México
PGR hará nuevas excavaciones en México en busca de desaparecidos
La próxima semana comenzaran nuevas excavaciones en busca de desaparecidos en la comunidad de Atoyac de Álvarez, en el estado mexicano de Guerrero
MÉXICO (17/OCT/2010).- La Procuraduría General de la República comenzará la semana próxima nuevas excavaciones en busca de desaparecidos en la comunidad de Atoyac de Álvarez, en el estado mexicano de Guerrero, informó hoy la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La diligencia "es una parte de la sentencia" que el 23 de noviembre de 2009 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en San José de Costa Rica condenando al Estado mexicano por un crimen de lesa humanidad de desaparición, dijo Sergio Leñero, portavoz de la ONG.
Los trabajos se realizarán del 19 al 29 de octubre en el perímetro del ex cuartel militar de esa localidad, donde la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Atoyac (Afadem), que forman unas 300 personas, presume que podrían estar algunos de los 450 desaparecidos que hay, según la ONG.
Entre todos, el único plenamente reconocido por el Estado mexicano es Rosendo Radilla, cuyo caso llegó al sistema interamericano de justicia en 2003 y se resolvió en contra del Estado mexicano a fines de 2009.
En 2008 se hicieron los primeros trabajos de búsqueda de desaparecidos sin éxito "en el perímetro del ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez", pero ahora la PGR mexicana "va a llevar maquinaria" distinta a la de entonces y a continuar con la diligencia con mayor amplitud.
Además en esta ocasión participará en las labores un arqueólogo forense de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Edgar Telón.
La CMDPDH admite que "hay escepticismo" entre unos 300 familiares de los desaparecidos y temor a que nada más sea una acción mediática de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) que justifique un informe que México debe presentar antes del 15 de diciembre ante la CorteIDH para mostrar los avances del seguimiento que está dando al caso.
En un boletín la ONG señala que "este tipo de excavaciones en sitios visibles o que formaban parte de la vida social del cuartel reduce las probabilidades de realizar algún hallazgo de restos óseos".
"Cabe recordar que dicha observación ya había sido formulada años antes por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), durante su intervención en la primera etapa de excavaciones en 2008", agrega el comunicado.
Para Humberto Guerrero, abogado de la CMDPDH, quien supervisará los nuevos trabajos en busca de restos, la acción dentro del caso Radilla es "paradigmática" y "estratégica", ya que puede conducir al hallazgo de más desaparecidos, señaló hoy en declaraciones a Efe.
Según Guerrero, si se diera con algunos restos humanos, la Fiscalía mexicana "tiene la obligación" de analizarlos, y si no fuesen los de Rosendo Radilla, cotejarlos con un banco genético ya creado por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
"Es una obligación de oficio vincular los hallazgos con otras averiguaciones", agrega el activista, quien recuerda que en el fallo del caso Radilla "se reconoce que había un contexto de desapariciones forzadas sistemáticas" cometidas por militares en la sierra de Guerrero.
El abogado sostiene que, de hallarse algún resto humano, a la PGR no le quedaría más opción que "continuar con otras diligencias y ampliar las zonas de búsqueda".
Las desapariciones en México sucedieron en un contexto de represión y "guerra sucia" que duró desde fines de los años sesenta hasta finales de los setenta, cuando gobernaron el país Gustavo Díaz Ordaz, ya fallecido, y Luis Echeverría Álvarez, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La diligencia "es una parte de la sentencia" que el 23 de noviembre de 2009 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en San José de Costa Rica condenando al Estado mexicano por un crimen de lesa humanidad de desaparición, dijo Sergio Leñero, portavoz de la ONG.
Los trabajos se realizarán del 19 al 29 de octubre en el perímetro del ex cuartel militar de esa localidad, donde la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Atoyac (Afadem), que forman unas 300 personas, presume que podrían estar algunos de los 450 desaparecidos que hay, según la ONG.
Entre todos, el único plenamente reconocido por el Estado mexicano es Rosendo Radilla, cuyo caso llegó al sistema interamericano de justicia en 2003 y se resolvió en contra del Estado mexicano a fines de 2009.
En 2008 se hicieron los primeros trabajos de búsqueda de desaparecidos sin éxito "en el perímetro del ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez", pero ahora la PGR mexicana "va a llevar maquinaria" distinta a la de entonces y a continuar con la diligencia con mayor amplitud.
Además en esta ocasión participará en las labores un arqueólogo forense de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Edgar Telón.
La CMDPDH admite que "hay escepticismo" entre unos 300 familiares de los desaparecidos y temor a que nada más sea una acción mediática de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) que justifique un informe que México debe presentar antes del 15 de diciembre ante la CorteIDH para mostrar los avances del seguimiento que está dando al caso.
En un boletín la ONG señala que "este tipo de excavaciones en sitios visibles o que formaban parte de la vida social del cuartel reduce las probabilidades de realizar algún hallazgo de restos óseos".
"Cabe recordar que dicha observación ya había sido formulada años antes por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), durante su intervención en la primera etapa de excavaciones en 2008", agrega el comunicado.
Para Humberto Guerrero, abogado de la CMDPDH, quien supervisará los nuevos trabajos en busca de restos, la acción dentro del caso Radilla es "paradigmática" y "estratégica", ya que puede conducir al hallazgo de más desaparecidos, señaló hoy en declaraciones a Efe.
Según Guerrero, si se diera con algunos restos humanos, la Fiscalía mexicana "tiene la obligación" de analizarlos, y si no fuesen los de Rosendo Radilla, cotejarlos con un banco genético ya creado por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
"Es una obligación de oficio vincular los hallazgos con otras averiguaciones", agrega el activista, quien recuerda que en el fallo del caso Radilla "se reconoce que había un contexto de desapariciones forzadas sistemáticas" cometidas por militares en la sierra de Guerrero.
El abogado sostiene que, de hallarse algún resto humano, a la PGR no le quedaría más opción que "continuar con otras diligencias y ampliar las zonas de búsqueda".
Las desapariciones en México sucedieron en un contexto de represión y "guerra sucia" que duró desde fines de los años sesenta hasta finales de los setenta, cuando gobernaron el país Gustavo Díaz Ordaz, ya fallecido, y Luis Echeverría Álvarez, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).