala en torno a la proporcionalidad de la medida, prevista en el artículo 40 fracción III del Código Fiscal de la Federación, que permite embargar los bienes de quien se oponga o dificulte el desarrollo de una revisión por parte de la autoridad fiscal.
El ministro Luis María Aguilar Morales propuso al pleno sostener el criterio establecido por la Segunda Sala de la Corte, en el sentido de que el embargo precautorio es una herramienta necesaria para que el fisco ejerza su autoridad.
La mayoría sostuvo que el embargo precautorio viola el principio de seguridad jurídica, de acuerdo con la tesis de la Primera Sala. El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia sostuvo que no existe idoneidad en la medida, aun cuando ésta sea efectiva, puesto que es desproporcional.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, también en la mayoría, destacó que esta medida de apremio aplica no sólo ante la oposición del contribuyente, sino también ante la oposición eventual de un responsable solidario, por lo que no reúne las medidas de proporcionalidad e idoneidad.
El ministro Sergio Valls consideró que, para respetar el principio de seguridad jurídica, es necesario establecer límites dentro de los cuales pueda actuar la autoridad, mientras el ministro presidente, Juan Silva Meza, calificó la medida de desproporcionada.
En la misma postura, el ministro Arturo Zaldívar sostuvo que el embargo precautorio, como medida de apremio, "no distingue grados de intensidad en la oposición ni tampoco establece una graduación proporcional o razonable entre las distintas medidas".
Los ministros que integran la Segunda Sala defendieron el criterio en favor del embargo, así como el hecho de que se aplique eventualmente al obligado solidario, por considerar que se trata de una situación excepcional con la que se pretende garantizar el interés general.
"El deudor solidario debe igual que el contribuyente, cualquiera de los dos que cumpla libera la obligación, no veo porque a él se pretenda que debe tenérsele alguna consideración mayor", dijo el ministro Salvador Aguirre Anguiano.
"Esta es una medida de prevención para que la autoridad no quede impedida de realizar sus funciones ante una situación que genera el particular al oponerse a la diligencia", manifestó el ministro Fernando Franco González Salas.
Al final del debate, prevaleció el criterio de la Primera Sala y, por mayoría de seis a cinco el pleno estableció como jurisprudencia que el aseguramiento precautorio de bienes de contribuyentes que se oponen a una revisión de la autoridad fiscal es inconstitucional.
El pleno estableció este criterio al resolver una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Sala en torno a la proporcionalidad de la medida, prevista en el artículo 40 fracción III del Código Fiscal de la Federación, que permite embargar los bienes de quien se oponga o dificulte el desarrollo de una revisión por parte de la autoridad fiscal.
El ministro Luis María Aguilar Morales propuso al pleno sostener el criterio establecido por la Segunda Sala de la Corte, en el sentido de que el embargo precautorio es una herramienta necesaria para que el fisco ejerza su autoridad.
La mayoría sostuvo que el embargo precautorio viola el principio de seguridad jurídica, de acuerdo con la tesis de la Primera Sala. El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia sostuvo que no existe idoneidad en la medida, aun cuando ésta sea efectiva, puesto que es desproporcional.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, también en la mayoría, destacó que esta medida de apremio aplica no sólo ante la oposición del contribuyente, sino también ante la oposición eventual de un responsable solidario, por lo que no reúne las medidas de proporcionalidad e idoneidad.
El ministro Sergio Valls consideró que, para respetar el principio de seguridad jurídica, es necesario establecer límites dentro de los cuales pueda actuar la autoridad, mientras el ministro presidente, Juan Silva Meza, calificó la medida de desproporcionada.
En la misma postura, el ministro Arturo Zaldívar sostuvo que el embargo precautorio, como medida de apremio, "no distingue grados de intensidad en la oposición ni tampoco establece una graduación proporcional o razonable entre las distintas medidas".
Los ministros que integran la Segunda Sala defendieron el criterio en favor del embargo, así como el hecho de que se aplique eventualmente al obligado solidario, por considerar que se trata de una situación excepcional con la que se pretende garantizar el interés general.
"El deudor solidario debe igual que el contribuyente, cualquiera de los dos que cumpla libera la obligación, no veo porque a él se pretenda que debe tenérsele alguna consideración mayor", dijo el ministro Salvador Aguirre Anguiano.
"Esta es una medida de prevención para que la autoridad no quede impedida de realizar sus funciones ante una situación que genera el particular al oponerse a la diligencia", manifestó el ministro Fernando Franco González Salas.
Al final del debate, prevaleció el criterio de la Primera Sala y, por mayoría de seis a cinco el pleno estableció como jurisprudencia que el aseguramiento precautorio de bienes de contribuyentes que se oponen a una revisión de la autoridad fiscal es inconstitucional.