México
Morelia vive un año de convulsión
Una serie de servidores públicos han sido capturados desde las explosiones en los Festejos patrios de hace un año
MORELIA, MICHOACÁN.- La guerra entre el cártel del Golfo y “La Familia Michoacana”, trasfondo del atentado con granadas en la ceremonia del Grito de Independencia de hace un año en Morelia, Michoacán, puso al descubierto la presunta red y nexos de funcionarios estatales y municipales de primer nivel —entre quienes se encuentran acusados desde una asesora hasta un familiar del gobernador Leonel Godoy— con “La Familia Michoacana”; además, prendió la mecha del narcoterrorismo, llevó a la captura de jefes del narco y provocó hasta la irrupción de éstos en medios de comunicación.
De un año a la fecha, después del ataque ocurrido durante los Festejos Patrios en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, las operaciones contra el narcotráfico en la entidad han llevado a la captura de nueve alcaldes, un procurador, un subprocurador, un juez y policías estatales y municipales.
Pero también, la cuota de sangre en ese lapso suma casi 500 muertos, víctimas entre las que se encuentran soldados y policías federales.
La confrontación entre cárteles de la droga, que llevó —según la Procuraduría General de la República (PGR)— a los jefes del “Cártel del Golfo”, Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”, a planear el ataque con granadas que dejó un saldo de ocho muertos y más de 106 heridos, tiene también en prisión a tres hombres cuyas familias claman su inocencia y denuncian públicamente irregularidades e inconsistencias en su captura y en el proceso judicial.
Ante la versión oficial de la PGR, de que los presuntos responsables de lanzar granadas fueron sicarios del cártel del Golfo y actuaron por órdenes de “El Lazca” y “El Coss” —este último escapó, junto con otros cómplices, de un operativo militar efectuado hace dos semanas en Matamoros, Tamaulipas—, los detenidos, Julio César Mondragón Mendoza, “El Tierra Caliente”; Juan Carlos Castro Galeana, “El Grande”, y Alfredo Rosas Elisea, “El Socio”, están por cumplir un año en prisión dentro del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
Bajo un clima de violencia y narcotráfico, el Gobierno de Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia acordaron celebrar este 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia —día al que se declaró de luto en el Estado por las víctimas de hace un año—, pero bajo férreas medidas de seguridad que incluyen el blindaje militar del Centro Histórico, la colocación de filtros de acceso a la Plaza Melchor Ocampo y el resguardo de 25 cuadras a la redonda del Palacio de Gobierno por alrededor de 800 policías federales, estatales y municipales.
Sin embargo, las autoridades no descartaron que de último momento se suspenda el festejo cívico, en el cual no habrá verbena popular, si se detecta alguna amenaza grave del crimen organizado. Incluso, en este contexto, se investiga si las seis patrullas clonadas y las ocho camionetas blindadas aseguradas en dos operativos diferentes la semana pasada, no formaban parte de una conspiración del narco para alterar la seguridad en ese evento.
La furia del narco
Ante la magnitud del ataque con granadas en la ceremonia del Grito en la Plaza Melchor Ocampo, desde los primeros instantes las hipótesis apuntaron hacia los grupos del narcotráfico que operan en Michoacán. “La Familia Michoacana”, Los Beltrán Leyva, y el cártel del Pacífico fueron señalados por las autoridades federales y estatales como los posibles autores del atentado, pero al final la PGR determinó que fue obra del cártel del Golfo.
Antes, en el marco del ataque con granadas en los Festejos Patrios, la llamada “Familia Michoacana” anunció que realizaría una investigación paralela a la de las autoridades y colocó mantas acusando a sus enemigos.
En un hecho inusual, el 26 de septiembre la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) recibió una llamada anónima y tras ella detuvo a los tres presuntos responsables del ataque, dentro de una casa en Apatzingán.
El arresto de los tres acusados de lanzar las granadas, así como la filmación de sus declaraciones, su arraigo y posterior consignación, vinieron acompañados de múltiples quejas de los familiares de Mondragón Mendoza, Castro Galeana y Rosas Elisea, quienes señalaron las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra los inculpados, e incluso la supuesta negligencia de la CNDH para atender el caso.
“Como en el caso Acteal, las autoridades han fabricado pruebas y acusado indebidamente”, dijo en entrevista telefónica Esperanza Fajardo, esposa de Castro Galeana. No sabemos a qué obedece esta trama contra nuestros familiares, pero hay pruebas contundentes de que ellos no fueron los responsables de los destrozos en Morelia”, aseguró también Julieta Sánchez, cónyuge de Rosas Elisea.
Sólo hasta el día del Tercer Informe presidencial, la PGR volvió sobre el caso al señalar en su reporte de labores que los autores intelectuales del atentado eran “El Lazca” y “El Coss”, junto con otro hombre al que se identificó como Alfredo López Romeo, “La Bola”.
El Ministerio Público de la Federación está aportando todas las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad de los detenidos, de acuerdo con funcionarios de la PGR.
Informes oficiales revelan que desde esa fecha y hasta las ejecuciones del subsecretario de Seguridad Pública, José Manuel Revueltas, y de dos de sus escoltas, los cárteles del narcotráfico, especialmente “La Familia Michoacana”, han desatado un nivel de violencia sin precedentes en la Entidad y el País. El peor episodio fueron los ataques contra 16 cuarteles de la Policía Federal tras la captura de Arnoldo Rueda Medina, “La Minsa”, y la posterior ejecución de 12 elementos federales cuyos cuerpos fueron arrojados a una autopista.
El desafío que constituye el combate a ese grupo criminal, que domina en Michoacán más de 70 municipios, es de tal magnitud que uno de sus operadores, Servando Gómez, “La Tuta”, pudo incluso en medio del operativo militar-policiaco desplegado por miles de soldados y policías federales, llamar a un canal televisivo y proponer un trato al Presidente Felipe Calderón para acabar con sus acciones de violencia.
Antes de esos hechos, junto con la captura de uno de los hombres de la estructura de mando de “La Familia”, Rafael Cedeño, “El Cede”, Michoacán vivió también días de tensión cuando en mayo pasado la PGR desplegó uno de los mayores operativos contra el narcotráfico para detener a servidores públicos y ex funcionarios a los que acusaron de estar involucrados con ese grupo criminal. Entre los acusados se encuentran hasta ahora 13 alcaldes, e incluso se mantiene prófugo Julio Godoy Toscano, medio hermano del gobernador Leonel Godoy, quien es diputado federal electo.
En ese operativo, efectuado el 26 de mayo pasado, se detuvo a 10 alcaldes, de los cuales tres fueron liberados posteriormente. Los detenidos son Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec; Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío; Jairo Germán Rivas, de Arteaga, y Francisco Estrada García, de Nuevo Urecho. Otros fueron Genaro Guízar Valencia, de Apatzingán; Misael González Fernández, de Coalcomán; Adalberto Fructuoso Comparán, de Aguililla, y el alcalde de Uruapan, Antonio González Rodríguez. Después se sumarían a ellos los alcaldes de Lázaro Cárdenas y el de Múgica, Mariano Ortega y Armando Medina Torres, respectivamente.
También entre los detenidos se encuentran el ex procurador de Justicia Miguel García Hurtado; Citlalli Fernández González, asesora del gobernador Leonel Godoy; Mario Bautista Ramírez, ex jefe de seguridad que se desempeñaba como director del Instituto Estatal de Formación Policial; el empresario Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial estatal, y el juez de primera instancia en La Piedad y ex subprocurador de Justicia, Jaime Liera Álvarez.
Hasta el momento, los únicos liberados por esa situación son los siguientes alcaldes: Audel Méndez Chávez, de Coahuayana; José Cortez Ramos, de Aquila, y Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista.
Rigoberta Menchú pide a michoacanos no vivir con miedo
“Los michoacanos no deben vivir con miedo porque de lo contrario eso se les volvería una cultura”, alertó Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992, al tiempo que instó a que se les apliquen penas máximas a los terroristas y en general a la delincuencia organizada.
En un mensaje muy emotivo ante decenas de asistentes a un centro histórico ahora sitiado por elementos militares, federales y estatales, Rigoberta Menchú llamó a todos los michoacanos y morelianos a renovar su conciencia social para que renazca toda una voz que diga no a la violencia en todas sus manifestaciones.
Expertos opinan que sí hay mano dura, pero falta un análisis cualitativo
A preguntas similares, dos voces calificadas comparten su punto de vista acerca de los hechos que sobrevinieron al atentado en la plaza Melchor Ocampo en Michoacán.
1.- A un año de los granadazos en Michoacán, ¿qué dejó aquella experiencia en materia de seguridad?, hubo avances, retrocesos o todo sigue igual, ¿por qué?
2.- ¿Hay riesgos de un incidente similar?
Martín Gabriel Barrón Cruz,
profesor investigador del Instituto de Ciencias Penales (Inacipe).
1.- Lo que podemos ver es que los avances son fundamentalmente en materia legislativa; hay una serie de propuestas que se cristalizaron, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; otra es la Ley de la Policía Federal; faltan instrumentos que se puedan consolidar, pero digamos que se está haciendo una reorganización desde el punto de vista jurídico para la aplicación de otras estrategias, ése es el primer gran esquema que tenemos que plantear.
Hay un recrudecimiento tanto de la presencia militar y federal como de las acciones jurídicas que ha emprendido la PGR en contra de actores políticos y después de funcionarios de seguridad pública, eso es en términos generales lo que tenemos.
Por lo tanto podemos decir que ha habido más mano dura, pero habría que ver cuáles son los resultados y cómo los medimos, ¿por qué?, porque generalmente se miden desde un punto de vista cuantitativo, detenciones, decomisos, etcétera.
En realidad tenemos que hacer un análisis cualitativo que tiene que ver con cuestiones de percepción, si bien es un tanto subjetiva eso nos permitiría de alguna u otra manera ver cómo la sociedad michoacana lo percibe ahora, si su Estado es más o menos seguro; en términos generales tenemos que hacer más que un análisis cuantitativo se tendría que hacer cualitativo.
2.- Es distinto cuando es una violencia dirigida a la sociedad, por eso tenemos que ver cuáles son las medidas que están tomando las autoridades, esto de “blindar” las ceremonias del Grito, pues a lo mejor lo único que hace es dar un mensaje de “aquí hay seguridad”, pero sin ser alarmista yo pregunto qué pasaría si nosotros lo que descubrimos es que se pueda dar otro atentado, qué falló, ahí no queda muy claro que sea solamente con acciones de blindaje.
Tenemos que fomentar otra serie de cosas, aspectos culturales en la propia sociedad para que también seamos parte, y eso se intenta hacer con las llamadas denuncias ciudadanas, para que la sociedad se vea involucrada, denunciando, ya no protegiendo a los grupos delictivos, eso es lo que se está haciendo para que se permitan esta serie de circunstancias.
Dante Haro,
profesor investigador titular de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
1.- Siento que seguimos en las mismas condiciones, podemos ver por ejemplo lo que sucedió con el secuestro del avión. Hace falta todavía coordinar esfuerzos en los tres diferentes órdenes de Gobierno, entre las diferentes entidades federativas, y sobre todo lo veo como un problema a solucionar entre los diferentes grupos de interés, los diferentes grupos partidistas, una serie de condicionantes que hace falta solucionar. Hace falta mucho trabajo, todavía veo que estamos lejos de alcanzar óptimos resultados.
No habían tenido lugar atentados como el de hace un año y esto causó mucho revuelo. Llama la atención que haya sido en la ciudad natal del Ejecutivo gobernada por la oposición. Se han venido presentando detenciones y acusaciones contra funcionarios por proteger a los delincuentes, eso también llama la atención.
2.- Es impotente predecir si van a ocurrir este tipo de situaciones, porque ha fallado la inteligencia por parte del Estado, del Cisen, entre las mismas autoridades no hay comunicación y eso propicia que haya impunidad.
Estos ataques podrían replicarse en otros estados que también podrían brindar protección política a la delincuencia organizada, a estas alturas no hemos visto un gran avance en la lucha contra la delincuencia organizada. Seguimos viendo actividades en detrimento de la población con la violación de los derechos humanos.
Hay que tener un trabajo muy exhaustivo de inteligencia y saber cuál es la situación específica en cada una de las comunidades y municipios, saber dónde hay control, porque en diferentes municipios hay 60 ó 70% de feudalización del narcotráfico.
El reflejo es que realmente lo que se veía muy lejano ya lo vivimos en carne propia en nuestros familiares, conocidos y es cuando se da la preocupación en el país.
De un año a la fecha, después del ataque ocurrido durante los Festejos Patrios en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, las operaciones contra el narcotráfico en la entidad han llevado a la captura de nueve alcaldes, un procurador, un subprocurador, un juez y policías estatales y municipales.
Pero también, la cuota de sangre en ese lapso suma casi 500 muertos, víctimas entre las que se encuentran soldados y policías federales.
La confrontación entre cárteles de la droga, que llevó —según la Procuraduría General de la República (PGR)— a los jefes del “Cártel del Golfo”, Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”, a planear el ataque con granadas que dejó un saldo de ocho muertos y más de 106 heridos, tiene también en prisión a tres hombres cuyas familias claman su inocencia y denuncian públicamente irregularidades e inconsistencias en su captura y en el proceso judicial.
Ante la versión oficial de la PGR, de que los presuntos responsables de lanzar granadas fueron sicarios del cártel del Golfo y actuaron por órdenes de “El Lazca” y “El Coss” —este último escapó, junto con otros cómplices, de un operativo militar efectuado hace dos semanas en Matamoros, Tamaulipas—, los detenidos, Julio César Mondragón Mendoza, “El Tierra Caliente”; Juan Carlos Castro Galeana, “El Grande”, y Alfredo Rosas Elisea, “El Socio”, están por cumplir un año en prisión dentro del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
Bajo un clima de violencia y narcotráfico, el Gobierno de Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia acordaron celebrar este 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia —día al que se declaró de luto en el Estado por las víctimas de hace un año—, pero bajo férreas medidas de seguridad que incluyen el blindaje militar del Centro Histórico, la colocación de filtros de acceso a la Plaza Melchor Ocampo y el resguardo de 25 cuadras a la redonda del Palacio de Gobierno por alrededor de 800 policías federales, estatales y municipales.
Sin embargo, las autoridades no descartaron que de último momento se suspenda el festejo cívico, en el cual no habrá verbena popular, si se detecta alguna amenaza grave del crimen organizado. Incluso, en este contexto, se investiga si las seis patrullas clonadas y las ocho camionetas blindadas aseguradas en dos operativos diferentes la semana pasada, no formaban parte de una conspiración del narco para alterar la seguridad en ese evento.
La furia del narco
Ante la magnitud del ataque con granadas en la ceremonia del Grito en la Plaza Melchor Ocampo, desde los primeros instantes las hipótesis apuntaron hacia los grupos del narcotráfico que operan en Michoacán. “La Familia Michoacana”, Los Beltrán Leyva, y el cártel del Pacífico fueron señalados por las autoridades federales y estatales como los posibles autores del atentado, pero al final la PGR determinó que fue obra del cártel del Golfo.
Antes, en el marco del ataque con granadas en los Festejos Patrios, la llamada “Familia Michoacana” anunció que realizaría una investigación paralela a la de las autoridades y colocó mantas acusando a sus enemigos.
En un hecho inusual, el 26 de septiembre la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) recibió una llamada anónima y tras ella detuvo a los tres presuntos responsables del ataque, dentro de una casa en Apatzingán.
El arresto de los tres acusados de lanzar las granadas, así como la filmación de sus declaraciones, su arraigo y posterior consignación, vinieron acompañados de múltiples quejas de los familiares de Mondragón Mendoza, Castro Galeana y Rosas Elisea, quienes señalaron las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra los inculpados, e incluso la supuesta negligencia de la CNDH para atender el caso.
“Como en el caso Acteal, las autoridades han fabricado pruebas y acusado indebidamente”, dijo en entrevista telefónica Esperanza Fajardo, esposa de Castro Galeana. No sabemos a qué obedece esta trama contra nuestros familiares, pero hay pruebas contundentes de que ellos no fueron los responsables de los destrozos en Morelia”, aseguró también Julieta Sánchez, cónyuge de Rosas Elisea.
Sólo hasta el día del Tercer Informe presidencial, la PGR volvió sobre el caso al señalar en su reporte de labores que los autores intelectuales del atentado eran “El Lazca” y “El Coss”, junto con otro hombre al que se identificó como Alfredo López Romeo, “La Bola”.
El Ministerio Público de la Federación está aportando todas las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad de los detenidos, de acuerdo con funcionarios de la PGR.
Informes oficiales revelan que desde esa fecha y hasta las ejecuciones del subsecretario de Seguridad Pública, José Manuel Revueltas, y de dos de sus escoltas, los cárteles del narcotráfico, especialmente “La Familia Michoacana”, han desatado un nivel de violencia sin precedentes en la Entidad y el País. El peor episodio fueron los ataques contra 16 cuarteles de la Policía Federal tras la captura de Arnoldo Rueda Medina, “La Minsa”, y la posterior ejecución de 12 elementos federales cuyos cuerpos fueron arrojados a una autopista.
El desafío que constituye el combate a ese grupo criminal, que domina en Michoacán más de 70 municipios, es de tal magnitud que uno de sus operadores, Servando Gómez, “La Tuta”, pudo incluso en medio del operativo militar-policiaco desplegado por miles de soldados y policías federales, llamar a un canal televisivo y proponer un trato al Presidente Felipe Calderón para acabar con sus acciones de violencia.
Antes de esos hechos, junto con la captura de uno de los hombres de la estructura de mando de “La Familia”, Rafael Cedeño, “El Cede”, Michoacán vivió también días de tensión cuando en mayo pasado la PGR desplegó uno de los mayores operativos contra el narcotráfico para detener a servidores públicos y ex funcionarios a los que acusaron de estar involucrados con ese grupo criminal. Entre los acusados se encuentran hasta ahora 13 alcaldes, e incluso se mantiene prófugo Julio Godoy Toscano, medio hermano del gobernador Leonel Godoy, quien es diputado federal electo.
En ese operativo, efectuado el 26 de mayo pasado, se detuvo a 10 alcaldes, de los cuales tres fueron liberados posteriormente. Los detenidos son Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec; Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío; Jairo Germán Rivas, de Arteaga, y Francisco Estrada García, de Nuevo Urecho. Otros fueron Genaro Guízar Valencia, de Apatzingán; Misael González Fernández, de Coalcomán; Adalberto Fructuoso Comparán, de Aguililla, y el alcalde de Uruapan, Antonio González Rodríguez. Después se sumarían a ellos los alcaldes de Lázaro Cárdenas y el de Múgica, Mariano Ortega y Armando Medina Torres, respectivamente.
También entre los detenidos se encuentran el ex procurador de Justicia Miguel García Hurtado; Citlalli Fernández González, asesora del gobernador Leonel Godoy; Mario Bautista Ramírez, ex jefe de seguridad que se desempeñaba como director del Instituto Estatal de Formación Policial; el empresario Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial estatal, y el juez de primera instancia en La Piedad y ex subprocurador de Justicia, Jaime Liera Álvarez.
Hasta el momento, los únicos liberados por esa situación son los siguientes alcaldes: Audel Méndez Chávez, de Coahuayana; José Cortez Ramos, de Aquila, y Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista.
Rigoberta Menchú pide a michoacanos no vivir con miedo
“Los michoacanos no deben vivir con miedo porque de lo contrario eso se les volvería una cultura”, alertó Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992, al tiempo que instó a que se les apliquen penas máximas a los terroristas y en general a la delincuencia organizada.
En un mensaje muy emotivo ante decenas de asistentes a un centro histórico ahora sitiado por elementos militares, federales y estatales, Rigoberta Menchú llamó a todos los michoacanos y morelianos a renovar su conciencia social para que renazca toda una voz que diga no a la violencia en todas sus manifestaciones.
Expertos opinan que sí hay mano dura, pero falta un análisis cualitativo
A preguntas similares, dos voces calificadas comparten su punto de vista acerca de los hechos que sobrevinieron al atentado en la plaza Melchor Ocampo en Michoacán.
1.- A un año de los granadazos en Michoacán, ¿qué dejó aquella experiencia en materia de seguridad?, hubo avances, retrocesos o todo sigue igual, ¿por qué?
2.- ¿Hay riesgos de un incidente similar?
Martín Gabriel Barrón Cruz,
profesor investigador del Instituto de Ciencias Penales (Inacipe).
1.- Lo que podemos ver es que los avances son fundamentalmente en materia legislativa; hay una serie de propuestas que se cristalizaron, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; otra es la Ley de la Policía Federal; faltan instrumentos que se puedan consolidar, pero digamos que se está haciendo una reorganización desde el punto de vista jurídico para la aplicación de otras estrategias, ése es el primer gran esquema que tenemos que plantear.
Hay un recrudecimiento tanto de la presencia militar y federal como de las acciones jurídicas que ha emprendido la PGR en contra de actores políticos y después de funcionarios de seguridad pública, eso es en términos generales lo que tenemos.
Por lo tanto podemos decir que ha habido más mano dura, pero habría que ver cuáles son los resultados y cómo los medimos, ¿por qué?, porque generalmente se miden desde un punto de vista cuantitativo, detenciones, decomisos, etcétera.
En realidad tenemos que hacer un análisis cualitativo que tiene que ver con cuestiones de percepción, si bien es un tanto subjetiva eso nos permitiría de alguna u otra manera ver cómo la sociedad michoacana lo percibe ahora, si su Estado es más o menos seguro; en términos generales tenemos que hacer más que un análisis cuantitativo se tendría que hacer cualitativo.
2.- Es distinto cuando es una violencia dirigida a la sociedad, por eso tenemos que ver cuáles son las medidas que están tomando las autoridades, esto de “blindar” las ceremonias del Grito, pues a lo mejor lo único que hace es dar un mensaje de “aquí hay seguridad”, pero sin ser alarmista yo pregunto qué pasaría si nosotros lo que descubrimos es que se pueda dar otro atentado, qué falló, ahí no queda muy claro que sea solamente con acciones de blindaje.
Tenemos que fomentar otra serie de cosas, aspectos culturales en la propia sociedad para que también seamos parte, y eso se intenta hacer con las llamadas denuncias ciudadanas, para que la sociedad se vea involucrada, denunciando, ya no protegiendo a los grupos delictivos, eso es lo que se está haciendo para que se permitan esta serie de circunstancias.
Dante Haro,
profesor investigador titular de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
1.- Siento que seguimos en las mismas condiciones, podemos ver por ejemplo lo que sucedió con el secuestro del avión. Hace falta todavía coordinar esfuerzos en los tres diferentes órdenes de Gobierno, entre las diferentes entidades federativas, y sobre todo lo veo como un problema a solucionar entre los diferentes grupos de interés, los diferentes grupos partidistas, una serie de condicionantes que hace falta solucionar. Hace falta mucho trabajo, todavía veo que estamos lejos de alcanzar óptimos resultados.
No habían tenido lugar atentados como el de hace un año y esto causó mucho revuelo. Llama la atención que haya sido en la ciudad natal del Ejecutivo gobernada por la oposición. Se han venido presentando detenciones y acusaciones contra funcionarios por proteger a los delincuentes, eso también llama la atención.
2.- Es impotente predecir si van a ocurrir este tipo de situaciones, porque ha fallado la inteligencia por parte del Estado, del Cisen, entre las mismas autoridades no hay comunicación y eso propicia que haya impunidad.
Estos ataques podrían replicarse en otros estados que también podrían brindar protección política a la delincuencia organizada, a estas alturas no hemos visto un gran avance en la lucha contra la delincuencia organizada. Seguimos viendo actividades en detrimento de la población con la violación de los derechos humanos.
Hay que tener un trabajo muy exhaustivo de inteligencia y saber cuál es la situación específica en cada una de las comunidades y municipios, saber dónde hay control, porque en diferentes municipios hay 60 ó 70% de feudalización del narcotráfico.
El reflejo es que realmente lo que se veía muy lejano ya lo vivimos en carne propia en nuestros familiares, conocidos y es cuando se da la preocupación en el país.